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En el día de ayer, 26 de enero, las AAJJ y Fiscales fuimos convocados a una reunión en la sede del Ministerio de Justicia para tratar sobre la implantación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, y para otras cuestiones de interés para la carrera judicial y fiscal, asistiendo a la misma el Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, la Secretaria General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, la Directora General para el Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé y el asesor Fernando de la Fuente. Por las asociaciones judiciales y fiscales acuden María Jesús del Barco (APM), Sergio Oliva (AJFV), Edmundo Rodríguez (JJpD), Fernando Portillo (FJI), Cristina Dexeus (AF), Félix Martín (UPF) y Santiago Sánchez (APIF).
En relación con el incremento de competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer, la posición del MJU se corresponde con los siguientes datos:
- En aquellos partidos judiciales en los que haya juzgados de instrucción con menos del 100% de carga de trabajo (computada a partir del módulo de rendimiento empleado por servicio de inspección), se transformará alguno de tales órganos instructores en juzgado de violencia sobre la mujer.
- En aquellos partidos judiciales en los que haya juzgados de instrucción con una carga de trabajo superior al 100% (computada a partir del módulo de rendimiento empleado por servicio de inspección), se crearán plazas de magistrado en las secciones de violencia sobre la mujer.
- Pese a que se preguntó por el número exacto y ubicación concreta de los órganos afectados por cada de una de las modalidades recién expuestas, no se nos quiso dar esa información.
El MJU se ha negado a una moratoria sobre la inminente implementación de los tribunales de instancia, aunque la previsión legal de una eventual moratoria de seis meses está contemplada en la norma, y ello bajo la argumentación de que, al menos en los territorios donde las competencias no están transferidas a las CCAA, se encuentran preparados para que todo comience en las fechas previstas.
En relación con el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, han valorado las alegaciones realizadas por las AAJJ y por el CGPJ, indicando que están valorando modificar algún aspecto (sin especificar), si bien el proceso de consolidación de jueces sustitutos y magistrados suplentes no estaría sujeto a cambio alguno.
En relación con las retribuciones variables, se informa que en la nómina de marzo se abonan las variables del primer semestre de 2024 y que en la nómina de julio se abonarán las diferencias del segundo semestre de 2020, asumiendo el MJU la comunicación oficial y simultánea a las AAJJ del momento en el que acontecerán los próximos pagos de los atrasos debidos por este concepto.
Respecto del incremento del porcentaje sobre la masa salarial para el complemento de «productividad» de los fiscales, el MJU dice que espera los trabajos de la FGE para tratar la cuestión
En cuanto a la parte pendiente de las pagas extraordinarias, se ha asumido el compromiso de seguir insistiendo en el Ministerio de Hacienda para que, mediante la aprobación de una ley, sea esta o no la Ley de Presupuestos, se puedan abonar lo antes posible.
Finalmente, se comunicó que el próximo 25 de junio de 2025 tendrá lugar la mesa de retribuciones, en cumplimiento del acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia en mayo de 2023.
La reunión transcurrió con cordialidad y quedamos emplazados en seguir hablando de las cuestiones que nos interesan a todos y en las que el MJU encontrará la colaboración honesta de las asociaciones, pero también la firmeza en defender los intereses de la carrera judicial y fiscal por encima de todo.
A diferencia de lo acontecido en el día de ayer, esperamos que la futura posición ministerial no se limite al mero traslado de información sino que implique la efectiva asunción de propuestas por parte de las asociaciones profesionales abajo firmantes, quienes representan a los que a diario desarrollan su labor en Juzgados y Tribunales, que verdaderamente impliquen una mejora de sus condiciones laborales y profesionales.
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