Begoña Mollá
El Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia seguirá peleando por unas retribuciones justas. Así lo ha anunciado Begoña Mollá, que ha tomado posesión de su cargo en la sede colegial tras revalidar su primer mandato como decana de la entidad. “No habrá tregua en la lucha para conseguir unos aranceles dignos, a la altura del desempeño de los profesionales de la procura”, ha afirmado. Durante el acto también han tomado posesión los nuevos miembros de la junta, que queda configurada con los siguientes nombres: Moisés Toca, Ana María Pons, Paula Bernal, Caridad Montalbán, Carmen Lis, Eduardo Bonacasa, Víctor Pérez, María Teresa Fabra, Carolina Cubells y María del Pilar Sempere.
Más de dos años de lucha
Los procuradores llevan más de dos años luchando contra el RD 307/2022 de 3 de mayo, que establecía unos nuevos aranceles cuya cuantía y condiciones este colectivo profesional rechazó desde un principio: “El problema es que son unos aranceles de máximos, no podemos cobrar más de lo que marca el RD, pero para cobrar menos no hay problema. Nosotros queremos que se marquen unos mínimos que aseguren un pago digno por nuestros servicios, y si hay más complejidad que se pueda negociar con el cliente para cobrar más”, explica la decana del ICPV. Y pone un ejemplo: “Por un monitorio lo máximo que podemos cobrar son 40 euros más IVA, tanto si el proceso dura tres meses como si dura un año. ¿Cuántos monitorios hemos de presentar para poder llegar a unos ingresos dignos?”.
Estas condiciones laborales han empujado a muchos procuradores a buscar segundos empleos para poder llegar a fin de mes. “Nos consta que hay compañeros que tienen un segundo empleo, puesto que con lo que se cobra de los derechos de procurador y con la eliminación de la territorialidad, que hace que los grandes despachos copen el mercado y tiren los precios, no les da para vivir. Eso no se puede permitir. Queremos que todos los compañeros puedan vivir de lo que trabajan. Y las estadísticas son claras: en los últimos 20 años, el coste de la vida se ha encarecido un 80% y los aranceles de los procuradores solo han crecido un 35%”.
Contra el nuevo RD, otro jarro de agua fría, también se interpondrá recurso
La lucha de los procuradores tuvo un atisbo de solución el pasado 9 de abril, cuando el Tribunal Supremo declaraba la nulidad del RD 307/2022 de 3 de mayo e instaba al Gobierno de España a redactar uno nuevo que regulase unos aranceles dignos para la profesión. “Cuando ya pensábamos que finalmente se oiría la petición del TS de regular los derechos de los profesionales de la procura con unas cuantías que se adecuaran a la realidad social y económica actual, un nuevo RD de aranceles fue publicado el 1 de mayo en el mismo sentido y con el mismo contenido que el anterior”, lamenta Begoña Mollá.
Pero la lucha de los procuradores sigue, con cada vez más adhesiones: “Volveremos a recurrir; pero ya no somos 19 los colegios que vamos a hacerlo, sino más de 30, lo que representa a más del 80% de la profesión. Y todo ello, a pesar del discurso del miedo que desde otras instancias se esté utilizando para impedir que peleemos por lo que creemos que es justo”.
Más medios materiales y humanos para poder cumplir el RD 6/2023
Otra de las reformas legislativas que valora Begoña Mollá es el RD 6/2023, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Este RD modifica sustancialmente la LEC, no solo en cuanto a la tramitación de procedimientos, sino en lo relativo a la justicia digital. Una reforma que, según Begoña Mollá, “ha puesto de manifiesto nuevamente que la justicia, tal como la conocíamos hasta este momento, y la justicia moderna en muchas ocasiones no van de la mano y son necesarias importantes reformas en el sistema para poder implementarla”.
Mollá explica que nos hay suficientes medios humanos y materiales para adaptarse a todos esos cambios. “Aunque la conselleria está poniendo todo lo que puede de su parte, faltan muchos medios técnicos para adaptar los juzgados a las nuevas tecnologías, faltan muchos funcionarios para descongestionar los juzgados y falta formación al funcionariado, que se ha de encargar de utilizar los medios técnicos”. Y pone un ejemplo: “El sistema de gestión procesal LexNet no admite más de 100 mega de subida, y hay muchas veces que lo que queremos subir pesa más. Para eso existe Acceda, una plataforma creada por el Ministerio de Justicia para subir los documentos cuando se excede el límite. Pues bien, muchos funcionarios no saben ni siquiera que existe”.
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