Asociación Libre de la Abogacía
Como todos años, el próximo día 24 de este mes se celebra el Día de la Abogacía Amenazada, conmemoración reivindicativa que hace décadas AED viene impulsando, a instancias de ALA, habiendo elegido la fecha como recuerdo y homenaje a nuestros compañeros laboralistas asesinados en el despacho de la calle Atocha en 24 de enero de 1977, con el fin de defender el derecho de defensa en todo el mundo y a todos los compañeros y compañeras que sufren persecución por el ejercicio de su profesión.
La conmemoración de este año, impulsada por decenas de asociaciones, sindicatos y colegios de la abogacía de todo el mundo cuya relación acompañamos, se dedica a EEUU por la constante violación de la independencia de nuestros compañeros a lo largo del último año, como se refleja en el completo Informe (en inglés) que adjuntamos.
Más allá de la violación flagrante de la Carta de las NNUU y de numerosos tratados y normas de derecho internacional, por lo que aquí respecta, la actual Administración de los EEUU ha venido incurriendo, de forma sistemática, en conductas que atentan al derecho de defensa y a la libertad e independencia de los abogados y abogadas, con violación, entre otros, de los Principios Básicos de NNUU sobre la Función de los Abogados, el Pacto Internacional de DD. Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales, como se denuncia en la Declaración de los colectivos convocantes (que se acompaña) y que, con base en el Informe anteriormente referido, han detectado:
- Órdenes ejecutivas y memorandos presidenciales que apuntan explícitamente a bufetes de abogacía y abogadas y abogados concretos por su representación legal, defensa o trabajo pro bono.
- Medidas administrativas de represalia, como la retirada de autorizaciones de seguridad, la denegación de acceso a instalaciones federales y la revisión o cancelación de contratos gubernamentales.
- Presiones ejercidas sobre bufetes de abogacía a través de los denominados «acuerdos de cumplimiento”.
- Vigilancia, interrogatorios y acoso a abogadas y abogados.
- Politización de las funciones fiscales y judiciales, incluidos despidos, dimisiones forzadas, amenazas disciplinarias e intimidaciones dirigidas a personas de la fiscalía y judicatura consideradas insuficientemente alineadas con las preferencias del ejecutivo;
- Ataques a los organismos profesionales autónomos.
- Conductas disuasorias sobre la representación legal en ámbitos delicados, como la inmigración, la defensa pública, la solidaridad con Palestina, los derechos LGBTI+, la defensa de las protestas y la defensa de las libertades civiles.
En conjunto, estas medidas no constituyen incidentes aislados. Forman un patrón que crea un clima de miedo, incertidumbre y autocensura anticipatoria dentro de la profesión jurídica.
Por todo ello, las entidades convocantes exigen a las autoridades de EEUU el inmediato cese de dichas actividades, la revocación o abolición de las normas y medidas que socavan la independencia de la abogacía y el pleno respeto a la independencia y libertad de la misma,
Y efectúan un llamamiento a la comunidad internacional, instando a las instituciones jurídicas internacionales, los colegios de abogacía, las organizaciones de derechos humanos, los mecanismos de las Naciones Unidas, los Estados y los actores de la sociedad civil, incluidos los medios de comunicación, a que sigan de cerca la situación, expresen su solidaridad con las personas profesionales del derecho afectadas y utilicen todos los mecanismos disponibles para defender las normas internacionales que protegen la independencia de la profesión jurídica.
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