El pasado mes de octubre se produjo la renovación de la Presidencia y Comisión Ejecutiva del Consejo General de Procuradores de España (CGPE). En estos meses está profesión, vital para el funcionamiento de la Administración de Justicia, ha tomado diversas iniciativas que ha vuelto a poner a la procura a la vanguardia del ecosistema legal español. Uno de los principales protagonistas de ello es el decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) y secretario del CGPE, Alberto García Barrenechea.
Alberto García Barrnechea, decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid y la Presidencia y Comisión Ejecutiva del Consejo General de Procuradores de España
Pregunta: ¿Qué impacto espera que tengan las nuevas salas seguras telemáticas en la modernización de la justicia?
Respuesta: Estas salas representan un paso firme hacia una Justicia más ágil, inclusiva y adaptada a los tiempos. Permitirán que procuradores, abogados y ciudadanos puedan intervenir en actuaciones procesales a distancia con todas las garantías legales y técnicas. Son una apuesta clara por la digitalización y una muestra de que los procuradores estamos comprometidos con una Justicia más moderna y accesible. Estamos orgullosos de poder prestar este servicio a los ciudadanos y profesionales.
P: ¿Cómo valora la implementación del sistema SIRENO y sus beneficios?
R: SIRENO ha sido un gran avance. Permite gestionar más de 40.000 notificaciones diarias, lo que supone que se han tramitado cerca de 62 millones desde su puesta en marcha. El sistema agiliza la labor de los órganos judiciales y de los profesionales. Es un ejemplo de cómo la tecnología, bien aplicada, puede mejorar la eficiencia del sistema judicial.
La herramienta ha reducido en un 40% las incidencias técnicas y los operadores jurídicos se ahorran hasta 11.000 horas de trabajo que pueden destinar a otras tareas lo que incide en la rapidez y en el coste de sus servicios.
P: ¿Qué elementos considera esenciales para un pacto por la Justicia y cuál es el papel de los procuradores?
R: Un pacto por la Justicia debe ser un compromiso de Estado, con recursos adecuados, independencia judicial garantizada y un reconocimiento al papel de todos los operadores jurídicos. Los procuradores somos aliados estratégicos en este proceso: aportamos eficiencia, cercanía al ciudadano y una visión práctica del día a día judicial.
P: ¿Qué motivó el convenio con la Comunidad de Madrid para la protección de víctimas de la ocupación?
R: La ocupación ilegal es una lacra que genera gran sensación de indefensión en quienes la sufren. Este convenio, suscrito con la Comunidad de Madrid junto con los colegios de la abogacía de Madrid y Alcalá de Henares, busca garantizar asistencia jurídica especializada y una respuesta procesal rápida y eficaz para las víctimas, especialmente personas mayores o en situación de vulnerabilidad.
P: ¿Cuál es su postura sobre la eliminación de aranceles mínimos?
R: La eliminación de los aranceles mínimos es una medida que perjudica no solo a los procuradores, sino al propio ciudadano. Los aranceles garantizan un mínimo de calidad en el servicio, evitan una competencia desleal y aseguran que todos los profesionales puedan ejercer en condiciones dignas. Cuando se eliminan estos mínimos, se fomenta una precarización de la profesión que a la larga repercute en la calidad del servicio y en la seguridad jurídica. No olvidemos que el trabajo del procurador es técnico, especializado y esencial para el buen desarrollo de los procedimientos. Si queremos una Justicia eficaz, debemos dotar de estabilidad a todos sus operadores. Desde el ICPM y el CGPE hemos defendido ante las autoridades que los aranceles no son un privilegio, sino una garantía para el ciudadano. Nuestra postura es clara: queremos un sistema arancelario transparente, revisable y proporcional, pero que proteja la dignidad del trabajo y evite la carrera hacia abajo en precios que termina afectando al servicio. También proponemos introducir sistemas de control de calidad que certifiquen el buen desempeño profesional, pero sin poner en riesgo la sostenibilidad de nuestra actividad.
P: ¿Qué propone para dignificar el turno de oficio?
R: El turno de oficio es una labor imprescindible para garantizar el derecho de defensa y el acceso a la Justicia de las personas con menos recursos. El acuerdo de legislatura que hemos alcanzado con la Comunidad de Madrid ha venido a mejorar visiblemente tanto las cantidades como los plazos de pago. Sin embargo, sigue siendo una tarea mal remunerada y no suficientemente reconocida que cuenta con el respaldo de todos los procuradores y desde luego del Colegio.
El procurador del turno de oficio trabaja con el mismo rigor, dedicación y responsabilidad que en cualquier otro asunto, y eso debe ser reconocido tanto institucional como económicamente. Otra propuesta clave es la especialización: creemos que se debe avanzar hacia un modelo donde los profesionales del turno estén especialmente formados en las materias más frecuentes, como violencia de género, menores, desahucios o derecho penal. Esto mejora la calidad del servicio y protege los derechos de los ciudadanos más vulnerables. Y por supuesto, hay que dignificar la imagen pública del turno.
P: ¿Qué logros destaca de su gestión en el ICPM y qué retos quedan por abordar?
R: Desde que asumí el decanato en 2022, uno de mis objetivos ha sido abrir el Colegio a la sociedad, mejorar la relación con los colegiados y situar al ICPM como un referente institucional. En estos años hemos impulsado una transformación digital profunda, incluyendo la creación de las salas seguras para actuaciones telemáticas, que ya son una realidad. También hemos fortalecido los canales de comunicación con los colegiados y hemos multiplicado la oferta formativa para adaptarnos a los nuevos retos de la profesión. Otro logro relevante ha sido la firma de convenios con entidades diversas entidades profesionales y de la sociedad civil y, como no, con la Comunidad de Madrid, que refuerzan nuestro compromiso social y nos posicionan como agentes activos en la defensa de los derechos de los ciudadanos. No obstante, aún hay mucho por hacer. Uno de los grandes retos es seguir luchando por una mayor presencia institucional de los procuradores, mejorar las condiciones en el turno de oficio y adaptarnos de forma constante a los cambios normativos y tecnológicos. También debemos reforzar nuestra imagen pública, hacer pedagogía sobre nuestra función y demostrar que somos una pieza clave en una Justicia moderna, cercana y eficaz.
P: ¿Qué iniciativas ha impulsado el ICPM en materia de formación y adaptación tecnológica?
R: La formación continua es uno de los pilares de nuestra acción desde el ICPM. Vivimos en un entorno jurídico en constante evolución, con reformas legislativas frecuentes, avances tecnológicos y nuevas competencias para los procuradores. Por eso hemos desarrollado un plan formativo ambicioso, accesible y orientado a la práctica profesional. Ofrecemos cursos sobre derecho procesal, ejecución, mediación, nuevas tecnologías aplicadas a la Justicia, ciberseguridad, gestión de despachos y habilidades personales, entre otros. También hemos firmado convenios con universidades y entidades especializadas para reforzar esta oferta. En cuanto a la adaptación tecnológica, hemos apostado por la digitalización integral del Colegio, facilitando a los colegiados herramientas que les permiten gestionar sus tareas con mayor eficacia. Esto incluye plataformas de gestión, canales de formación online, y el impulso a las salas seguras para actuaciones judiciales telemáticas. Creemos que el procurador del siglo XXI debe ser un profesional bien formado, adaptado a la tecnología y preparado para asumir un rol más activo en el proceso judicial. Y en ese camino, el ICPM estará siempre a su lado, apoyándolo con recursos, formación y acompañamiento constante.
P: ¿Cuáles son sus objetivos como secretario del CGPE? ¿Cómo piensa reforzar la figura del procurador?
R: Mi objetivo es contribuir a impulsar una procura fuerte y moderna todo el territorio nacional. Esto implica avanzar en la digitalización, en la armonización de criterios entre los distintos colegios y en una estrategia común que refuerce nuestra presencia institucional. Uno de los grandes retos es hacer visible ante la sociedad el valor añadido que aportamos: somos mucho más que meros intermediarios; gestionamos con eficacia, garantizamos los derechos procesales y ayudamos a descongestionar la Justicia. También es fundamental potenciar nuestras competencias, especialmente en materia de ejecución de resoluciones y en procesos de conciliación y mediación. Nuestro objetivo común debe ser una procura cada vez más especializada, más cercana al ciudadano y más protagonista en la Justicia del siglo XXI.
P: ¿En qué estado se encuentra la reforma del Reglamento del CGPE y mantiene su intención de presentarse a la presidencia?
R: La reforma del Reglamento del CGPE es un proceso absolutamente necesario y largamente esperado. No podemos construir una institución moderna con unas normas que no se adaptan a los principios democráticos ni a la transparencia que exige la sociedad actual. Nuestro compromiso es que este reglamento garantice un sistema electoral justo, abierto y participativo, en el que todos los procuradores tengan voz y voto en la elección de sus representantes. La propuesta de reforma ya está muy avanzada, y confiamos en que se apruebe en los próximos meses. En cuanto a las elecciones, soy partidario de que se convoquen una vez se haya completado esta reforma. Considero que es una cuestión de coherencia y responsabilidad institucional. En lo personal, mantengo mi intención de presentarme a la presidencia del Consejo cuando se den las condiciones adecuadas. Creo firmemente en un modelo de liderazgo basado en el diálogo, la renovación y la cercanía.
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