El Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM), junto al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), han presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta de Proposición No de Ley (PNL) para crear un sistema normativo y técnico que garantice la suspensión automática de vistas y actos procesales ante la imposibilidad sobrevenida de abogados y procuradores. Para analizar los fundamentos y alcance de esta iniciativa, entrevistamos al decano de la CIPM, Alberto García Barrenechea, quien expone los motivos de la propuesta.
Alberto García Barrenechea
Lawyerpress: ¿Cuáles son los objetivos fundamentales que persigue la propuesta para crear un sistema normativo y técnico que garantice la suspensión automática de vistas y actos procesales ante la imposibilidad sobrevenida de abogados y procuradores?
AGB: La propuesta busca garantizar de forma eficaz la suspensión automática de vistas y actuaciones procesales cuando un procurador o abogado sufre una imposibilidad sobrevenida, como enfermedad grave o accidente. El objetivo principal es proteger tanto el derecho a la defensa del justiciable como la conciliación laboral y el derecho a la salud de los profesionales, incluidos en la Ley pero sin un mecanismo que lo haga operativo en la práctica. La actual dispersión y disparidad en los criterios para la suspensión de actos procesales genera inseguridad jurídica y cargas innecesarias para los profesionales, afectando a la tutela judicial efectiva. Con un sistema normativo y técnico unificado se evitaría que los juicios se celebren sin representación adecuada, garantizando que ningún ciudadano pierda sus derechos por causas imprevisibles que afectan a su procurador o letrado. Es un avance hacia una justicia más humana y eficiente que respeta los derechos constitucionales básicos.
La iniciativa subraya la necesidad de una desconexión real y centralizada en LexNET. ¿Cuáles son actualmente las principales dificultades que enfrentan los procuradores para que se suspendan plazos y notificaciones ante una baja súbita o causa de fuerza mayor?
AGB: Actualmente, cuando un procurador sufre una causa imprevista como baja médica súbita, debe comunicar individualmente a cada órgano judicial para pedir la suspensión o interrupción de plazos y actuaciones. Esto supone una carga administrativa enorme y provoca que estas solicitudes a menudo no se atiendan a tiempo. La falta de una vía centralizada y automática puede causar que el procedimiento continúe sin representación, lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Además, esta dispersión plantea inseguridad jurídica, pues las decisiones pueden ser dispares según el órgano que las gestione. La ausencia de mecanismos integrados en la plataforma LexNET dificulta la desconexión rápida y uniforme, afectando tanto a procuradores como a abogados y perjudicando tanto al profesional como al cliente. Esta situación demuestra la necesidad urgente de incorporar una funcionalidad tecnológica que solvente estas deficiencias.
¿De qué forma cambiaría la operativa actual de los procuradores el RUIP?
AGB: La incorporación del Registro Único de Incapacidades Profesionales (RUIP) es fundamental para centralizar y agilizar la gestión de estas bajas sobrevenidas. Este registro facilitaría la comunicación única y efectiva desde el procurador o su colegio profesional a todos los órganos judiciales implicados. Así, se activaría automáticamente la suspensión de vistas, plazos y notificaciones en todos los procesos relacionados con el profesional afectado, evitando la dispersión real y los errores derivados de la gestión manual. Con esta herramienta se protege la conciliación personal y profesional del procurador, sin perjuicio del derecho de defensa del cliente, ya que se garantiza que no habrá indefensión. Esta solución técnica es acorde con estándares comparados y supone un salto cualitativo hacia una administración de justicia más moderna y humana. Además, no olvidemos quela procura es una de las profesiones jurídicas con mayor grado de digitalización, lo que, sin duda, haría operativo con todas las garantías el sistema en un plazo mínimo de tiempo.
En la propuesta se indica la urgencia de adaptar la normativa y la plataforma LexNET. ¿Qué reformas legales y reglamentarias consideran imprescindibles para que la desconexión y suspensiones automáticas sean realmente efectivas en la práctica procesal?
AGB: Es imprescindible reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir específicamente un sistema de suspensión automatizado que permita la desconexión profesional. La regulación actual sigue siendo insuficiente al no contar con mecanismos efectivos ni uniformes. Además, se debe modificar el reglamento de LexNET para dotarlo de funcionalidades que permitan la activación inmediata de esta suspensión con plena trazabilidad, reversibilidad y control judicial. Sin una base legal clara, la herramienta tecnológica no podría desarrollarse con garantías jurídicas. Estas reformas asegurarían que la suspensión se produzca sin discrecionalidad ni dilataciones injustificadas, haciendo real el derecho a la desconexión para conciliación o fuerza mayor. Se trata de armonizar las normas procesales, tecnológicas y de derechos fundamentales para fortalecer la seguridad jurídica y la eficacia judicial.
¿Qué efectos concretos tendría la implantación de este sistema en la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y en la seguridad jurídica, especialmente en los casos en que el procurador no pueda designar un sustituto de manera inmediata?
AGB: La implantación de este sistema representaría un avance crucial para la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica. Evitaría la indefensión por ausencia del procurador o abogado en situaciones imprevisibles de antemano, garantizando la suspensión automática de actuaciones y la protección del derecho de defensa de las partes. Para los ciudadanos, supondría mayor confianza en que sus derechos procesales no se verán comprometidos por circunstancias ajenas a su voluntad. Además, protegería a los procuradores al posibilitar su desconexión temporal sin penalizaciones, lo que fomenta la conciliación laboral y protege la salud del profesional. En definitiva, se conseguiría un equilibrio justo entre los derechos del profesional y la adecuada administración de justicia, mejorando la calidad del servicio judicial y evitando respuestas dispares o dilataciones.
La propuesta plantea excepciones para situaciones urgentes o actos de interés público. ¿De qué manera se deben articular esos supuestos excepcionales para equilibrar los derechos de los profesionales y las necesidades de la administración de justicia?
AGB: Efectivamente se prevén soluciones particulares en casos como vistas con personas privadas de libertad, que requieren actuar de inmediato. Estos casos se resolverían mediante protocolos específicos que permiten eludir temporalmente la suspensión automática, garantizando el interés público sin menoscabar el derecho a la desconexión. Será necesario definir criterios claros y mecanismos de revisión judicial para estas excepciones, buscando un equilibrio entre garantizar la continuidad y eficacia del proceso judicial y respetar los derechos de los procuradores. Esta regulación excepcional debe ser excepcional y proporcionada, para evitar que se convierta en una vía para vulnerar injustificadamente los derechos de conciliación y salud del profesional.
La entrada Alberto García Barrenechea, decano del ICPM: “Necesitamos el RUIP para proteger los derechos procesales de los ciudadanos y la salud laboral de procuradores y abogados” se publicó primero en Lawyerpress NEWS.
