La Asociación Libre de la Abogacía (ALA) manifiesta su rechazo al protocolo suscrito recientemente entre el ICAM, la Comunidad de Madrid, el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares y el Colegio de Procuradores de Madrid, en relación con la ocupación de viviendas.
ALA considera un despropósito que este protocolo introduzca conceptos jurídicos ajenos a la legislación vigente, como la denominada “ocupación no delincuencial”, y que proponga la prestación de asistencia jurídica gratuita a “propietarios afectados”, sin atender a su situación económica ni a los requisitos establecidos por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Frente a la retórica alarmista sobre la ocupación ilegal, los datos desmienten el supuesto problema: según el Balance de Criminalidad correspondiente al cuarto trimestre de 2024, elaborado por el Ministerio del Interior, el número de ocupaciones afecta al 0,057% de las viviendas de España, sobre un parque inmobiliario de más de 26,6 millones de viviendas. Aun así, el protocolo se presenta como una solución urgente, mientras que otras problemáticas reales, como el acceso a una vivienda digna, siguen sin respuesta institucional.
Este protocolo evidencia, una vez más, el abandono por parte del ICAM de su función pública y su deber de neutralidad, poniéndose al servicio de estrategias políticas alejadas del interés de las personas colegiadas.
Desde ALA exigimos al ICAM que se desvincule de este protocolo y reconduzca su actuación conforme al estado de derecho y a la legalidad vigente, aprobada con las debidas garantías parlamentarias.
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