Durante estos últimos años la convivencia del sector jurídico con la Inteligencia Artificial ha estado marcada, en gran parte, por la incertidumbre y el escepticismo.
Muchos profesionales legales empezaron probando las primeras herramientas generalistas y generativas, los conocidos GPTs, con el objetivo de ser más eficientes y ofrecer mayor valor a sus clientes y, pese a que ya han empezado a acudir a soluciones legales específicas para ganar mayor confiabilidad y precisión, han seguido teniendo que sortear dos grandes barreras; el factor caja negra y las alucinaciones.
LA PRIVACIDAD, LA FUNDAMENTACIÓN Y LA VERIFICACIÓN SON CRUCIALES
Poder preguntar sobre un documento con tan solo arrastrarlo era una grandísima novedad que hacía de esas primeras soluciones generalistas y generativas un nuevo aliado tecnológico de lo más atractivo.
Aparentemente ahorraban tiempo en consultas legales y en consultas sobre documentos específicos e incluso, de cara a los clientes, era una manera de facilitarles una herramienta con la que obtener respuestas de forma mucho más rápida y eficiente. Algo que, sin duda, parecía suponer un valor añadido y un diferenciador.
Pero la falta de control sobre la privacidad y la seguridad de los datos, las famosas alucinaciones, propias de las IAs generativas derivadas de su capacidad creativa, y un inevitable sesgo por no saber de dónde procedía la información y qué fuentes se habían utilizado impedían obtener resultados transparentes y confiables.
Y es que, en un sector como es el legal, donde el rigor y la precisión son críticos, los despachos y los negocios jurídicos, ahora más que nunca, buscan trabajar con soluciones seguras y responsables capaces de ofrecer respuestas fundamentadas y verificables. Herramientas que carezcan de capacidad de inventar, crear y, por tanto, alucinar, y que les faciliten un entorno privado y aislado que garantice el cumplimiento de la ley para evitar contradicciones normativas y asegurar una coherencia lógica.
TENER UNA IA LEGAL PROPIA, PRIVADA Y SEGURA YA ES UNA REALIDAD
Precisamente para salvar esas grandes barreras que impiden obtener resultados precisos y verificables, han ido surgiendo tecnologías que permiten a los profesionales legales tener, no solo una solución capaz de responder de forma ágil y, además, confiable, si no incluso disponer de su propia IA legal, privada, segura y responsable.
Se trata de tecnologías basadas en inteligencia artificial consultiva capaces de ofrecer respuestas fundamentadas en una base de conocimiento legal y en bases de conocimiento personalizadas y específicas. Respuestas que solo pueden conseguirse si previamente se sigue un proceso que ordena, relaciona y prioriza cada una de las fuentes de información a utilizar. Algo que los GPTs ni permiten, ni son capaces.
Son tecnologías que, gracias a la selección y personalización de las fuentes de información, sirven de base para el despliegue de soluciones y servicios de IA privados y totalmente verticalizados en un propósito concreto. Por ejemplo, para procuradores y abogados con su jurisprudencia específica, o para notarías con sus escrituras y contratos, o para aseguradoras con sus contratos y análisis de viabilidad, o incluso para servicios de atención al cliente, con sus listados de preguntas y respuestas, entre otros casos de aplicación.
Y un ejemplo de estas tecnologías es Arrow, un sistema desarrollado por la legaltech Little John que permite crear una solución propia y personalizada y adaptarla a cualquier canal, interno o externo, gracias a su API, con la que, además, hablar “de tú a tú”, sin la necesidad de hacer prompting.
Algunas soluciones creadas a partir de esta tecnología son, por ejemplo, Justicio, el conocido proyecto colaborativo que ofrece un servicio basado en IA capaz de ofrecer gratuitamente respuestas legales fundamentadas o Global IA, la solución inteligente que permite ahorrar tiempo para ganar un mayor número de casos, entre otras.
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