OPINIÓN:
Decano del Ilustre Colegio de los Procuradores de Barcelona. Presidente del Consejo de Procuradores de Catalunya. Vicesecretario del Consejo General de los Procuradores de España.
Al cumplirse ciento cincuenta días de la LO 1/2025 es el momento de valorar sus efectos iniciales. La norma prometía una Justicia más ágil y cercana, pero la práctica evidencia desequilibrios que invitan a una reflexión crítica, compartida por los procuradores de los tribunales.
Desde el inicio, los procuradores mostramos plena disposición a colaborar en su implementación. Sin embargo, la experiencia acumulada en este breve período evidencia que las reformas legislativas, cuando carecen de una adecuada dotación económica y de una planificación homogénea en su despliegue, pueden generar más incertidumbres que certezas. El sentir general es que lo que se concibió con voluntad de simplificar, en ocasiones ha derivado en complejidad añadida y en inseguridad jurídica.
La novedad más relevante ha sido la generalización de los métodos alternativos de solución de conflictos (MASC) como requisito previo en el ámbito civil. Nadie discute su utilidad: la mediación y la conciliación son fórmulas valiosas para resolver disputas, pero convertirlos en trámite obligatorio sin un criterio unificado ha derivado en constantes dudas prácticas. ¿Sirve un acta de mediación privada? ¿Vale una conciliación judicial? ¿Es suficiente un burofax? La ausencia de homogeneidad en las interpretaciones de jueces y tribunales ha creado un auténtico “laberinto procesal” que genera inseguridad para abogados, procuradores y, sobre todo, para los ciudadanos.
Los días previos a la entrada en vigor de la ley, el 3 de abril, se produjo una avalancha de demandas que saturó los órganos judiciales. Desde entonces, la presentación de demandas se ha desplomado, retrasando el acceso a los tribunales y alargando los plazos de resolución. El objetivo de fomentar la negociación no puede lograrse a costa de dificultar el acceso a la Justicia.
El otro gran eje ha sido la creación de tribunales de Instancia, que sustituyen a los juzgados unipersonales. Desde julio funcionan 315 y se prevé 431 antes de fin de año, integrando 3.900 órganos en estructuras colegiadas con mayor especialización.
El cambio afecta a la distribución de asuntos, a los contactos y a la logística informática. En Catalunya, donde conviven Noticat, Lexnet y e-Justicia, la transición presenta dificultades y riesgo de brecha digital entre comunidades con competencias y las que dependen del Ministerio.
La Justicia digital íntimamente ligada a la reforma es inevitable, pero para que sea una oportunidad y no una barrera debe garantizar igualdad de acceso y dotación suficiente de recursos.
En este contexto, se hace más necesario que nunca reivindicar el papel de la procura. Nuestra labor va mucho más allá de transmitir documentos: somos nexo técnico y procesal entre el ciudadano y el órgano judicial; aseguramos que plazos, notificaciones y escritos se cumplan puntualmente; evitamos nulidades de actuaciones y dilaciones indebidas; y, sobre todo, aportamos seguridad jurídica.
El procurador acompaña y traduce el lenguaje judicial, haciendo comprensible el proceso. Esa función humanizadora resulta esencial para que la Justicia no se perciba como una maquinaria lejana, sino como un servicio accesible y cercano. Junto a la abogacía, formamos un binomio que garantiza eficacia en la estrategia procesal y agilidad en el procedimiento.
El éxito de la LO 1/2025 dependerá de los recursos que se le asignen. Según el Consejo General del Poder Judicial, España necesita 509 nuevas unidades judiciales, de las cuales 195 son prioritarias. La creación de tribunales de Instancia abarata costes, sí, pero sigue requiriendo inversión realista y decidida.
No podemos olvidar que el derecho de acceso a la Justicia —reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española y en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos— solo es efectivo si el sistema dispone de medios suficientes, criterios homogéneos y profesionales reconocidos en su función.
Después de más de 100 días, con el verano de por medio, el balance es provisional, pero la reforma ha generado más dudas que certezas. Los avances son prácticamente nulos y se han multiplicado carencias y desigualdades que deben ser corregidas.
Nuestro compromiso es que las personas no se enfrenten a un laberinto judicial, sino a un espacio donde sus derechos se hagan efectivos mediante una ejecución rápida y eficaz. En la fase de ejecución, la procura contribuye a descongestionar los juzgados y reforzar la eficacia del sistema, demostrando que nuestra función es hoy más activa y necesaria que nunca. Por eso, la procura quiere estar más presente que nunca: acompañando, garantizando y contribuyendo con firmeza a que la Justicia sea no solo un derecho proclamado, sino una realidad efectiva al servicio de la ciudadanía.
Fuente: https://www.elperiodico.com/es/opinion/20250911/justicia-1-2025-luces-sombras-articulo-javier-segura-zariquiey-121473908
