José Antonio Galdón Ruiz, presidente de COGITI, interviene en la Jornada celebrada en el Congreso de los Diputados, el pasado 14 de febrero.
El presidente de COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, participó en una mesa redonda, moderada por la portavoz del Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio, Carola Zárate, que contó también con la participación de destacadas figuras en el ámbito de la seguridad contra incendios, como el director del Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio, Andrés Pedreira; o el presidente de la Fundación Fuego, Pablo Muñoz.
Andrés Pedreira Ferreño compartió con los asistentes a la jornada, entre los que se encontraban diputados y senadores, un dato clave: los incendios en fachada de edificios se han multiplicado por siete en los últimos 30 años; lo que demuestra la «importancia» de incluir este asunto en la agenda política para «revisar la normativa y exigir materiales no combustibles» en construcción y rehabilitación.
En colaboración con otras 18 entidades de distintos sectores, desde aseguradoras hasta ingenierías o servicios de bomberos, el OBS ha elaborado un manifiesto que exige la «no combustibilidad» en componentes y sistemas completos de edificación.
La jornada comenzó con una “Mesa técnica”, formada por expertos de diversas entidades, como la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), la Fundación Fuego y el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), que alertaron de que España está a la cola de Europa en la protección contra el fuego, permitiendo materiales combustibles en edificios de alto riesgo o de difícil evacuación.
El Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendios (OBS) reclama una revisión urgente de la normativa contra incendios en España. Andrés Pedreira, director de OBS advierte de que 200 personas fallecen al año en incendios residenciales, y destaca la necesidad de exigir materiales no combustibles en fachadas. Por su parte, COGITI, como entidad adherida al OBS, respalda esta iniciativa para reforzar la seguridad en un parque inmobiliario envejecido. La colaboración entre administraciones, ingenieros y expertos será clave para avanzar en la protección de los edificios.
En este sentido, José Antonio Galdón, presidente de COGITI, señaló, durante su intervención, que “este año cumplimos 175 años como profesión”, y precisamente su regulación obedece a que “nuestro deber es vigilar la seguridad industrial, la seguridad de las personas, y también en materia de incendios”. Asimismo, recordó que el artículo 51.1 de la Constitución Española establece que “los poderes públicos garantizarán la defensa de las personas consumidoras y usuarias, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”.
“Los poderes públicos tiene que implantar, por tanto, medidas eficaces para la seguridad y salud de los ciudadanos. Es una obligación y un derecho”. A ello hay que añadir el trabajo que desempeñan los profesionales que trabajan en el sector de la edificación, la eficiencia energética de los edificios, la seguridad en la protección contra incendios, etc., y es necesario conciliar todos y cada uno de los factores que entran en juego para que la vivienda sea habitable, eficiente, y segura, al mismo tiempo.
Galdón recordó, además, que casi el 30% de los accidentes que se producen en los inmuebles son de índole eléctrica, debido fundamentalmente a la falta de mantenimiento de los edificios y de las instalaciones eléctricas en viviendas, teniendo en cuenta que el parque edificatorio de España se sitúa en los 45 años de antigüedad, de media.
En su opinión, los Informes de Evaluación de Edificios (IEE) tendrían que poner el foco también las instalaciones contra incendios. “Se puede hacer un análisis o estudio para que la comunidad de propietarios conozca la opinión de un experto que les indique lo que dice la normativa actual, y las posibles actuaciones y medidas a tomar, y que las comunidades autónomas y los ayuntamientos pudieran financiar y ayudar en la realización de este tipo de actuaciones”, señaló.
Por su parte, Andrés Pedreira, director del Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio (OBS), destacó que “reclamamos que se realice una revisión del código técnico de la edificación (CTE) para incrementar la seguridad en los productos y sistemas utilizados en las fachadas, y reducir su reacción al fuego en la propagación por el exterior”.
Esta reforma puede materializarse a través de una «transición amable», aplicable en principio a edificios con determinadas características, como una gran altura (más de 18 metros), una evacuación lenta (debido a la elevada ocupación o a la presencia de personas con movilidad reducida) y fachadas de difícil acceso, que dificultan las tareas de intervención. Además, «más de 9 millones de edificios requieren rehabilitación para estar adecuadamente aislados frente al frío o el calor» y, por ello, aboga por aplicar la revisión de la normativa, tanto en lo que respecta a obra nueva como a rehabilitaciones.
Por tanto, el Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio continúa defendiendo con firmeza que la seguridad en los edificios debe ser una prioridad, y la actualización del CTE es esencial “para evitar riesgos que puedan poner en peligro nuestras vidas”.
En esta mesa redonda intervinieron también Damián Ramos, de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), y Pablo Muñoz, de la Fundación Fuego.
A continuación, tuvo lugar una “Mesa política”, en la que participaron los portavoces en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso: Alberto Ibáñez del G.P Plurinacional Sumar; Miguel Ángel Castellón, del Grupo Parlamentario Popular, y Etna Estrems, del G.P ERC (Esquerra Republicana).
Los ponentes quisieron dejar clara su voluntad política para llevar a cabo iniciativas legislativas que aumenten la seguridad, y afirmaron que “la sostenibilidad no puede restar seguridad”, por lo que la actualización del CTE es esencial para evitar riesgos que puedan poner en peligro las vidas de las personas.
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