El Consejo General de Procuradores de España ha formalizado su integración en el grupo jurídico de la Comisión Especial para abordar desastres naturales, constituida por Unión Profesional (UP), en lo que representa un paso significativo en el compromiso de la Procura con los grandes retos sociales y jurídicos del país.
La Comisión, acordada por UP en agosto, tiene como objetivo elaborar propuestas concretas para la prevención y respuesta ante catástrofes como incendios forestales o fenómenos extremos como la DANA registrada el pasado año. En este contexto, el grupo jurídico —coordinado por el Consejo General de la Abogacía— trabajará en medidas de interés para la profesión, entre ellas la regulación de la suspensión de plazos procesales en situaciones de emergencia.
En representación de la Procura, asistieron a la primera reunión del grupo jurídico Fernando González-Concheiro, vicepresidente del Consejo General de Procuradores, y Javier Segura Zariquiey, decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona, presidente del Consejo de Procuradores de Cataluña y vicesecretario del Consejo General. Su participación activa refuerza el papel de la Procura como actor jurídico esencial en la construcción de respuestas institucionales ante crisis de gran impacto.
La presencia del Consejo General en este grupo de trabajo pone en valor su vocación de servicio público, su capacidad técnica y su compromiso con una justicia accesible, eficaz y adaptada a las circunstancias excepcionales. La nueva ejecutiva del Consejo reafirma así su voluntad de dignificar la profesión, democratizar su funcionamiento y garantizar que todas las sensibilidades de la Procura estén representadas en los espacios de decisión multiprofesional.
La Comisión Especial de UP, que reúne a los 36 Consejos y Colegios profesionales que forman parte de la organización, se enmarca en la Conferencia Multiprofesional creada en 2021 para anticipar, prevenir y proponer soluciones ante crisis graves y globales. El grupo jurídico acordó una hoja de ruta con reuniones quincenales hasta la presentación del informe definitivo en diciembre de 2025.
Con esta iniciativa, Unión Profesional aspira a poner a disposición del Gobierno de España, de las comunidades autónomas y de los grupos políticos una batería de propuestas consensuadas que refuercen la capacidad de respuesta institucional ante emergencias, con la aportación de más de 1,7 millones de profesionales de ámbitos jurídicos, sanitarios, científicos, sociales, económicos, docentes, de la ingeniería y la arquitectura.
