La sostenibilidad ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una exigencia estratégica dentro del mercado europeo. Pero en los últimos años, la complejidad normativa y los elevados costes de cumplimiento amenazaban con saturar a las empresas, especialmente a las medianas y pequeñas. Ahora, con la aprobación de la Ley Ómnibus, la Unión Europea corrige el rumbo, ajusta la regulación y abre una nueva etapa: menos burocracia, más competitividad, más oportunidad.
¿Qué es la Ley Ómnibus y por qué era necesaria?
La Ley Ómnibus modifica y suaviza la aplicación de normativas clave como la CSRD (Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa), atendiendo a una preocupación creciente en el tejido empresarial: cómo cumplir con los objetivos del Pacto Verde sin quedar atrapados en procesos administrativos complejos y costosos.
Esta reforma no surge de manera aislada. Forma parte de una estrategia mayor: la reactivación del programa REFIT (Regulatory Fitness and Performance Program), clave en la agenda de simplificación de la Comisión Europea y reforzada recientemente por el Informe Draghi sobre competitividad, que pone el foco precisamente ahí: si Europa quiere competir de tú a tú con EE.UU. o China en tecnología, industria verde o transición digital, necesita agilizar su regulación, dar seguridad jurídica y reducir trabas burocráticas que lastran a las empresas.
En otras palabras: no basta con legislar; hay que hacerlo sencillo, claro y eficiente.
La Ley Ómnibus es el primer reflejo concreto de este nuevo enfoque: se simplifica la sostenibilidad para que deje de ser percibida como un obstáculo y pase a ser una auténtica ventaja estratégica.
Principales cambios respecto a la legislación anterior
- Reducción del alcance: Solo deberán cumplir la CSRD las grandes empresas con más de 1.000 empleados y facturación superior a 450 millones de euros.
- Aplazamiento de plazos: El primer informe obligatorio se retrasa dos años, hasta 2028 (con datos de 2027).
- Simplificación de los estándares de reporte: Se priorizan los indicadores esenciales y se eliminan requisitos duplicados.
- Supresión de estándares sectoriales adicionales, que podrían haber generado sobrecarga informativa.
- Verificación flexible: Se mantiene la revisión limitada sin escalar a auditorías exhaustivas.
- Conservación de la doble materialidad, garantizando un enfoque integral, pero práctico, sobre riesgos e impactos.
Principales reacciones
Han pasado unos días desde la aprobación de la Ley Ómnibus y es momento de recoger las diferentes opiniones que este cambio normativo ha generado:
Por un lado, las empresas —sobre todo las pymes— y asociaciones como CEOE han valorado positivamente la reducción de cargas administrativas y la simplificación de los requisitos de información, percibiéndolo como un alivio especialmente necesario para facilitar el cumplimiento normativo y mejorar la competitividad en un contexto económico complejo. También destacan favorablemente el aumento de la flexibilidad, al permitir adaptar los informes de sostenibilidad a la realidad y capacidades de cada organización.
En la misma línea, gobiernos como Alemania y Francia respaldan la iniciativa como una vía para aliviar la presión regulatoria sobre sus industrias, en un momento clave para reforzar la competitividad europea frente a otros bloques económicos como EE.UU. y China. Estos países abogan incluso por continuar suavizando los calendarios y los requisitos de las obligaciones medioambientales más exigentes.
Sin embargo, no todos comparten el mismo entusiasmo. Grupos de inversión y organizaciones medioambientales expresan su preocupación por que la simplificación y flexibilización acaben debilitando la calidad y utilidad de los informes ESG, reduciendo la transparencia sobre riesgos climáticos y sociales críticos. También alertan del riesgo que podría suponer para la credibilidad de la taxonomía verde, al considerar que tocar ciertos aspectos clave de la regulación puede minar la confianza en el compromiso de la UE con la transición sostenible.
En un plano más prudente, países como España, Países Bajos y otros gobiernos europeos han manifestado su cautela. Si bien apoyan la simplificación administrativa, advierten que esta no puede traducirse en una rebaja de los estándares ambientales. Desde estas capitales se ha defendido ante Bruselas la necesidad de no relajar las obligaciones verdes y de mantener intacta la ambición climática de la agenda europea.
Este cruce de posiciones refleja una división creciente entre quienes priorizan la competitividad industrial y quienes defienden preservar la ambición medioambiental sin concesiones.
Entonces, ¿qué oportunidad supone este cambio normativo para las empresas?
La sostenibilidad sigue siendo obligatoria, pero ahora con un marco más realista y adaptado a las capacidades del tejido empresarial europeo. Esto abre una oportunidad clara para:
• Reducir costes de cumplimiento.
• Planificar con mayor previsión y seguridad jurídica.
• Aprovechar la sostenibilidad como una ventaja competitiva y no como una carga.
• Posicionarse en el mercado con estrategias ESG sólidas pero ágiles, capaces de adaptarse a los ajustes normativos que seguirán produciéndose.
La Unión Europea se abre a una nueva fase donde sostenibilidad y competitividad no solo son compatibles, sino que deben caminar juntas. La Ley Ómnibus inaugura ese ciclo, pero será solo el principio. Si las recomendaciones del Informe Draghi avanzan, podemos esperar más simplificación, más apoyo a la inversión y menos burocracia para quienes lideren el cambio.
¿Y qué podemos esperar a corto plazo?
La aprobación de la Ley Ómnibus no es el punto final, sino el comienzo de una etapa de revisión continua. La Comisión Europea ya ha anunciado que seguirá evaluando y ajustando las obligaciones de reporte de sostenibilidad dentro del programa REFIT, con el objetivo de simplificarlas aún más y adaptarlas a la realidad de las empresas. En los próximos meses, podrían retomarse de manera flexible los estándares sectoriales, avanzar en la integración de criterios sociales dentro de la taxonomía y afinar la convergencia con marcos internacionales como el ISSB. Para las empresas, esto significa que la adaptación no ha terminado: mantenerse al día y anticiparse a estos cambios será clave para transformar la sostenibilidad en una auténtica ventaja competitiva.
