El derecho al honor, intimidad y propia imagen enfrenta nuevos riesgos digitales e IA. El anteproyecto de 2026 moderniza la Ley de 1982, reforzando medidas civiles, cautelares y resarcitorias. Destaca la regulación del consentimiento en redes, protección frente a deepfakes y tutela de menores y víctimas. También aborda la explotación económica de delitos y la protección post mortem. Su eficacia depende de la rapidez judicial y coordinación con la normativa europea.
