Begoña Mollá, decana del ICPV
Ante las graves dificultades derivadas de los efectos de la reciente DANA en la Comunitat Valenciana, el Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia (ICPV) solicita a la administración de justicia la implementación temporal de medidas telemáticas para garantizar el adecuado funcionamiento de los juzgados y evitar la paralización de los procedimientos judiciales. La decana del ICPV, Begoña Mollá, señala la urgencia de adoptar soluciones excepcionales, como la reactivación de sistemas de videoconferencia tipo Webex, empleados durante la pandemia de COVID-19, y que se permita a los procuradores constituir una sala sin permanecer durante toda la vista para poder ir a constituir otra.
Inseguridad jurídica y perjuicio para ciudadanos y profesionales
La situación actual ha generado una inseguridad jurídica “sin precedentes” para ciudadanos y profesionales del ámbito legal, según Mollá. La decana explica que la imposibilidad de acceso a los juzgados, tanto para los ciudadanos como para procuradores y abogados, ha provocado que algunos partidos judiciales opten por celebrar las vistas sin la presencia de profesionales. “Estamos viendo cómo se celebran juicios en ausencia de una de las partes, lo que aumenta la incertidumbre y vulnera la seguridad jurídica”, afirma.
Una Instrucción del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ratificado por el CGPJ, indica que basta con que una de las partes no pueda asistir para que el juicio se suspenda. Sin embargo, el ICPV considera que las suspensiones masivas resultan perjudiciales para los ciudadanos, quienes ya han sufrido las consecuencias de estas demoras en el pasado. “No queremos suspensiones, porque eso solo aumenta el perjuicio para las víctimas y los ciudadanos. La justicia no debe detenerse, pero necesitamos soluciones para enfrentar esta situación excepcional”, añade Mollá.
Medidas telemáticas y flexibilidad en la constitución de las salas
Para evitar el colapso y garantizar la continuidad de los juicios, el ICPV plantea como medida temporal la reactivación de las conexiones telemáticas, un recurso que fue de gran utilidad durante la pandemia de COVID-19. La posibilidad de realizar conexiones a través de plataformas como Webex permitiría a los procuradores asistir a múltiples juicios en un mismo día sin necesidad de desplazarse físicamente entre sedes judiciales. También permitiría a muchos de los que se encuentran en las zonas afectadas y que no pueden desplazarse celebrar los juicios con la seguridad jurídica necesaria. Mollá destaca que estas herramientas “son esenciales para que los profesionales podamos cumplir con nuestra obligación de estar presentes en cada juicio, especialmente en un contexto donde el desplazamiento se ha vuelto imposible en muchas áreas”.
Además, el ICPV solicita que los juzgados adopten una constitución de sala más flexible, de modo que los procuradores, una vez constituida la misma, puedan ausentarse para atender otros señalamientos, como medida excepcional dada la situación en la que se encuentran muchos de los compañeros. Esta medida permitiría que los procuradores gestionen de forma más eficaz los múltiples casos que deben cubrir, especialmente en ausencia de compañeros que no pueden desplazarse. “Pedimos que se permita la constitución de sala como en pandemia, para que podamos atender a otros juicios sin abandonar nuestras responsabilidades, pero no como algo sine die, sino como algo ocasional. Nosotros queremos y debemos de estar en los juicios”, añade Mollá.
Graves problemas de conectividad y desplazamiento
El ICPV también pone de relieve las dificultades de los profesionales que residen en las zonas más afectadas por la DANA, quienes enfrentan graves problemas de conectividad y desplazamiento. En muchos casos, los procuradores han tenido que depender de compañeros en otras localidades para presentar documentos urgentes. “Nuestros compañeros afectados están haciendo todo lo posible para cumplir con sus responsabilidades, pero la situación los sobrepasa. Estamos trabajando en condiciones extraordinarias, y pedimos comprensión y flexibilidad a la administración judicial”, añade Mollá.
Los procuradores solicitan una respuesta coordinada de la administración de Justicia que permita hacer frente a la carga de trabajo con las herramientas necesarias para no comprometer la atención al ciudadano. “Estamos pidiendo una medida temporal, no una excepción permanente. La justicia necesita empatía y una gestión flexible en tiempos difíciles”, justifica la decana.
Finalmente, la decana recuerda precedentes como el terremoto de Lorca, que en su momento obligó a suspender los juicios en la ciudad durante dos meses. “Solo pedimos un trato justo y humano para todos los implicados. La administración judicial debe entender que esta situación requiere medidas urgentes, y que el objetivo final es preservar el derecho de los ciudadanos a una justicia accesible y equitativa”, concluye.
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