El pasado viernes se conmemoró el Día de la justicia gratuita. El artículo 119 de la Constitución Española dice que “la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. Este derecho se extiende no solo a los ciudadanos españoles, sino también a los de los Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que residan en España que se encuentren en la misma situación, es decir, que no tengan medios para contratar a un profesional que los represente ante los tribunales de justicia.
Los graduados sociales, como miembros de una de las tres profesiones jurídicas reconocidas por la Administración, podrían también prestar este servicio público en asuntos del orden social relacionados con el ámbito laboral como reclamaciones por despido, prestaciones de la Seguridad Social, pensiones, etc. Sin embargo, su acceso al turno de oficio o justicia gratuita sigue sin regularse a pesar de que, además, estos profesionales obtienen el único grado universitario que les convierte en expertos en derecho y relaciones laborales así como en recursos humanos.
Desde 2009, la práctica totalidad de los colegios provinciales, en cumplimiento de sus estatutos, ofrece un servicio de orientación jurídica gratuita a la ciudadanía que es muy demandado allí donde se presta y que es una demostración práctica del lema de esta profesión: ‘Justicia Social’.
Avanzar en el desarrollo normativo que permita a los graduados sociales desarrollar plenamente sus atribuciones profesionales en beneficio de la ciudadanía ha centrado la reunión que una delegación del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España (CGCGSE) mantuvo el pasado viernes con Félix Bolaños García, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
“Creemos que es de justicia que se incluya a los graduados y graduadas sociales en la futura Ley de Justicia Pública Gratuita, por eso hemos trasladado al ministro Bolaños esta reivindicación histórica de nuestro colectivo. Tenemos que poder devolver a los ciudadanos desde nuestros despachos esa justicia social que llevamos como lema en nuestro escudo”, señaló el presidente de los graduados sociales al término de la reunión celebrada en la sede de Justicia.
En la sesión de trabajo también participaron el secretario de Estado, Manuel Olmedo, la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público, Sofía Puente y la directora general del Servicio Público de Justicia, María Angels García; y por parte del CGCGSE, su vicepresidente 1º, Juan Fernández Henares, y la vocal de su Comisión Permanente, Ester Urraca Fernández, quienes pidieron, asimismo, avanzar en otra de las demandas que plantea esta profesión jurídica: la posibilidad de presentar recursos de casación ante el Tribunal Supremo. “Es también una cuestión de coherencia dentro del propio sistema judicial, dado que los graduados sociales ya intervenimos a otros niveles como en el caso del recurso de suplicación”, puntualiza Joaquín Merchán.
«He tenido la oportunidad de reunirme con el Consejo General de Colegios Profesionales de Graduados Sociales para escuchar sus reivindicaciones y cómo ven ellos la profesión jurídica que representan y, por supuesto, aceptar las aportaciones que hacen para mejorar el servicio público de la justicia en nuestro país. Ha sido una reunión cordial y les agradezco las aportaciones y ideas que nos han trasladado que, por supuesto, estudiaremos», ha señalado Félix Bolaños en una comparecencia pública posterior en la que se ha referido, entre otros asuntos, a la futura Ley de asistencia jurídica gratuita.
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