Las instituciones de educación superior deben reconocer y facilitar el acompañamiento a los estudiantes con perros de apoyo emocional como forma de tratamiento psicológico.
El Senado advirtió que las instituciones de educación superior deben considerar el derecho a la salud mental de sus miembros al momento de establecer los protocolos para la presencia de perros de apoyo emocional a sus instalaciones, en el ámbito de la convivencia multiespecie.
La Sala Segunda de Revisión conoció la acción de tutela presentada por una estudiante que solicitó reactivar la entrada de su perro de apoyo emocional a la institución educativa en la cual cursaba sus estudios de pregrado.
Las autoridades de la universidad le prohibieron la entrada al animal a todos los espacios de la institución, hasta que la accionante no presentara los documentos relacionados con su historia clínica para soportar su proceso médico y la dependencia emocional respecto de su mascota, así como el carné de vacunación de esta.
La Corte reconoció que el acompañamiento por parte de perros de apoyo emocional constituye una forma de tratamiento psicológico amparado por el derecho a la salud.
El vínculo de apego emocional entre el perro y su dueño promueve una sensación de bienestar, lo cual permite que estos sean empleados en el manejo de enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad.
Por ello, las terapias e intervenciones con perros de apoyo emocional se vuelven un medio para el ejercicio de otros derechos, como la educación. Esto debe ser considerado por las instituciones de educación superior al momento de establecer ajustes razonables mediante protocolos de ingreso de aquellos a sus instalaciones.
Pues, si bien en virtud de la autonomía universitaria las instituciones educativas pueden darse sus propios reglamentos, este principio no es absoluto y su ejercicio debe garantizar la razonabilidad y la proporcionalidad en la protección de los postulados fundamentales que les asiste a los miembros de la comunidad universitaria.
En estos escenarios, las instituciones de educación superior deben tener en cuenta la efectiva garantía de los derechos de las personas que tienen afectaciones a la salud mental y requieren animales de apoyo. Ante conflictos por la presencia de los perros de apoyo emocional en ciertos espacios, la solución exige la armonización de los principios en tensión mediante la ponderación.
La Sala reconoció que, al tratar las afectaciones a la salud mental, se debe tener en cuenta el enfoque de género, pues las niñas y las mujeres tienen mayor probabilidad de sufrir trastornos de ansiedad y depresión. Lo anterior, en virtud de las profundas diferencias en razón de género existentes, así como la posición jerarquizada en términos de poder entre hombres y mujeres que implica una mayor exposición a la desigualdad.
La Sala evidenció que en el caso concreto se configuró la carencia actual de objeto por daño consumado. Lo anterior al considerar que las pretensiones de la demandante giraban en torno a la autorización de entrada de su perro de apoyo emocional a las instalaciones de la universidad en donde cursaba su pregrado en derecho. Sin embargo, dentro del trámite de revisión, la accionante informó que se había cambiado de ciudad y la institución educativa indicó que había cursado sus estudios hasta noviembre de 2023.
La entidad accionada vulneró los derechos a la salud, educación, debido proceso, defensa, contradicción e intimidad de la accionante. Consideró que la decisión de prohibición de la entrada de su perro de apoyo emocional se fundó en requisitos adicionales a los contemplados en el manual vigente al momento de la ocurrencia de los hechos.
Asimismo, la institución demandada fundó su determinación en una queja presentada por un estudiante, sustentada en la incomodidad que le generó la presencia del perro en las instalaciones de la universidad, pero no en razones vinculadas con afectaciones a la salud o integridad de algún miembro de la comunidad educativa. La decisión de la universidad fue adoptada sin otorgarle a la accionante la posibilidad de controvertir las afirmaciones realizadas por el quejoso.
Por otra parte, la universidad emitió un nuevo protocolo para la entrada de perros de apoyo emocional a sus instalaciones y la Sala encontró graves problemas de constitucionalidad en su contenido.
Evidenció que su aplicación puede resultar arbitraria, desproporcionada y afectar injustificadamente los derechos de los miembros de la comunidad. Esto porque la entrada de los perros de apoyo emocional se encuentra condicionada a:
la presentación de la historia clínica del solicitante y su constatación posterior por la institución educativa,
la exigencia de un certificado de médico especializado en psiquiatría, y
la suscripción de una póliza de responsabilidad en beneficio de terceros.
