José Antonio Choclán
El exmagistrado y director del bufete Choclán, José Antonio Choclán, lanzó ayer una innovadora propuesta para luchar contra la denominada pena de telediario, la condena previa que realiza la opinión pública sobre una persona cuando ésta aún no ha sido juzgada. El abogado propuso que, al igual que las dilaciones indebidas son luego restadas de la condena impuesta por el tribunal, el daño provocado sobre el investigado debe ser posteriormente traducido en una reducción de la pena.
Choclán -que ha defendido a personajes públicos perjudicados por el juicio paralelo como Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes o Imanol Arias- argumentó que el procedimiento judicial mediático tiene consecuencias colaterales sobre la reputación de los investigados con efectos concretos -como la imposibilidad de abrir cuentas o de encontrar trabajo- que deberían ser resarcidas. Su solución, dijo, se basa en “la doctrina de la pena natural”, ya que todo ciudadano que es objeto de investigación en un proceso penal tiene “derecho a ser tratado como inocente”.
Choclán se expresó así durante su intervención en el curso de El Escorial organizado por la Universidad Complutense de Madrid y Ballesteros Comunicación de Litigios ‘Cuando la noticia cambia la vida de las personas para siempre: el juicio paralelo’ celebrado ayer, en el que también intervino el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral, quien puso el acento en que la medida propuesta por Choclán podía aplicarse a quienes eran considerados finalmente culpables por el tribunal, pero no tanto a los inocentes.
Para el también presidente de la Comisión de Ética Judicial es evidente que los juicios paralelos nunca lo son, porque uno afecta al otro y por lo tanto se tocan, pero este problema -a su juicio- no tiene solución, pues choca frontalmente con el derecho básico a la libertad de prensa que no puede en ningún caso sufrir menoscabo. “La vida es injusta”, remarcó resignado. Aunque personas inocentes sufran daños irreparables derivados de la pena de telediario, añadió, ésta es “inevitable”, porque los medios de comunicación no pueden ser censurados.
La abogada Bárbara Royo, por su parte, apeló a la valentía de los jueces para imponer su criterio cuando éste contradice el de la mayoría social. Éstos, dijo, no deben “dejarse influir por el juicio mediático”. Royo se mostró muy segura de que actualmente no todos los jueces son valientes en este sentido, pero tampoco muchos periodistas. Estos últimos, afirmó, deben “contar la verdad aunque ésta comprometa a sus fuentes”. Royo apostó por que el Estado indemnice a la víctima de la pena de telediario y se haga cargo de los gastos derivados del procedimiento. “No puede ser que al fiscal, que acusa sin fin, no se le condene a costas cuando el investigado sale absuelto”, añadió.
El letrado Jaime Campaner apostó por la publicidad del proceso, pero no a cualquier precio. “Hay que partir de la base de la finalidad de la publicidad, que es para que la sociedad esté informada del devenir de los procesos, interés de primer orden, pero no para la deriva que está tomando en los últimos años”, afirmó Campaner, quien sin embargo dejó claro que no parece lógico dar la espalda a esta realidad. “Los intervinientes en el proceso tienen dos opciones: enfadarse y no jugar al juego o adaptarse y jugar sus cartas acatando las reglas del juego”, lanzó el letrado.
La redactora jefe del diario El Mundo Ángela Martialay, por su parte, consideró que el juicio paralelo siempre “afecta para bien o para mal”. Para atajarlo, señaló, es fundamental la educación en dos ámbitos. Por un lado, apuntó, es fundamental la formación de los periodistas, con el fin de que éstos sepan tratar los casos mediáticos y respetar la presunción de inocencia del investigado. La periodista también apeló a los propios ciudadanos, que según ella también “tienen responsabilidad en los juicios paralelos”.
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