La Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 7ª de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de la Fundación Civio contra una sentencia de diciembre de 2021 que denegaba el acceso al código fuente de BOSCO, la herramienta informática desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica, y usada por las empresas comercializadoras de electricidad, para determinar si una persona es consumidor vulnerable. Por tanto, si tiene derecho o no al bono social de la luz, un descuento en su factura. El fallo en contra viene acompañado de una condena en costas a Civio de 1.500 euros, que se suman a los 2.000 euros impuestos en primera instancia. El caso se remonta a septiembre de 2018. En 2019, Civio ya demostró que un fallo en el diseño de BOSCO llevaba a las eléctricas a denegar el bono social a consumidores vulnerables que cumplían todos los requisitos.
La sentencia da validez a argumentos del Centro Criptológico Nacional y de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que afirmaban que hipotéticas vulnerabilidades podrían ser explotadas para acceder a las bases de datos conectadas con la aplicación. Se trataría de datos especialmente protegidos, como la discapacidad o la condición de víctima de violencia de género del solicitante. También que, supuestamente, conocer el código fuente podría ayudar a propósitos ilícitos como perpetrar delitos basados en ingeniería social -como el chantaje (blackmail) o la suplantación de identidad (phishing) o incluso para “minar criptomonedas con la infraestructura del Ministerio” para la Transición Ecológica.
Civio rechaza este extremo y afirma que consultar el código de BOSCO no entraña estos riesgos de seguridad. “La propia documentación facilitada por el ministerio explica que la aplicación no accede directamente a datos como los de la Agencia Tributaria”, señala David Cabo, director de Civio. “Las credenciales de acceso a bases de datos sensibles no se meten en el código fuente, como afirmaron los peritos y acepta el juez, sino en un fichero de configuración aparte y que no estamos pidiendo. Eso es una práctica básica de informática”, explica. En 2020 el Gobierno publicó el código de Radar COVID “algo que no reveló los datos sanitarios de los usuarios”, recuerda.
El Juzgado ha dado también por buena la alegación contraria a mostrar el código fuente de BOSCO por motivos de propiedad intelectual. Civio discrepa de que dicho código sea materia de propiedad intelectual que deba ser protegida, pues eso podría suponer la denegación de cualquier documento elaborado por cualquier administración pública basándose en el mismo motivo.
“Esta sentencia sienta un peligroso precedente en una cuestión que es esencial hoy, y que lo será aún más en unos años, pues impide que la ciudadanía pueda comprobar si existe o no arbitrariedad en la toma de decisiones basada en procesos informáticos”, señala Cabo.“Consideramos que la transparencia también alcanza a programas y algoritmos que a diario toman decisiones sobre la vida de las personas. Está en juego asegurar si la sociedad tiene derecho a conocer cómo funcionan las infraestructuras automatizadas de las Administraciones Públicas y no permitir el desarrollo de cajas negras. Es decir, el uso de aplicaciones informáticas que intervienen en flujos de decisión de forma que no es transparente y en las que debemos confiar a ciegas. Por eso esperamos poder revertir esta sentencia”, añade.
Civio anuncia su intención de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra esta sentencia a a través de su abogado y patrono Javier de la Cueva, en aras de que se reconozca el derecho de la ciudadanía a conocer cómo funcionan herramientas, programas y algoritmos creados por administraciones públicas y que determinan derechos y obligaciones. En este caso, el acceso a una ayuda pública.
