Carlos Carrizosa Torres (Barcelona, 1964) era un abogado con despacho propio en Barcelona, una firma generalista en la que llevaba principalmente penal y mercantil, y sufrió en primera persona la «eliminación» del español en las escuelas de Cataluña en la época del tripartito de Pasqual Maragall -PSC, ERC e ICV-, con sus tres hijos.
En 2006 decidió dar un paso al frente y junto a otros fundar Ciudadanos, rompiendo el silencio frente al independentismo, venciendo el miedo de la sociedad civil que entonces imperaba.
Letrado ejerciente desde 1989, hasta 2012 estuvo trabajando exclusivamente en la abogacía compaginándolo con su colaboración en el partido. Es miembro del Comité Ejecutivo de la formación desde 2007 y en las elecciones del Parlamento de Cataluña de 2012 fue elegido diputado, metiéndose de lleno en política en defensa del Estado de Derecho.
Es el líder de Ciudadanos en Cataluña, donde, según denuncia, «se pisotean los derechos civiles básicos y se destroza la niñez y el futuro incumpliendo la ley».
El Parlamento Europeo ha aprobado el envío de una misión a Cataluña, propuesta por Ciudadanos por la «persecución» del español en las escuelas. ¿Qué opina de la gestión del Gobierno y del PSC sobre la sentencia del 25% del castellano?
Precisamente, si tiene que tomar cartas Europa en el tema de la sentencia del castellano es porque el Gobierno de España no lo hace. Y no lo hace porque ha pactado con el separatismo.
El Partido Socialista es quien confeccionó la normativa que ahora ha neutralizado al TSJ en la sentencia del 25%, una maniobra que seguramente se ha visto poco en Europa y que supone una alianza entre el Poder Legislativo y los poderes ejecutivos para neutralizar al Poder Judicial. Es muy fuerte.
Ante la orden de ejecución del Tribunal Superior de Justicia, se alía un Poder Legislativo para sacar una norma que confunde al tribunal sobre la norma de aplicación y es una utilización absolutamente inédita y antidemocrática del Poder Legislativo, que compite con el Judicial para neutralizarlo, además después de una oleada de críticas acerbas contra el Poder Judicial, porque se ha desautorizado al tribunal en reiteradísimas ocasiones.
Los independentistas dicen que el tribunal está haciendo política, que es una sentencia descabellada, han presionado a los jueces y al final, al ver que en España todavía a los jueces compete juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, ha salido el Poder Legislativo catalán aliado junto con el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España para evitar que los jueces puedan hacerlo.
Y el culpable es el Partido Socialista, que ha hecho esto para cohesionar ese pacto que tiene con Esquerra Republicana y que le aprueben los presupuestos y hacer la legislatura más cómoda a Sánchez.
Se pronunciará el Tribunal Constitucional a raíz del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular y Ciudadanos, y la petición del TSJ de que revise esa ley…
Tanto la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el tribunal, como el recurso interpuesto por el PP y Ciudadanos no tienen la virtualidad que hubiera tenido un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España, que hubiera paralizado la vigencia de esa ley y ya no hubiera sido efectivo el embrollo jurídico que ha neutralizado al TSJ.
Pero, claro, como el propio Gobierno de España estaba detrás del pacto con la ley es de ser demasiado inocentones pensar que recurriría esto ante el Constitucional.
¿Creyeron en algún momento que el PSC actuaría siendo condescendiente con los independentistas?
El Partido Socialista siempre ha compadreado, ha mirado para otro lado y ha sido condescendiente con el independentismo en Cataluña. Y es por una sencilla razón: Porque, por el momento es la única mayoría para poder gobernar en Cataluña, tal y como está, con la poca representatividad que tenemos los partidos constitucionalistas.
El Partido Socialista quiere ganar aunque sea pactando con el independentismo. Y, además, el independentismo es el socio preferente de Sánchez para mantenerse en el Gobierno.
Lo que no esperábamos es que participase en acciones que menoscaban la democracia, como este acoso al TSJCat elaborando incluso normas para evitar que se hiciese efectivo aquello que los tribunales habían decidido.
¿Qué opina de que se pretenda rebajar el tipo penal del delito de sedición?
Una reforma del Código Penal debe producirse al ritmo de la jurisprudencia, la doctrina y la evolución mayoritaria del reproche social ante determinados delitos.
Lo que resulta inconcebible es que se negocien rebajas en la penalidad de la sedición a instancias de condenados por sedición y únicamente por la necesidad del presidente del Gobierno de sacar adelante unos presupuestos del Estado y tener unos meses más de tranquilidad política.
Los políticos separatistas condenados por sedición van pregonando que lo volverían a hacer. En estas circunstancias, la reforma dejaría indefensa a la sociedad española, desautorizaría a los jueces y fiscales que defendieron nuestro Estado de Derecho y debilitaría las defensas de nuestra democracia ante las tentaciones totalitarias de quienes no la respetan.
Ciudadanos llevó el pasado 12 de octubre al Parlamento Europeo los testimonios de representantes de organizaciones españolas implantadas en comunidades autónomas bilingües donde se está produciendo la «exclusión» del español en la enseñanza y en otros aspectos de la sociedad. ¿En Cataluña se pisotean los derechos civiles básicos?, ¿se destroza la niñez y el futuro incumpliendo la ley?
Sí. Además, se ha comprobado que hay un fracaso escolar superior entre los niños castellanoparlantes que entre los catalanoparlantes, incluso dejando aparte las diferencias sociales.
Y esto es porque la propia Unesco siempre ha dicho que es recomendable que los niños estudien las primeras letras y el acceso a su primera enseñanza en su lengua materna, porque es la forma en la que comprenden, o por lo menos no están refractarios a la lectoescritura, y de esta forma también el día de mañana son gente con mayor familiaridad con las letras.
«Detrás de la exclusión del castellano en la enseñanza está la hispanofobia»
También hay niños catalanoparlantes en zonas muy catalanoparlantes, con familias que se informan en catalán que pierden la posibilidad de obtener el registro académico en lengua española, y luego estos chicos cuando han de acceder a carreras universitarias y tener trabajo fuera de Cataluña se ven perjudicados frente a los que tienen el castellano en su registro culto muchísimo más aprendido.
¿Desde cuándo tiene usted constancia de esta situación de «exclusión» del español en la enseñanza?¿Lo ha sufrido en primera persona?
Sí. Lo he sufrido en primera persona porque tengo tres hijos -nacidos en 1996, 1998 y 2002- y cuando llegó el momento de escolarizarlos nos encontramos con que el primer colegio al que fueron practicaba una inmersión lingüística temerosa de usar el castellano por temor a perder el concierto que tenía con la Generalitat.
En 2005 tuve que meter a mis hijos en un autocar cada mañana una hora de viaje para llevarlos a uno de los dos colegios que en Barcelona por aquel entonces todavía daba las primeras letras del idioma materno que eligiera el niño.
Carrizosa, trabajando junto a sus hijos.
Toda la enseñanza de mis hijos se llevó en un colegio de este tipo, pero como era concertado llegó un momento que fue la inspección -precisamente durante el tripartito de Maragall- y les recomendaron que este tema tenía que solventarse, y dejaron de tener esa segunda línea en castellano.
Y ya es imposible en Barcelona hoy día, a menos que los lleves a un colegio extranjero a estudiar, como el británico, el americano o el Liceo Francés. En el Colegio Alemán ya no vas a poder tener la lengua española como vehicular.
Esto lo explicas fuera de España y te encuentras con que muchas personas no se lo creen.
En 2006 nació Ciudadanos en Barcelona porque el Partido Socialista se había entregado en el tripartito a los brazos de Esquerra Republicana, que ya tenía la Consejería de Educación y que fueron los que apretaron las tuercas en aquella época para erradicar los últimos colegios que tenían enseñanza en lengua vehicular española y que daban la lectoescritura en español.
Desde 2006 luchando en Ciudadanos contra el nacionalismo.
Carlos Silva, portavoz de la plataforma de profesores Docentes Libres, denunció en esas jornadas organizadas por Pagazaurtundúa que en Cataluña se pide a los profesores una adhesión a una cruzada lingüística casi religiosa. Afirma que el nacionalismo ha vuelto a poner en marcha «una nueva causa general para la exclusión del español en todos los ámbitos, especialmente en la educación”. ¿Le consta esta situación?
Totalmente. Detrás de la exclusión del castellano en la enseñanza está la hispanofobia o la aversión a todo lo español. El pasado martes, en la Comisión de ‘Afers Institucionals’ -Asuntos Institucionales- del Parlamento de Cataluña, un miembro del partido separatista Junts, hasta hace unas semanas en el Gobierno catalán, calificó al Ejército español de invasor e hizo chanzas del Ejército y de todo lo español, burlándose.
Hay gente que hostiga a dependientas, por ejemplo, en una panadería si hablan en español a los clientes. O a médicos que en la seguridad social hablen en español a los usuarios. Luego se enfrentan a campañas de hostigamiento en las redes sociales pidiendo a los dueños del comercio que despidan a la dependienta y a la administración al médico.
Hostigan a Ciudadanos, a los jóvenes que montan carpas pro selección española, a los universitarios que piden estudiar en español, y a los profesores universitarios los arrinconan por querer mantener el bilingüismo…
Nuestro eurodiputado Jordi Cañas ha denunciado ante la Comisión Europea que un bar de Reus se enfrenta a una multa de 20.000 euros por atender en castellano a un cliente. Esto es una vulneración del principio de no discriminación lingüística en Cataluña en el ámbito de la libre prestación de servicios en el mercado único europeo, un abuso y un nuevo ataque de la Generalitat a los derechos y libertades de sus ciudadanos.
Esto es un acoso que tiene una finalidad: Erradicar todo lo español y constituirse en una República de estas bananeras autónomas que ellos buscan.
¿El Gobierno catalán pretende la expulsión de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Cataluña?
Así es. Quieren asumir todas las competencias posibles. Si se accede a este tipo de chantajes y condiciones sería la quiebra absoluta del Estado unitario.
Las asociaciones de guardias civiles alertan de que el gobierno catalán quiere recortarles las funciones en los puertos…
La Generalitat pretende dotar a los Mossos d’Esquadra de competencias en vigilancia marítima, cuando esto siempre ha competido a la Guardia Civil, porque los litorales y los mares son de competencia estatal.
Cuando salgo de Cataluña me llaman mucho la atención los vehículos logotipados de la Policía Nacional porque llevan la bandera de España. En Cataluña esos vehículos logotipados han desaparecido para invisibilizar a la Policía Nacional y que parezca que no está presente.
Ha habido una campaña de hostigamiento contra la Policía Nacional y la Guardia Civil desde el referéndum falso del 1 de octubre de 2017. Se les ha acosado a ellos y a sus familias, a sus hijos en los colegios.
«Para mí, lo más grave de todo es la pasividad del Gobierno de España y el entreguismo que practica con los separatistas»
Y todo eso siendo grave, para mí lo más grave de todo es la pasividad del Gobierno de España y el entreguismo que practica con los separatistas. Les deja hacer y no apoya a los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en un destino tan ingrato en el que son hostigados continuamente por independentistas y por el propio Gobierno catalán.
Recordemos el escándalo de las vacunaciones: Los policías nacionales y guardias civiles no fueron vacunados como el resto de la población en Cataluña por una expresa discriminación de la Consejería de Sanidad catalana.
Mientras, el Gobierno de Sánchez se lava absolutamente las manos, lo cual es indignante.
La asociaciones constitucionalistas llevan años denunciando que el separatismo utiliza las aulas para «adoctrinar en el odio a España», y denuncian que esto ocurre porque la manipulación de los libros de texto denunciada por editores y sindicatos de profesores, o la exclusión del castellano en las aulas han sido posibles debido a que los sucesivos gobiernos de la nación “han mirado hacia otro lado”, durante 30 años. ¿Qué opina usted de la gestión del Gobierno central en Cataluña?
Ha sido un desastre y lo sigue siendo. Efectivamente, hay que remontarse 30 años.
Cuando en 2012 entré en el Parlamento de Cataluña con Ciudadanos tuve ocasión de hablar con la alta inspectora de Educación que tenía aquí el Gobierno de España entonces y le saqué el tema de la exclusión del castellano y el adoctrinamiento en los colegios.
«El Gobierno de España se deja comer la tostada por un independentismo hiperactivo que tiene mucho dinero porque lo distrae de los presupuestos de la Generalitat»
Ella sostenía -y yo la creí- que ellos los informes los hacían, pero que no les hacían ni caso y no les daban medios para armonizar la enseñanza catalana con el resto de la del Estado o para conseguir que el Ministerio de Educación tomara cartas en el asunto. Y esto ya era en tiempos de Rajoy. Después he hablado con más gente de la alta inspección y todos dicen lo mismo.
El Gobierno de España nunca ha tomado cartas en el asunto para evitar estos abusos en la educación catalana.
El presidente de Cs en Cataluña, en una manifestación para celebrar el día de la Fiesta Nacional en Barcelona.
Y también le digo que el tema del catalán en la enseñanza tiene una derivada sobre el adoctrinamiento, y es que mientras sea obligatorio en todas las asignaturas el catalán, los libros de texto van a ser en catalán y entonces cuentan lo que la Generalitat quiere.
En los libros omiten hablar de España y parece que sólo existe Cataluña. Se enseña la historia y la geografía con muchísimo hincapié en Cataluña y apenas nada de España, omitiendo datos importantísimos como la Constitución que nos une a todos o que Cataluña es una Comunidad Autónoma. Se presenta como un ente que podría ser perfectamente un Estado vecino de otro Estado que es España y de otro que es Francia.
Hacerlos en catalán les permite escribirlos a su voluntad.
Parece que España sólo existe para el independentismo para que saque la billetera…
Echamos de menos en todos estos años un discurso alternativo al independentista, que es absolutamente hegemónico y se irradia desde las televisiones públicas y los medios de comunicación subvencionados.
No existe un discurso alternativo en favor de la unidad de España o de las ventajas que los catalanes tenemos por pertenecer a unas de las naciones más importantes del mundo.
Sí por parte de los partidos constitucionalistas y las asociaciones, pero no tenemos la potencia de un Estado que decida invertir al igual que en Cataluña se invierten cientos de millones de euros en todo lo que es el ‘procés’, en regar a asociaciones, en dar sueldos…
El Gobierno de España nunca ha contrarrestado esto, tampoco en el ámbito diplomático. Por mucho que nosotros ahora hagamos jornadas en Europa con nuestros diputados Maite Pagazaurtundúa o Jordi Cañas, no es todo el movimiento diplomático de un Estado volcado en un verdadero problema y dispuesto a solucionarlo.
«Los distintos gobiernos de España nunca han tomado cartas en el asunto para evitar estos abusos en la educación catalana»
En el Gobierno de España se dejan comer la tostada -todos los Gobiernos de España- por un independentismo hiperactivo que tiene mucho dinero porque lo distrae de los presupuestos de la Generalitat.
En el medio y largo plazo quizás acabaremos teniendo un problema aún más grave.
Reynders, en su reciente viaje a España, señaló al Gobierno español su obligación de hacer cumplir las sentencias y también se lo indicó al presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, en la reunión que mantuvieron en Bruselas, dando así un espaldarazo a las reivindicaciones de distintos colectivos sociales. ¿Confía usted en que el Gobierno catalán finalmente acate las resoluciones?
Aragonés le dijo a Reynders que ellos ya lo acataban todo y que no había ningún problema. Por eso, va a ser muy interesante la misión que Europa traerá porque, por lo visto, no se creyeron a Aragonès ni se creen a Sánchez.
A instancias de algunas asociaciones civiles y de Ciudadanos vendrá a ver qué hay de cierto en todo lo que estamos denunciando, lo cual es una maravillosa noticia.
No solamente es la vulneración de los derechos, es el que no esté vigente el Estado de Derecho en una porción de territorio de la Unión Europea donde no se acatan las sentencias.
«Esperamos que la Comisión Europea exija, como hace con Polonia o Hungría, que se cumpla con el Estado de Derecho en Cataluña»
En respuesta a Pagazaurtundúa sobre el incumplimiento de sentencias en Cataluña, Reynders ha dicho “No tenemos competencia sobre lenguas, pero sí sobre el cumplimiento de decisiones judiciales”, abriendo así la puerta a que la Comisión analice los incumplimientos de decisiones judiciales nacionales en el próximo informe sobre Estado de Derecho…
Esperamos que la Comisión Europea exija, como hace con Polonia o Hungría, que se cumpla con el Estado de Derecho. No puede ser que nuestro Gobierno esté conchabado con populistas e independentistas que dieron un golpe de Estado y que entre ellos taponen la vigencia del Estado de Derecho en España.
Esto es una vergüenza.
Lamentamos que la Comisión Europea tenga que sacarnos los colores, pero no podemos permitir que esos acuerdos pactados en un despacho entre los asesores y los enviados de Sánchez y Aragonés acaben conculcando la separación de poderes y el Estado de Derecho.
¿Continúa el acoso a jueces y fiscales, como denunciaron asociaciones en un encuentro en Bruselas con el comisario de Justicia facilitado por su partido?
Ha bajado en intensidad, pero continúa. Hay verdadera hostilidad del Gobierno de la Generalitat hacia jueces, magistrados y fiscales.
Llaman a la Justicia el aparato represor del Estado. Desde que los dirigentes independentistas fueron condenados a penas de prisión por el ‘procés’ han desatado una guerra contra jueces y magistrados.
«Apenas dedican dinero al mantenimiento y a la organización de juzgados y tribunales para que la gente tenga mala imagen de un servicio que proporciona el Estado»
Y eso es muy visible en los presupuestos de la Generalitat, que tienen competencias sobre los edificios de justicia y sobre el personal de justicia. Apenas dedican dinero al mantenimiento y a la organización de juzgados y tribunales -competencia de ellos-, precisamente para que la gente tenga mala imagen de un servicio que proporciona el Estado.
Exactamente igual pasa con la red ferroviaria, que es objeto de ataques para decir que va mal porque es española. A la Justicia se le hostiga y tratan de crear un estado de opinión de que funciona fatal, pero porque es organizada por España.
Como es un contrapoder para ellos, como se ha visto en el TSJ, todo son reproches y hostigamientos.
Así quedo el portal del edificio en el que vive el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del ‘caso procés’, en Barcelona tras el ataque de Arran en noviembre de 2018.
Sin embargo, magistrados y fiscales siguen sin ver cumplida la reivindicación del complemento de penosidad en ciertos destinos, como Cataluña…
Ciudadanos lo ha pedido en reiteradas ocasiones al Gobierno de la Generalitat -desde el Parlamento y en la Comisión de Justicia- para que cuando se reúna con el Gobierno central le hagan esta reclamación.
También lo hemos planteado en el Congreso de los Diputados. Y no solamente para jueces y fiscales, también para Policía Nacional y Guardia Civil.
Son colectivos que se ven hostigados y que son los poderes del Estado. Necesitamos que tengan presencia en Cataluña y que los agentes, fiscales y magistrados tengan el soporte para quedarse, porque si no luego se quedan desiertos los destinos, y hay que volver a llenarlos con nuevas promociones, que vuelven a irse rápidamente y los juzgados catalanes sufren esta falta de continuidad de los jueces y magistrados que tienen en esta comunidad autónoma sus destinos.
