El Gobierno presentó ayer a los sindicatos de la Función Pública una subida salarial del 6% repartida entre 2022 y 2024, que se suma al alza del 2% que ya han recibido los funcionarios este año, además de otras propuestas como la jornada laboral del 35 horas semanales o mejoras en la promoción interna, entre otras cuestiones.
El incremento del 6% se reparte entre un 1,5% retroactivo para 2022, que se sumaría al 2% de aumento salarial que ya se dio para este año, seguido de un 2,5% para 2023 y un 2% para 2024. La subida salarial para los empleados públicos será del 8%, procedente del 6% propuesto este miércoles por el Gobierno más el 2% que ya se había pactado para 2022.
Jueces, fiscales, letrados de la administración de la justicia y el resto de funcionarios verán incrementadas las nóminas con la subida general que salga de esa mesa, que ha sido convocada tras la movilización de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
El secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, ha hecho una «valoración positiva» del inicio de las conversaciones y de que el Gobierno «haya accedido a revalorizar el sueldo de 2022 para compensar los efectos de la inflación», tal y como reclamó esta organización. No obstante, como el resto de negociadores sindicales considera que la propuesta del Gobierno es «insuficiente» teniendo en cuenta el poder adquisitivo perdido por la evolución de los precios y los recortes sufridos desde 2010. «No corrige la pérdida de poder adquisitivo», indica.
Las partes negociadoras volverán a reunirse hoy, a las 16.30.
El Gobierno también ha llevado a la mesa de negociación otras medidas que incluyen la jornada laboral de 35 horas, mejoras para la promoción interna, movilidad y acceso, así como mejoras para el personal laboral del exterior, todavía sin concretar, así como el desarrollo de la Ley de Función Pública, en alusión a la evaluación del desempeño, el teletrabajo y la captación de talento.
Además de una subida salarial, CSIF exige al Gobierno la equiparación salarial entre comunidades autónomas (especialmente en ámbitos como Instituciones Penitenciarias, Educación, Sanidad…), la actualización de las indemnizaciones por razón de servicio (dietas por desplazamiento), las indemnizaciones por residencia e insularidad o la mejora salarial del personal laboral en el exterior.
Francisco Lama, secretario nacional de acción sindical de CSIF.
CSIF recuerda que desde 2010, cuando el Gobierno socialista les bajó el sueldo por primera vez, su poder de compra se ha visto mermado en más de un 20% (solo en los dos últimos años se ha perdido un 11% como consecuencia de la evolución de los precios). Por este motivo, exige al Gobierno que realice una oferta «a la altura del esfuerzo, la profesionalidad y el papel que desempeñan nuestros servidores públicos, especialmente durante la pandemia y la actual crisis económica».
Además de las cuestiones retributivas, CSIF considera fundamentales otros asuntos como suprimir la tasa de reposición para mejorar las ofertas de empleo público y la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos en todos los ámbitos, la jornada laboral de 35 horas, el desarrollo del teletrabajo y de la carrera profesional, el incremento de los haberes reguladores de las pensiones de clases pasivas, la aplicación de la jubilación parcial anticipada al personal funcionario y estatutario o la jubilación anticipada de aquellos colectivos que por su especial penosidad así lo han solicitado (conductores de ambulancias, personal del Sistema Nacional de Salud, entre otros).
«Estamos muy alejados de llegar a un acuerdo. Esperamos hoy una propuesta más cerrada y más concreta», señala Lama.
LAS REIVINDICACIONES DE JUPOL
El sindicato Justicia Policial (Jupol), mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional, participó en la reunión, invitado por CSIF, con el que acordó junto a Jucil el pasado mes de enero un frente común «ante el deterioro de las condiciones laborales de policías, guardias civiles y del conjunto de los empleados públicos».
Es la primera vez en la historia que un sindicato de la Policía Nacional acude a este encuentro con representantes del Gobierno para defender los derechos retributivos de los policías y los guardias civiles.
De izquierda a derecha: Carlos Martínez (presidente del Sector AGE de CSIF; Fernando Hontangas, presidente del Sector de Sanidad del sindicato; Aarón Rivero, secretario general de Jupol, y Francisco Lama, secretario nacional de acción sindical de CSIF, a su llegada al Ministerio.
En la reunión con la secretaria de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Lidia Sánchez, el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, destacó «la necesidad de abordar de forma urgente la equiparación salarial de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con las policías autonómicas».
Además, insistió “en la necesidad de avanzar en este campo con la aprobación de una ley de retribuciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que limite diferencias retributivas entre cuerpos policiales, homogeneizando también los conceptos de pagas extras y horas extras, así como la asistencia remunerada a juicios”.
Jupol también reclama “un acuerdo plurianual que ayude a compensar la pérdida de poder adquisitivo que se sitúa en el 24,35 % que los policías y guardias civiles, arrastran desde la época del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero”.
Jupol y CSIF también han puesto sobre la mesa la actual brecha entre cuerpos policiales a la hora de la jubilación de sus componentes. En la actualidad las policías autonómicas se jubilan a la edad de 59 años con el 100% de sus retribuciones, si bien un policía nacional o guardia civil se jubila a los 65 años con una pérdida retributiva estimada en 900 euros mensuales. Y han reivindicado la reclasificación de escala al grupo B para la escala básica de la policía nacional.
Por último, Jupol ha apelado a la disposición final cuarta del Real Decreto 462/2002 que establece las cuantías de las dietas por desplazamientos de los policías por todo el territorio nacional en el cumplimiento de sus cometidos profesionales. Esta norma permite una revisión de las cuantías establecidas que «no son actualizadas desde 2005», estimando el sindicato una pérdida en la revalorización de este concepto en relación con el IPC del 41%.
«Esta desactualización de precios», según explica Rivero, “implica que los policías que se desplazan por el territorio nacional perciban dietas con importes establecidos en 2005, si bien el sindicato estima la subida de precios desde dicho año en más de un 35% en hoteles y restaurantes, lo que en la actualidad está generando que «muchos policías tengan que abonar gastos de desplazamientos profesionales con dinero propio de sus nóminas”.
