La Abogacía del Estado ha negado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haber vulnerado los derechos de los seis candidatos de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que denunciaron en Estrasburgo la situación de bloqueo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Se trata de los magistrados José Antonio Baena Sierra, Rafael Estévez Benito, Mónica García de Yzaguirre, Manuel Jaén Vallejo, Juan Luis Lorenzo Bragado y María Tardón Olmos, que fueron avalados por la asociación en 2018 como candidatos para formar parte del CGPJ.
El TEDH estudia si se han vulnerado sus derechos. En concreto, su derecho a un proceso judicial dentro de un plazo razonable -recogido en los artículos 6 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos-, dado que el Tribunal Constitucional (TC) rechazó de plano los recursos de amparo que presentaron en 2021.
Estos seis magistrados recurrieron al TEDH en octubre de 2021 para denunciar la «inactividad» de las Cortes Generales en el proceso de renovación «por razones e intereses meramente políticos».
En su impugnación, los magistrados esgrimen ante el TEDH que en septiembre de 2018 se remitió al Parlamento el listado de los 50 jueces en activo que se presentaban candidatos para renovar el CGPJ. Exponen que desde entonces, estas listas no han sido votadas por las Cortes Generales y “ante la pasividad de las instituciones», el 14 de octubre de 2020 dichos magistrados recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional por la supuesta vulneración del derecho de acceso a cargo público, recogido en el artículo 23 de la Constitución. El órgano de garantías no admitió a trámite los recursos porque consideró que habían sido presentados fuera de plazo.
Estrasburgo requirió el pasado mayo al Ejecutivo español para que presentara una exposición de hechos junto con sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de las denuncias presentadas por los seis magistrados, apoyados por la asociación a la que pertenecen. Le dio de plazo hasta el 15 de septiembre para que presentara alegaciones.
En su escrito, al que ha tenido acceso Confilegal, los abogados del Estado Alfonso Brezmes Martínez de Villareal y Luis E. Vacas Chalfoun han pedido al tribunal que inadmita la demanda o, en caso de admitirla, que la desestime y declare que no ha existido vulneración alguna del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte de España.
La Abogacía niega en su escrito, de 64 páginas, haber vulnerado los derechos de estos seis candidatos al insistir en que «las expectativas de los jueces y magistrados de eventualmente ser designados a vocales del CGPJ quedan fuera del verdadero alcance de los derechos reconocidos en el artículo 23.2 de la Constitución Española», que recoge el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.
Además, en este sentido defiende que no se puede comparar dicho artículo de la Constitución con el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque, a su juicio, este último no reconoce el derecho de acceso a cargos públicos, sino que «se constriñe exclusivamente a las elecciones a cuerpos legislativos, que no es el caso».
Asimismo, asegura que «no habría una lesión actual» a los jueces que presentaron la demanda porque «conservan la condición actual de candidatos y la posibilidad de ser elegidos vocales».
Por otra parte, la Abogacía del Estado descarta también que la demora en la designación de los vocales «persiga una finalidad atentatoria contra la vida privada o familiar» de los jueces que presentaron la demanda. Y destaca que los candidatos no han alegado ni acreditado ante el Tribunal Constitucional una afectación tan grave como para considerar vulnerados sus derechos.
Respecto a una supuesta vulneración al derecho a un proceso justo, los servicios jurídicos del Estado defienden la actuación del órgano de garantías, que en julio de 2021 no admitió a trámite el recurso de los seis magistrados. A su juicio, la interpretación del TC «no es irracional o arbitraria», lo que llevaría a desestimar la supuesta vulneración.
DEFENSA DEL MODELO DE ELECCIÓN
Los servicios jurídicos del Estado también defienden en su escrito el actual sistema de elección de los vocales del CGPJ, en el que los grupos parlamentarios deben consensuar a los nombres del órgano de gobierno de los jueces, y apuntan que el Tribunal Constitucional ya avaló el sistema de designación de vocales del CGPJ.
Afirman que dicho modelo «conlleva una garantía en la objetividad» de los nombramientos, «evitando imposiciones partidistas y, por ende, constituyendo una garantía adicional en la independencia de los vocales una vez designados». Según manifiesta, esta «garantía» lleva consigo «una mayor dificultad en la obtención de mayorías» y una «mayor probabilidad de que el proceso se dilate en tanto en cuanto los parlamentarios no alcancen un consenso suficiente».
A su juicio, sin embargo, «ello no supone una lesión desproporcionada» al «supuesto derecho» de estos seis magistrados que presentaron la demanda a ocupar la plaza del CGPJ toda vez que siguen ostentado la condición de candidatos.
Además, la Abogacía insiste en que «la falta de designación de los vocales del CGPJ se debe simplemente a la inexistencia de acuerdo entre las fuerzas políticas para alcanzar la mayoría parlamentaria», y hace hincapié en que «ni dichas fuerzas ni grupos parlamentarios son estrictamente órganos de las Cámaras», de ahí que considere improcedente acusar al Estado ante el TEDH.
EN AJFV ESPERAN QUE EL TEDH LES DÉ LA RAZÓN
El portavoz nacional de la AJFV, el magistrado Jorge Fernández Vaquero, considera que “los vicios del sistema actual son los que han causado el bloqueo del CGPJ por parte de los partidos políticos”.
El portavoz nacional de AJFV, Jorge Fernández Vaquero, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jerez (Cádiz), pide confianza y respeto para el Poder Judicial, más medios, más jueces y desbloquear y despolitizar el CGPJ. Foto: Carlos Berbell
“España es un Estado de Derecho pleno, pero existen determinadas grietas en el sistema institucional que se están agrandado en los últimos tiempos, como es el proceso de elección del CGPJ. Esperamos que con esta demanda, el TEDH pueda corregir algunos de estos defectos”, declara a Confilegal.
El portavoz de AJFV destaca que “nuestro sistema institucional tiene un problema con el proceso de elección del CGPJ» y que «el Constitucional debería estar al frente en la protección de las garantías constitucionales para defender ese sistema”.
En AJFV esperan que el TEDH les dé la razón, «poniendo de relieve la necesidad de despolitizar el CGPJ y dejando en evidencia el grave incumplimiento de sus obligaciones en este sentido del Congreso y del Senado, que es el síntoma más evidente de que el sistema de designación actual está viciado.
