Roma (EFE).- El Estado italiano tendrá que pagar una multa de 190 millones de euros más intereses a la compañía británica Rockhopper Exploration por denegarle en 2016 un permiso para construir una plataforma petrolífera, bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
La organización Ecologistas en Acción informa este jueves en un comunicado de que el monto que el Estado italiano deberá abonar puede ascender a los 250 millones de euros, contando los intereses, mientras que la inversión inicial fue de 29,2 millones de euros.
La condena es, por tanto, nueve veces superior, ya que el TCE permite que empresas e inversores extranjeros puedan demandar a los países cuando consideran que han legislado en contra de sus beneficios, presentes o futuros.
La confederación, que representa a más de 300 grupos ecologistas de España, ha avisado de que tras este fallo otros países podrían enfrentarse a demandas similares en el futuro por la implementación de sus planes de transición ecológica.
Exploración en el Mar Adriático
Una plataforma de petróleo. EFE/ MARCELO SAYAO/ARCHIVO
En 2015, el Gobierno del entonces primer ministro Matteo Renzi prohibió nuevos proyectos de petróleo y gas a menos de 12 millas náuticas de su costa, como respuesta a la gran oposición pública y la preocupación medioambiental de la ciudadanía.
Un año después, la petrolera británica interpuso una demanda contra Italia bajo el TCE por la denegación de un permiso para la construcción de la plataforma petrolífera Ombrina Mare en las costas del Mar Adriático.
Precisamente en 2016 Italia se convirtió en uno de los pocos países que abandonaron el TCE, pero una cláusula permite que un Estado pueda seguir siendo demandado durante 20 años después de su salida oficial, por aquellas medidas anteriores a la fecha de salida.
La demanda se ha resuelto como establece el tratado, es decir, con un tribunal arbitral que decide a puerta cerrada.
Condena «escandalosa»
La campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión, de la que forma parte Ecologistas en Acción, sostiene que España y el resto de países deberían retirarse del tratado cuanto antes, de forma coordinada, neutralizando previamente esta cláusula con la adopción de un acuerdo legal.
Una de las portavoces de Ecologistas en Acción y de la campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión, Marta García Pallaŕes, ha calificado la condena de «escandalosa, especialmente en la situación de emergencia climática y crisis energética» actual.
La demanda de Rockhopper se produce unas semanas después de que los países alcanzaran un acuerdo preliminar para modernizar el TCE y que, entre otras cosas, permitirá la protección de las inversiones en combustibles fósiles durante 10 o 20 años más si finalmente se ratifica en noviembre.
La también portavoz de la organización ecologista y de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, Clàudia Custodio, ha lamentado que «la Comisión Europea ha vendido la modernización del TCE como un avance hacia la transición energética» pero mantiene «los amplios poderes que otorga a las empresas de combustibles fósiles, por lo que seguirán exigiendo indemnizaciones de dinero público cuando se cuestione su modelo de negocio». EFEverde
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