Un encuentro celebrado en Barcelona reúne a representantes notariales, magistrados y policías para analizar la cooperación contra la delincuencia internacional. El Índice Único Informatizado y el Órgano Centralizado de Prevención centran el debate.
El decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, ha propuesto crear desde el notariado un sistema europeo de prevención del blanqueo de capitales y la delincuencia internacional. La iniciativa, compartida por otros ponentes, se planteó durante el encuentro de la Comisión de Asuntos Europeos y la Academia Notarial Europea de la Unión Internacional del Notariado (UINL), celebrado los días 5 y 6 de noviembre en Barcelona.
La reunión, organizada en la sede del Colegio Notarial de Cataluña, permitió contrastar la experiencia del notariado español con las necesidades de información y prueba de las autoridades policiales y judiciales. El debate se centró en dos instrumentos: el Índice Único Informatizado Notarial y el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP).
Los participantes destacaron la importancia de analizar las operaciones de forma conjunta para detectar conexiones que pueden pasar inadvertidas cuando cada documento se examina de manera aislada. La propuesta europea se formuló como una vía para reforzar esa cooperación, sin que la información del encuentro concrete un calendario o un modelo de implantación.
Del documento individual al análisis de operaciones conectadas
El Índice Único Informatizado, puesto en marcha en 2004, reúne información de los documentos autorizados por los notarios españoles. Su análisis permite relacionar operaciones realizadas en distintas notarías y seguir movimientos societarios relevantes para la prevención y la investigación de delitos.
Pedro Rincón, notario de Esplugues de Llobregat y delegado español en la Comisión de Asuntos Europeos de la UINL, recurrió al caso Ballena Blanca para explicar la necesidad de esa visión conjunta. Según expuso, la apariencia formal de cada escritura no permitía comprender por sí sola la estructura de las operaciones investigadas.
«El problema no estaba en cada escritura, estaba en el conjunto de las escrituras», señaló. Rincón defendió que la prevención requiere mecanismos capaces de conectar información dispersa y animó a otros países europeos a avanzar en estructuras centralizadas de análisis.
Creado en 2005, el OCP examina las comunicaciones de los notarios y cruza información a través del Índice Único. También canaliza la colaboración del notariado con las autoridades policiales y judiciales.
Información para investigar y pruebas para los tribunales
La perspectiva judicial estuvo representada, entre otros, por Lorenzo Salazar, presidente del Comité Europeo para los Problemas Criminales del Consejo de Europa, y Vicente Magro, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Salazar distinguió entre la información que necesitan los investigadores y las pruebas necesarias para sustentar una condena. También subrayó la importancia de garantizar la certeza de las transmisiones de inmuebles y participaciones sociales para facilitar el acceso a información sobre quienes se encuentran detrás de las operaciones.
Magro destacó el valor de la trazabilidad de los movimientos societarios y de las actuaciones notariales como elementos probatorios. Asimismo, advirtió del riesgo de que las diferencias entre los mecanismos nacionales de control generen puntos de vulnerabilidad aprovechables por la delincuencia internacional.
El control notarial de las transmisiones societarias
Durante la inauguración, la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio, defendió la implicación tanto individual como corporativa de los notarios españoles en la lucha contra estos delitos.
Por su parte, Valentina Rubertelli, presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos de la UINL, alertó de los riesgos que, a su juicio, supondría excluir determinadas operaciones del circuito notarial. Vinculó esa preocupación con las modificaciones sobre transmisión de participaciones societarias planteadas en la iniciativa legislativa de integridad pública.
El presidente de la UINL, David Figueroa, destacó la aportación del notariado a la transparencia y la seguridad jurídica. La reunión contó también con intervenciones de los delegados italiano, neerlandés y francés, mientras que Elena Lauroba, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, presentó las conclusiones.
Barcelona es sede semipermanente de este encuentro europeo desde 2013 y ha vuelto a acogerlo después de la edición celebrada excepcionalmente en Turín el año pasado.
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