Europa está en llamas. Y no en sentido metafórico. A las protestas ciudadanas vividas las últimas semanas por la degradación de los servicios públicos y la incertidumbre socioeconómica, hay que sumarle los fenómenos climáticos extremos y la degradación de los recursos naturales.
Pues bien, en este contexto debe redefinirse la Política Agraria Comunitaria de cara a 2028. Lo que se decida en los próximos meses condicionará durante años el futuro de quienes producen nuestros alimentos, la vitalidad de los territorios rurales y la capacidad de la agricultura y la ganadería.
Por eso, la próxima PAC no puede limitarse a repartir ayudas. Debe renovar el contrato entre el campo y la sociedad. Esto significa garantizar rentas dignas a las personas que producen nuestros alimentos, gestionan las zonas rurales y, en última instancia, salvaguardan los ecosistemas que hacen posible la actividad agraria.
Además, en España, las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ofrecen una oportunidad para situar el futuro del campo y la conservación de la naturaleza entre las prioridades del debate político.
Durante demasiado tiempo se ha presentado la protección ambiental como una exigencia externa impuesta a agricultores y ganaderos. Esa mirada ha contribuido a enfrentar dos objetivos que, en realidad, son inseparables: la producción de alimentos y la conservación de la naturaleza.
La erosión de los suelos, el deterioro de ríos y acuíferos, la desaparición de polinizadores, la simplificación de los paisajes y la mayor frecuencia de sequías, inundaciones y olas de calor ya están reduciendo rendimientos, elevando costes y aumentando la vulnerabilidad de muchas explotaciones.
Proteger esa base natural es, por tanto, una condición para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo. Cuidar el agua y el suelo, recuperar la biodiversidad y adaptarse al cambio climático refuerza la capacidad del sector para seguir produciendo en unas condiciones cada vez más difíciles.
Por eso, el debate no debe plantearse como una elección entre agricultura y naturaleza. La verdadera elección es entre una PAC que mantiene vivo el territorio y otra que sigue premiando la concentración de tierras y ayudas. Hoy, buena parte del apoyo a la renta continúa vinculada a la superficie, de modo que quien más hectáreas posee suele recibir más ayudas, con independencia de su contribución social o ambiental.
Ese esquema favorece el acaparamiento de fondos públicos y deja en desventaja a muchas fincas familiares, profesionales y de menor tamaño que generan empleo, fijan población y mantienen sistemas agrarios valiosos.
La futura PAC debe utilizar su presupuesto de forma más justa y estratégica. Tiene que priorizar a quienes realmente viven de la agricultura y la ganadería, especialmente a las explotaciones familiares, a la producción ecológica y a la agricultura y ganadería de alto valor natural, como el pastoreo.
Hay que poner en valor e impulsar la labor preventiva contra los incendios derivada de su actividad. No hay mejor cortafuegos que un rebaño de ganado, pues limpia de forma natural la vegetación seca que actúa como combustible durante la época estival.
También debe reconocer el esfuerzo de quienes trabajan en espacios de la Red Natura 2000 o mantienen elementos del paisaje, pastos, setos, barbechos y mosaicos agrarios de los que depende buena parte de nuestra biodiversidad.
Sin embargo, los agricultores y ganaderos no pueden actuar como guardianes gratuitos de la naturaleza. Ha llegado el momento de que la sociedad y el mercado reconozca los servicios mediante remuneraciones adecuadas. ¿Qué diferencia a un pastor de un bombero? ¿A un agricultor de un médico? Mantener un suelo vivo, proteger un acuífero, conservar polinizadores, reducir emisiones, prevenir incendios o sostener población en el medio rural son aportaciones de enorme valor público.
Estos beneficios ambientales, sociales y territoriales son aportaciones que ponen a salvo a la sociedad y que la PAC debe reconocer adecuadamente.
Esa misma lógica exige coherencia. La PAC no puede pagar por reparar los daños ambientales mientras, con otra línea presupuestaria, financia actividades que los agravan. No tiene sentido subvencionar la recuperación de ecosistemas y, al mismo tiempo, apoyar nuevos regadíos en zonas con escasez estructural de agua, instalaciones ganaderas industriales o la transformación de sistemas agrarios de alto valor natural en modelos intensivos.
La futura PAC debe dejar de apoyar aquellas actividades que agravan los problemas ambientales que pretende resolver.
También tenemos que cambiar la forma de evaluar esta política. El éxito de la PAC no puede medirse por cuánto dinero se gasta, sino por qué cambia en el territorio y en la vida de quienes trabajan en él. Ejecutar el presupuesto no basta. Hay que saber si mejora el estado del agua y del suelo, las poblaciones de aves agrarias y polinizadores, la resiliencia de las explotaciones, el relevo generacional y la renta de quienes producen alimentos.
Hay que saber si mejoran la renta de quienes producen alimentos, el relevo generacional y la resiliencia de las explotaciones, a la par que garantizan la conservación de nuestros ecosistemas. Eso requiere objetivos claros, indicadores fiables, evaluación independiente, transparencia y una participación real del sector agrario, la comunidad científica y la sociedad civil.
También exige menos burocracia inútil y más acompañamiento al sector: formación y asesoramiento público, contratos territoriales, pagos por resultados, redes de fincas demostrativas y planes de transición adaptados a las condiciones de cada explotación. La transición será justa solo si ofrece estabilidad, conocimiento, financiación y tiempo suficiente para llevarla a cabo.
Algo tiene que cambiar en la PAC. Nuestro medio rural necesita un presupuesto suficiente y utilizarlo mejor para las personas que viven de la tierra, para los territorios rurales y para los recursos naturales de los que depende nuestra alimentación y nuestra salud.
Asimismo, este compromiso debe ser abrazado por las distintas fuerzas políticas que aspiran a dirigir nuestro país. Basta de discusiones.
La próxima reforma de la PAC y las inminentes elecciones generales del 29 de noviembre ofrecen la oportunidad de reforzar la alianza entre el campo y la sociedad.
No deberíamos desperdiciarla. Una PAC justa, verde y orientada a resultados no debilitará al sector agrario; al contrario, lo fortalece, haciéndolo más resistente, sostenible y preparado para afrontar el futuro.
Asunción Ruiz es directora ejecutiva de SEO/BirdLife y Juan Carlos del Olmo es secretario general de WWF España.
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFE Verde.
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Este blog de «influencers verdes» fue creado por Arturo Larena y ha sido finalista en los Premios Orange de Periodismo y Sostenibilidad 2023 en la categoría de «nuevos formatos».
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