Las X Jornadas de Derecho de Familia, organizadas por el Colegio de Abogados de A Coruña y el Consello da Avogacía Galega, abordaron los problemas prácticos derivados de la reforma procesal, la protección de menores y personas con discapacidad y los últimos criterios jurisprudenciales en materia familiar.
La aplicación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en los procedimientos de familia, especialmente cuando existen menores o personas con discapacidad, ha sido uno de los principales asuntos abordados durante las X Jornadas de Derecho de Familia, celebradas los días 23 y 24 de octubre en A Coruña.
Organizado por el Colegio de Abogados de A Coruña y el Consello da Avogacía Galega, el encuentro reunió en las instalaciones de la Fundación ONCE a profesionales de la abogacía, la judicatura y otras especialidades vinculadas al Derecho de Familia, procedentes de distintos puntos de España.
El programa se centró en las consecuencias prácticas de las últimas reformas legislativas y en las dificultades que encuentran los operadores jurídicos al abordar conflictos familiares que afectan a personas especialmente vulnerables.
Las dificultades de la conciliación tras la reforma de la Justicia
Uno de los debates centrales estuvo dedicado a la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, y a su incidencia sobre los procedimientos de familia.
La letrada de la Administración de Justicia Carmen García Pedreira analizó las dificultades jurídicas y prácticas que plantea la utilización de los MASC cuando en el procedimiento están implicados menores o personas con discapacidad.
Su intervención abordó los obstáculos que pueden surgir al intentar compatibilizar los mecanismos de negociación y conciliación con las garantías que deben presidir los procedimientos familiares.
García Pedreira apoyó su análisis en los datos de inadmisión registrados en los juzgados de A Coruña, una referencia especialmente relevante para examinar las consecuencias procesales de las nuevas exigencias legales.
La cuestión tiene una importancia directa para los abogados de familia, que deben valorar en cada asunto las posibilidades de alcanzar acuerdos, los requisitos de procedibilidad y las circunstancias que pueden condicionar la utilización de mecanismos extrajudiciales.
Los equipos psicosociales y la valoración de las circunstancias familiares
Las jornadas también dedicaron una sesión al funcionamiento de los equipos psicosociales y a la metodología empleada por el Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA).
La trabajadora social Ana Carracedo Aldrey y la psicóloga Maite Hermida Pérez examinaron el trabajo de estos equipos, cuya intervención resulta especialmente importante en procedimientos relacionados con menores y situaciones familiares complejas.
La valoración psicosocial constituye un elemento relevante para que los órganos judiciales puedan conocer las circunstancias personales y familiares que deben tenerse en cuenta al adoptar determinadas medidas.
El análisis de su funcionamiento permitió incorporar al debate una perspectiva interdisciplinar, necesaria en una especialidad jurídica en la que las decisiones judiciales tienen consecuencias directas sobre las relaciones familiares y la vida cotidiana de las personas afectadas.
El derecho de los allegados a mantener relaciones con los menores
Otra de las cuestiones abordadas fue el derecho de los allegados a relacionarse con los menores, contemplado en el artículo 160.2 del Código Civil.
La abogada Natalia García examinó la doctrina jurisprudencial relacionada con este derecho y su aplicación en situaciones que no responden necesariamente a los modelos familiares tradicionales.
Entre los supuestos analizados figuraron las relaciones entre menores y exparejas de sus progenitores, los guardadores de hecho y los integrantes de familias reconstituidas.
Estas situaciones plantean conflictos jurídicos en los que resulta necesario valorar la naturaleza de los vínculos personales y las circunstancias particulares de cada caso, teniendo como referencia la protección del interés superior del menor.
Violencia de género y protección de las personas dependientes
La protección civil y penal de las víctimas de violencia de género formó parte igualmente del programa, con una intervención de la magistrada Sonia Rey Salgueiro dedicada, entre otras cuestiones, a las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil.
La jornada del viernes incluyó además un foro de debate con magistrados de los tribunales de instancia de A Coruña y Santiago y representantes de la Fiscalía, destinado a examinar los aspectos más controvertidos de la tramitación de los procedimientos de familia.
El programa del sábado contemplaba dos nuevas intervenciones especializadas.
El notario Víctor Peón Rama tenía a su cargo una ponencia sobre la protección patrimonial de las personas dependientes, mientras que el magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo José Luis Seoane Spiegelberg abordaría las resoluciones jurisprudenciales más recientes en materia de familia, discapacidad y filiación.
Un foro de intercambio entre los profesionales del Derecho de Familia
La inauguración institucional de las jornadas contó con la participación de Augusto Pérez-Cepeda Vila, decano del Colegio de Abogados de A Coruña y secretario-tesorero del Consello da Avogacía Galega; María Asunción Blanco Regueiro, diputada cuarta del Colegio e integrante del comité organizador; José Tronchoni Albert, director xeral de Xustiza; Carmen Eiró Bouza, fiscala superior de Galicia, e Ignacio Picatoste Sueiras, presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Con su décima edición, las Jornadas de Derecho de Familia mantienen su orientación hacia el análisis de problemas concretos que afectan al ejercicio profesional y a la actividad de los órganos judiciales.
La reforma procesal, la intervención de equipos especializados, las relaciones familiares y la protección de personas vulnerables han configurado un programa que refleja la creciente complejidad del Derecho de Familia y la necesidad de coordinar conocimientos jurídicos, sociales y psicológicos para abordar estos procedimientos.
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