Noemí Cardellach, Jorge Pérez i Manuel Brenes
El Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Girona y Lleida (CGSBGLL) ha advertido del alcance que tendrá para las empresas la entrada en vigor del Real Decreto 723/2026, que amplía las obligaciones de información sobre las condiciones laborales e introduce nuevas exigencias de transparencia en ámbitos como la utilización de algoritmos e inteligencia artificial en la gestión de los trabajadores.
La nueva regulación no afecta únicamente a las contrataciones realizadas a partir de su entrada en vigor. También alcanza a las relaciones laborales ya existentes. En estos casos, cuando un trabajador solicite la información contemplada en la norma, la empresa deberá facilitársela en un plazo máximo de treinta días hábiles.
El impacto de la norma fue analizado en una jornada técnica organizada por el Colegio, con la participación de Jorge Pérez, delegado en Cataluña de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; Noemí Cardellach y Manuel Brenes, vicedecanos del CGSBGLL.
Más información sobre salarios, jornada y condiciones de trabajo
El RD 723/2026 obligará a revisar numerosos procedimientos internos de contratación y gestión laboral. Las empresas deberán proporcionar información más detallada sobre cuestiones como la duración de la relación laboral, las funciones y el grupo profesional, el salario y sus complementos, la jornada y su distribución, las horas extraordinarias, las vacaciones, los periodos de prueba o la formación.
En los contratos temporales deberá identificarse además de manera precisa la causa de la contratación y su relación con la duración prevista. Las obligaciones informativas se extienden igualmente al convenio colectivo aplicable, los procedimientos de extinción del contrato, la cobertura de Seguridad Social y los planes de igualdad y medidas de conciliación.
Para Manuel Brenes, la nueva normativa obligará a los graduados sociales a “revisar y adaptar los procedimientos de contratación”, incorporando información más detallada sobre jornada, salario, funciones, convenio colectivo y otras condiciones laborales.
A su juicio, estos cambios reforzarán la importancia del asesoramiento preventivo y del control documental para garantizar que las empresas cumplen correctamente con las nuevas obligaciones.
Transparencia sobre el uso de algoritmos e inteligencia artificial
Uno de los aspectos más novedosos de la regulación afecta directamente al empleo de tecnología en la gestión de las plantillas. Las empresas deberán informar a sus trabajadores de la existencia de sistemas algorítmicos o automatizados que intervengan en decisiones relacionadas con sus condiciones de trabajo.
La obligación incluye explicar las pautas, criterios y reglas de funcionamiento cuando estos sistemas intervengan en decisiones relativas a la jornada, la asignación de tareas, los salarios, la progresión profesional, el puesto de trabajo o incluso la extinción del contrato. La regulación introduce así nuevas exigencias de transparencia sobre el uso empresarial de la inteligencia artificial y otros sistemas automatizados.
El Colegio teme más denuncias ante la Inspección de Trabajo
La aplicación de la norma puede tener también consecuencias en el ámbito de la litigiosidad laboral. Noemí Cardellach considera que el nuevo marco provocará un aumento de las denuncias ante la Inspección de Trabajo, con el consiguiente impacto sobre unos órganos judiciales que ya soportan importantes cargas de trabajo.
“Los graduados y las graduadas sociales que nos dedicamos a la parte procesal nos estamos encontrando con que los juzgados nos dan citaciones para el año 2030”, advierte la vicedecana del Colegio.
La norma está vinculada a la transposición de la Directiva (UE) 2019/1152, destinada a promover unas condiciones laborales transparentes y previsibles. Durante la jornada, Jorge Pérez recordó que su transposición debería haberse realizado en 2022 y señaló que el retraso llevó a la Comisión Europea a acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Para empresas y asesores laborales, la entrada en vigor del RD 723/2026 supone, por tanto, algo más que una modificación formal de los contratos: obliga a revisar procedimientos, documentación y sistemas internos de gestión para adaptarlos a un marco que amplía considerablemente la información que debe ponerse a disposición de los trabajadores.
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