Luxemburgo.- España, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia defendieron este lunes que la UE no debe rebajar las exigencias sobre emisiones de CO2 a los coches para no debilitar las inversiones realizadas en la transición hacia el vehículo eléctrico.
«Socavar la integridad y la previsibilidad de este marco regulador sería un error estratégico en un momento en el que las inversiones pasadas están dando resultados significativos y en el que los progresos deben ir más allá», sostienen los siete países en un documento de reflexión difundido a la prensa.
El texto se enmarca en el debate sobre la propuesta de la Comisión Europea para revisar las normas de CO2 de automóviles y furgonetas, que plantea sustituir desde 2035 el actual objetivo del 100 % de reducción de emisiones por uno del 90 %, con el 10 % restante compensable mediante acero bajo en carbono producido en la UE, combustibles sintéticos o biocombustibles.
Esa propuesta del Ejecutivo comunitario supondría suavizar el veto de facto a las ventas de coches nuevos con motor de combustión a partir de 2035.
La flexibilización propuesta por la Comisión a finales de 2025 enmienda su propio planteamiento anterior, presentado en 2021 y acordado por los legisladores europeos en 2023, atendiendo a las demandas de los fabricantes, que lamentan que los eléctricos no se vendan al ritmo esperado.
Si en las negociaciones entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo se respeta la idea de la Comisión, la revisión permitiría que híbridos enchufables, vehículos con motores de combustión interna, híbridos ligeros o coches con extensores de autonomía siguieran teniendo un papel más allá de 2035, junto a los eléctricos de batería y los de hidrógeno.
España y sus socios admiten que puede haber flexibilidades para los fabricantes, pero reclaman que sean «estrictamente limitadas, condicionadas y cuidadosamente diseñadas» para no diluir la señal de inversión hacia la electrificación ni ralentizar la transición industrial de la cadena automovilística europea.
Los siete países también defienden reforzar las condiciones que faciliten el despegue del vehículo eléctrico, como el despliegue de puntos de recarga, los incentivos a la demanda y el desarrollo del mercado de segunda mano, para mejorar el acceso de hogares y empresas a la movilidad eléctrica.
En particular, apoyan atraer inversiones para construir una base industrial europea sólida en torno al vehículo eléctrico, las baterías y los componentes críticos, así como preservar el empleo industrial en Europa.
Sin embargo, rechazan cambios que, a su juicio, no estén basados en la ciencia y puedan debilitar la electrificación, como congelar el cálculo favorable a los híbridos enchufables.
Recuerdan que la Comisión ha concluido, a partir de datos reales de un millón de vehículos, que estos coches emiten 3,5 veces más CO2 que lo reflejado en sus datos de homologación.
También advierten contra ampliar el papel de los combustibles renovables y neutros en carbono dentro de las normas de CO2 para coches, al considerar que persisten incertidumbres sobre su trazabilidad, certificación, riesgo de doble contabilización y emisiones indirectas.
Esos combustibles, dicen, deben reservarse prioritariamente para sectores difíciles de electrificar, como la aviación y el transporte marítimo, y para descarbonizar la flota ya existente.
Los siete Estados miembros firmantes concluyen que preservar una senda «clara y ambiciosa» hacia la electrificación es esencial para reforzar la competitividad de la industria automovilística europea, lograr precios más asequibles para los ciudadanos y reducir la dependencia energética de la UE. EFE
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