Hans A. Böck / @LP_Hans
Después de Villaamil: instituciones comunes y polarización política en la España contemporánea
Cuando Ramón Villaamil recorría las calles del Madrid de Galdós, preocupado por una cesantía que amenazaba con arrastrar a su familia a la ruina, estaba viviendo un drama personal, pero también representando una enfermedad pública. La administración española del siglo XIX era todavía demasiado vulnerable a los cambios políticos. Los empleos dependían con frecuencia de favores, recomendaciones, influencias y alternancias. El funcionario podía convertirse en una víctima más de una batalla que se libraba muy por encima de él. Resulta difícil leer hoy Miau sin advertir hasta qué punto aquella España desconfiaba de la posibilidad misma de una administración neutral.
A menudo contemplamos el pasado como una versión imperfecta de nuestro presente. Sin embargo, la historia rara vez avanza en línea recta. La función pública profesional que hoy conocemos no fue el punto de partida del Estado español moderno; fue una conquista lenta, irregular y en ocasiones contradictoria. Surgió de la necesidad de proteger ciertas tareas esenciales de los vaivenes de la política, de impedir que cada cambio de gobierno alterase por completo el funcionamiento de la administración y de construir un mínimo de continuidad en un país que durante largos periodos conoció más sobresaltos que estabilidad.
Las oposiciones, tan discutidas hoy por unos y defendidas con pasión por otros, nacieron en buena medida de esa aspiración. No pretendían únicamente seleccionar a los más preparados. Pretendían algo más ambicioso: crear un ámbito del Estado que no perteneciera enteramente a ningún gobierno. Un espacio donde el mérito sustituyera al favor y donde la permanencia sustituyera a la dependencia.
Por supuesto, ninguna solución histórica resuelve todos los problemas. Con el tiempo, la profesionalización genera estabilidad; la estabilidad crea cultura; y toda cultura acaba desarrollando sus propias inercias. Los grandes cuerpos administrativos españoles acumularon experiencia, conocimiento técnico y memoria institucional, pero también una determinada manera de entender el Estado y su funcionamiento. No podía ser de otro modo. Las instituciones, como las personas, adquieren hábitos. Conservan recuerdos. Aprenden a defenderse.
Durante buena parte del siglo XX y de lo que llevamos del XXI, ese equilibrio pareció razonablemente sólido. Los gobiernos cambiaban. Los funcionarios permanecían. Los ministros nombraban a sus colaboradores de confianza. Los grandes cuerpos administrativos conservaban una notable continuidad. Existían tensiones, sin duda, pero también una aceptación bastante generalizada de las reglas del juego. La política y la administración mantenían una relación compleja, a veces incómoda, pero generalmente comprensible para todos.
Hoy esa situación parece más frágil.
Desde hace años discutimos sobre jueces, organismos reguladores, medios públicos, universidades, consejos de administración, fiscalías, empresas públicas, asesores, altos cargos y nombramientos. La discusión adopta formas distintas según el asunto del momento, pero casi siempre gira alrededor de una misma sospecha: la de que detrás de cada organización existe una facción y detrás de cada decisión un alineamiento político.
No se trata únicamente de que existan desacuerdos. Las democracias viven de ellos. Lo verdaderamente llamativo es la creciente dificultad para aceptar la posibilidad de espacios compartidos. Dos ciudadanos pueden observar la misma realidad y llegar a conclusiones opuestas; eso siempre ha ocurrido. Lo novedoso es que cada vez resulta más frecuente que también discrepen sobre la legitimidad de los árbitros, de las reglas y de las estructuras encargadas de sostener la vida común.
Donde unos perciben independencia, otros perciben captura. Donde unos observan profesionalidad, otros sospechan parcialidad. Donde unos ven neutralidad, otros detectan militancia encubierta. Poco a poco, aquello que debería pertenecer al conjunto comienza a ser interpretado como patrimonio de una de las partes.
La cuestión es más profunda de lo que suele reconocerse.
Durante mucho tiempo, la discusión pública sobre el Estado giró alrededor de su tamaño, de su eficiencia o de su coste. Más recientemente hemos debatido sobre el número de asesores, la proliferación de organismos, los cargos de libre designación o la influencia de los gobiernos sobre determinados puestos directivos. Son debates legítimos y necesarios. Sin embargo, existe el riesgo de que, concentrados en los detalles, perdamos de vista la cuestión principal.
El problema no es únicamente cuántos nombramientos puede realizar un gobierno. Tampoco cuántos funcionarios integran una administración o cuántos organismos conforman el entramado institucional de un país. El problema aparece cuando esas estructuras dejan de ser percibidas como una herencia compartida y comienzan a contemplarse como posiciones conquistadas por uno u otro bando.
En este punto conviene recordar una vieja intuición de Unamuno. Frente al ruido de la actualidad política hablaba de la intrahistoria: esa corriente silenciosa y profunda sobre la que transcurre la vida visible de los pueblos. Mientras los periódicos narran acontecimientos y los partidos protagonizan conflictos, la intrahistoria continúa su curso casi imperceptiblemente.
Hay algo de esa intrahistoria en el funcionamiento cotidiano del Estado. Mientras los gobiernos se suceden, alguien sigue recaudando impuestos, gestionando hospitales, inspeccionando alimentos, administrando justicia, concediendo licencias o elaborando estadísticas. La inmensa mayoría de las tareas que permiten funcionar a una sociedad moderna ocurren lejos de los focos y sobreviven a los cambios de ciclo político. Quizá el mayor éxito de una administración sea precisamente ese: que apenas se note.
Pero incluso esa corriente silenciosa puede verse arrastrada por las tensiones de su tiempo. Cuando las divisiones políticas se vuelven más intensas, todo corre el riesgo de convertirse en objeto de disputa. Las organizaciones dejan de contemplarse como puentes y comienzan a verse como fortalezas. Cada nombramiento se interpreta como una conquista. Cada decisión como una señal de alineamiento. Cada desacuerdo como una prueba de deslealtad.
Las grandes catedrales europeas fueron levantadas por generaciones que sabían que nunca llegarían a contemplar la obra terminada. Colocaban una piedra que otros continuarían elevando décadas después. Ninguna generación podía atribuirse la construcción completa, del mismo modo que ninguna podía reclamar su propiedad exclusiva. Las instituciones democráticas comparten algo de esa lógica. Se reciben de quienes nos precedieron, se reforman cuando es necesario y se transmiten a quienes vendrán después. Su legitimidad descansa precisamente en que pertenecen a una continuidad más amplia que cualquier gobierno, partido o coyuntura.
Por eso quizá la cuestión decisiva no sea cuántos asesores tiene un gobierno, ni cuántos altos cargos puede nombrar un ministro, ni siquiera cuántos funcionarios integran nuestras administraciones. Esas preguntas son importantes, pero permanecen en la superficie de un problema más profundo.
La cuestión verdaderamente importante es si una sociedad profundamente dividida puede seguir compartiendo unas instituciones comunes.
Porque las democracias no se sostienen únicamente sobre leyes, reglamentos o procedimientos. Se sostienen también sobre una convicción mucho más frágil: la de que existen espacios que pertenecen a todos y que no pueden ser apropiados por ninguna de las partes.
Las sociedades rara vez pierden esos espacios comunes de una sola vez. Lo habitual es que dejen de reconocerlos poco a poco. Primero aparece la sospecha. Después la desconfianza. Más tarde la tentación de considerar que todo debe estar al servicio de una causa, de una ideología o de una mitad del país. Y cuando ese proceso culmina, descubrimos que aquello que creíamos poseer en común ya no era realmente común. Había dejado de pertenecernos a todos mucho antes de que fuéramos capaces de advertirlo.
Tal vez ése sea uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. No la construcción de nuevas instituciones, sino la conservación de aquellas que todavía permiten que una sociedad diversa siga reconociéndose como una comunidad política. No la victoria de una mitad sobre la otra, sino la preservación de aquello que hace posible la convivencia entre ambas.
Porque hay cosas que sólo existen mientras todos aceptan que no pertenecen a nadie en particular.
Y precisamente por eso pertenecen a todos.
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Artículo de Redacción publicado en https://www.lawyerpress.com/2026/06/02/lo-que-pertenece-a-todos/
