Se aceleran los reportes de personas desaparecidas en México, sobre todo en el estado de Jalisco
Es noticia que en apenas cinco días, 43 personas fueron reportadas como desaparecidas en Jalisco. Entre ellas hay siete menores de edad. Así lo informó el medio Milenio.
Las personas desaparecidas son hombres, mujeres, adolescentes y niñas que salieron de sus hogares rumbo a la escuela, al trabajo o simplemente a realizar actividades cotidianas y no regresaron.
Las desapariciones en México son perpetradas mayormente por el crimen organizado, aunque también involucran casos de desaparición forzada a manos de agentes del Estado. En esta crisis humanitaria, que acumula decenas de miles de casos, la impunidad, la corrupción y la violencia generalizada son los principales motores de este fenómeno.
Las desapariciones de personas (específicamente bajo la figura de «desaparición forzada») constituyen un crimen de lesa humanidad cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
Bajo el derecho internacional el delito de lesa humanidad se configura cuando la privación de la libertad es realizada por agentes del Estado (o por personas que actúan con su apoyo, autorización o aquiescencia), seguida de la negativa a reconocer dicha detención y de ocultar el paradero de la persona.
El gobierno de México rechaza sistemáticamente el término «desaparición forzada» para describir la magnitud de la crisis humanitaria, negando la participación institucional. El Estado argumenta que los informes internacionales carecen de rigor y omiten avances gubernamentales, manteniendo una postura que minimiza la gravedad del problema.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazaron el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU. El gobierno lo calificó de «tendencioso» y argumentó que extrapola datos de solo cuatro estados, omitiendo los avances institucionales logrados.
El Ejecutivo federal sostiene de manera reiterada que «el gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas». No obstante, colectivos de familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos denuncian que esta narrativa oficial invisibiliza la participación de actores estatales y revictimiza a los buscadores. Señalan que la prioridad del gobierno es proteger su imagen internacional en lugar de brindar recursos y apoyo efectivo a las familias.
Esta situación generalizada se agrava por la impunidad y la colusión entre el crimen organizado y autoridades, lo que ha generado temor social y ha llevado a los familiares a tomar la labor de búsqueda.
La CIDH y la ONU han alertado sobre esta epidemia continua. Recientemente, comités de las Naciones Unidas señalaron que el hallazgo de miles de fosas clandestinas y la magnitud del problema podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad.
El miedo se ha extendido en la sociedad mexicana e internacional debido a la percepción de que las desapariciones ocurren con el conocimiento, la tolerancia o la participación directa de diversos niveles del Estado.
Es por ello que Organizaciones como la ONU Derechos Humanos en México colaboran con víctimas y colectivos para impulsar la búsqueda, verdad y reparación integral.
