Los fondos privados están sufriendo una reestructuración profunda bajo el nuevo esquema de pilares, con un fuerte traslado de recursos a la entidad estatal Colpensiones
Los cambios en el sistema de pensiones en Colombia (Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP) derivados de la reforma previsional aprobada y en implementación (a partir de 2025-2026) son significativos.
En Colombia, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) operaban bajo un modelo de ahorro individual, distinto a las antiguas AFJP argentinas, permitiendo inversiones nacionales e internacionales (hasta el 70% en el extranjero) para rentabilizar los ahorros de los trabajadores. La rentabilidad determina el 70% del saldo pensional final.
El gobierno ordenó a los fondos privados de pensiones (AFP) trasladar $25 billones de pesos colombianos (aproximadamente US$7.000 millones) a Colpensiones en un plazo de 30 días, según un decreto de abril 2026.
Se estableció un régimen de transición para quienes tengan 750 semanas (mujeres) o 900 semanas (hombres) cotizadas al 1 de julio de 2025, quienes seguirán bajo la ley anterior.
Para personas con ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos (aproximadamente $3.274.050 COP), es obligatorio seleccionar una administradora privada (AFP) para el excedente de la cotización.
Estos cambios generan una gran controversia por el manejo de los fondos y el impacto en la rentabilidad, debido al traslado forzoso de los recursos de los trabajadores desde el sector privado al público.
Como se mencionó, Argentina ya pasó por este proceso en el año 2008. La eliminación de las AFJP en Argentina estatizó el sistema previsional, transfiriendo fondos a la denominada ANSES bajo el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Esto aumentó la cobertura previsional al 97% y unificó los aportes, pero generó un fuerte impacto fiscal y dejó las jubilaciones dependientes de la recaudación estatal y la inflación.
Se transfirieron aproximadamente $100 mil millones de pesos a la ANSES, incluyendo acciones, bonos y depósitos. Esto permitió una rápida ampliación de la cobertura previsional a millones de personas que no cumplían los años de aporte, elevándola al 97%, la más alta de la región.
En el caso argentino, se pasó de un sistema de capitalización individual (donde cada uno ahorraba lo suyo) a un sistema de reparto (donde los activos pagan a los pasivos).
La proporción de aportantes respecto a los beneficiarios de toda clase de jubilaciónes, muchas sin ningún tipo de aporte y sin control sobre la necesidad de que esa persona reciba una jubilación del estado, hizo que los montos que recibe cada uno de los beneficiarios sea de indigencia. A ello se le suma que al eliminarse las cuentas individuales, los haberes quedaron atados a las leyes de movilidad que apruebe el Congreso, lo que en años posteriores resultó en la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación para muchos jubilados.
No obstante vale aclarar que a fecha de mayo de 2026, Colombia no ha «estatizado» las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, equivalentes a las AFJP en Argentina) en el sentido de expropiarlas o eliminarlas por completo como sucedió en Argentina en 2008.
