Argentina prohibió la salmonicultura en 2021, convirtiéndose en el primer país del mundo en hacerlo, principalmente por el alto impacto ambiental
Pero se descubrió que esa prohibición por impacto ambiental fue alentada por organismos ambientalistas financiados por Noruga, que junto a Chile son los principales cultivadores de salmones en el mundo.
La argentina Ley 1355, aprobada por unanimidad en Tierra del Fuego en junio de 2021, prohibió la cría industrial de salmón en jaulas, mientras los otros dos países se adueñaron de la industria.
En 2018, existía un acuerdo entre el gobierno argentino y empresas de capitales noruegos para impulsar la actividad. Sin embargo, la resistencia de la comunidad local (que ahora se sabe estaba financiada por intereses noruegos= y la preocupación por la contaminación —supuestamente basada en experiencias en Chile— llevaron a la prohibición. De este modo dejaron a Argentina fuera del comercio de salmones.
Así, Chile se convirtió en el segundo mayor productor mundial de salmón, concentrando su industria en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Este sector genera más de 86.000 empleos directos e indirectos y miles de millones en exportaciones.
Una controversia surgió por el financiamiento de más de $500 millones (aprox. USD 500.000) por parte de la ONG noruega Norwegian People’s Aid (NPA) a comunidades lafkenche en el sur de Chile. Estos recursos, provenientes del gobierno noruego, se utilizan para reclamaciones territoriales que paralizan proyectos de salmoneras chilenas, competidoras directas de Noruega. Si bien no impidieron que la industria continúe en Chile, sí lo lograron en Argentina, dejando pérdidas millonarias y miles de empleos.
Las comunidades Lafkenche («gente del mar» en mapudungún) son una identidad territorial mapuche del sur de Chile, fundamentalmente ligada a la protección del borde costero, ríos y el mar. Gestionan espacios ancestrales mediante la Ley Lafkenche (ECMPO) y recientemente han estado en el foco político por financiamiento extranjero para detener proyectos salmoneros.
En 2026, surgieron fuertes controversias y debates sobre soberanía, tras revelarse que la ONG noruega Norwegian People’s Aid aportó cerca de $500 millones de pesos a estas comunidades, facultándolas para frenar proyectos de la industria salmonera, lo que generó reacciones políticas y peticiones de revisión de la ley.
No obstante, tras ver el impulso de Chile y Noruega con las salmoneras, Argentina aprobó en diciembre 2025 la producción industrial de salmones, modificando la ley de 2021 que la prohibía. Esta normativa permite la instalación de granjas, principalmente en zonas marinas fuera del Canal Beagle, impulsado como «actividad estratégica» para la economía local, generando fuerte oposición ambientalista. Se espera que la implementación definitiva de esta normativa se defina hacia mediados de marzo de 2026.
