José Manuel Pradas – La Huella de la toga (segunda temporada)
Corresponde contar un momento trágico para el Colegio de Abogados de Madrid que, hoy día, es totalmente desconocido para la inmensa mayoría de sus miembros y que trajo consigo, al menos, tres hechos importantísimos que voy a intentar relatar con desapasionamiento.
El nudo gordiano de esta historia consiste en algo tan sencillo como intentar explicar con claridad cómo el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid fue esquilmado por el diputado que ejercía las delicadas funciones de tesorero durante casi treinta años. Este hecho trajo consigo prácticamente la quiebra de la Institución; la casi segura muerte del entonces decano Díaz Cobeña por el disgusto que se llevó; la adopción de una serie de medidas para que esos hechos no volvieran a suceder y, finalmente, la adquisición por el Colegio de uno de sus bienes más preciados, como es el manuscrito del Ordenamiento de Montalvo. Así que serénese el lector, que la cosa va para largo.
Comencemos. A mediados de diciembre de 1910, la Junta analiza el presupuesto para el año siguiente y aprueba los gastos del que termina y declara solemnemente “… acordándose que constara en acta su voto unánime de gracias por la celosa, activa e inteligente gestión del Señor Tesorero, Excmo. Señor Don José Díez Macuso, en el desempeño de su cargo.”
Señor Tesorero, Excmo. Señor Don José Díez Macuso
En similares fechas de 1911, se adopta idéntico acuerdo de agradecimiento, con la sutil diferencia de que la gestión del tesorero, que en 1910 había sido celosa activa e inteligente, era ahora se convierte en “inteligente, activa y celosa gestión…”
Conviene, antes de que los acontecimientos empiecen a precipitarse, hacer un pequeño receso en el devenir de la historia para conocer quién era el personaje principal de este relato, el malo de la película para entendernos y que actuaba, al parecer, con tanta diligencia que sus compañeros no dudaban en llenarle de alabanzas.
José Díez Macuso, nació en Toro (Zamora) en 1844 y falleció en Madrid en junio de 1916. En ese interín le dio tiempo para hacerse abogado, diputado por la circunscripción de Toro en las filas del Partido Conservador, con carácter casi eterno, llegando a ocupar los cargos de director general de Instrucción Pública y de Administración Local; fue además Fiscal del Tribunal Supremo -hoy equivalente a Fiscal General del Estado – y miembro activo de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en la que ocupó numerosos cargos, hasta su desembarco en el ICAM. A estos datos, tomados de la página de biografías de la Real Academia de la Historia, hay que añadir lo que de Díez Macuso dijo todo un personaje de la época como Gumersindo de Azcárate al presentarle como Académico de número en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en 1902: “inteligente, íntegro y honrado”, además de otras gentiles lisonjas propias del momento. Como veremos, don Gumersindo andaba un poco desubicado.
Esta fachada de prohombre de la Patria se demostró totalmente falsa. Lo que realmente era Díez Macuso era un ladrón que robó a su Colegio -y a sus compañeros- hasta llevarlo casi a la ruina. Y no lo digo yo, lo dicen tozudos hechos que más adelante se irán desgranando, además de su propia confesión. No consigo entender cómo lo que voy a contar es toda una primicia informativa de la que nadie sabe o ha sabido nunca. De hecho, en la web del Ministerio Fiscal, donde se reproducen las biografías de los fiscales generales, se dice textualmente: “ha sido muy difícil encontrar datos biográficos del interesado…” En una palabra, un halo de misterio se ha constituido alrededor de la figura de Díez Macuso, que hoy vamos a intentar desvelar, al menos en parte y hasta donde podamos llegar, porque nunca sabremos los motivos por los que actuó de forma tan despreciable.
Únicamente en cierta prensa, de oposición por así decirlo a la Junta de gobierno, como sería “El Pais”, con artículos de Barriobero; “El Duende” de Fernández-Arias y “El Foro” de Bravo Morayta, se trata el tema, pero con carácter muy puntual, dejando de ser noticia enseguida.
Así que nos vamos al 23 de octubre de 1913, fecha en que sucede lo impensable. Después de tratar una serie de cuestiones aparentemente anodinas y de mero trámite, tales como el ofrecimiento de regalar al Colegio un retrato de Canalejas o de que el turno de oficio a partir del 1 de enero fuese nuevamente obligatorio para todos los letrados, el secretario Castillejos toma la palabra para decir que hay que ir preparando las cuentas del ejercicio y el presupuesto para el año siguiente. Cuando todo estaba previsto para agradecer al tesorero su trabajo y dedicación en similares términos a años anteriores, estalla la bomba que hace que la Junta de Gobierno se prolongue por cuatro horas.
El secretario informa que en la cuenta del Colegio había 183.325,28 pesetas, lo que suponía un superávit de 8.422 pesetas. En ese momento el tesorero afirma dos cosas: la primera que está de acuerdo con las cantidades expresadas por el secretario; la segunda que el dinero no está en la cuenta del Colegio en el Banco de España, sino en una cuenta particular a su nombre.
La que se debió montar, yo creo, nos la podemos imaginar todos. La Junta a propuesta de un diputado, Raventós, acuerda que en unos plazos perentorios el tesorero abone 50.000 pesetas en una cuenta del Colegio y que el resto lo invierta en Títulos de la Deuda interior al 4% y que, de todo ello, informe inmediatamente de lo actuado a la Junta.
Unos días después se vuelve a reunir la Junta de Gobierno, inquiriendo al tesorero sobre si había hecho lo ordenado; éste dice que no lo ha hecho, de manera que la Junta le concede un nuevo plazo improrrogable hasta el 6 de noviembre. Cuando se le indica al secretario que convendría ir preparando de todos modos las cuentas, el secretario informa que, desde noviembre de 1912, es decir, un año antes, no se ha hecho un solo asiento y que, por consiguiente, la contabilidad del Colegio es una auténtica catástrofe. La Junta se da por enterada de estas manifestaciones y decide una reorganización total de la contabilidad del Colegio y que se proceda a informar con carácter mensual a la Junta de Gobierno del estado de las cuentas, para tener un control riguroso y firme de las mismas. Para ello será necesario, además, la contratación de un oficial contable con carácter interino para ponerlo todo al día y, especialmente, el libro de caja. Hasta que no se conozca la situación exacta, será inútil preparar la Junta de Presupuestos.
Para la siguiente Junta que se celebró el 6 de noviembre, el contable contratado había actuado con rapidez y eficacia y ya se podía determinar la cantidad que faltaba. Eran 207.941,96 pesetas. Preguntado el tesorero, dijo que no podía asegurar que fuese esa cantidad, pero que él era consciente que deber, debía. Cuando Díaz Cobeña pregunta a Macuso si había hecho lo que se le había ordenado en las Juntas precedentes, éste contestó que no, porque no podía hacerlo, ya que carecía de dinero. Además, contraatacó, por así decirlo, manifestando su dolor con sus compañeros, pidiendo un plazo generoso para devolver lo adeudado y lamentándose a la vez de que no se habían tenido en cuenta los 24 años que llevaba como tesorero del Colegio, donde había conseguido pasar de unos activos cifrados en doscientas mil pesetas a casi un millón.
Lo que no sabremos nunca es si esa subida en los activos del Colegio fue gracias a Díez Macuso o más bien a pesar suyo, ya que no queda claro desde cuando empezaron las irregularidades, si fueron en ese año, o se arrastraban de otros ejercicios haciéndose cada vez más grande la bola de nieve, y tampoco las causas del desfalco, si era por el juego, por mujeres, en fin, por lo que fuera. Si alguien quiere investigarlo, por mi parte no hay el más mínimo inconveniente, pero me temo que no será sencillo averiguar las causas, pasado tanto tiempo.
Aplica entonces la Junta una especie de “tercer grado” al tesorero, para que manifieste qué bienes posee que puedan ser considerados como una garantía para el Colegio, a lo que Díez Macuso contestó que en aquellos momentos únicamente podía ofrecer como garantía 7.000 pesetas en metálico, dos casas en la calle del Olivar “que cree valdrán unos quince mil duros” y unas fincas en Toro, en proindiviso con una hermana y unos primos, de las que no podía cuantificar su valor.
Es “invitado” a abandonar el Colegio y la Junta acuerda unánimemente cesar a Díez Macuso, nombrar un tesorero interino en la figura del diputado Jiménez de la Puente y que, al día siguiente a las cuatro de la tarde, éste, acompañado de Ossorio y Gallardo y del secretario Castillejo, se personasen en el domicilio del extesorero para levantar acta, arramblasen con el dinero que pudieran y que, a la vez, exigieran a Díez Macuso la entrega de toda clase de bienes realizables para garantizar el cobro de la deuda que tuviera con el Colegio, una vez hechas las cuentas necesarias para determinarla. Se decide entonces que la Junta se volvería a reunir a los dos días.
El 8 de noviembre, la Comisión informa al resto de la Junta de su visita a casa de Díez Macuso, que entregó los resguardos del dinero del Colegio depositados en el Banco de España y los títulos de propiedad de las casas de la calle del Olivar 20 y 22 de Madrid. Los de las fincas de Toro no los tenía y los libros y cuadros que ofrecía ya se los daría al Colegio más adelante.
A la vista de esto, el secretario considera que hay que convocar una Junta General Extraordinaria para dar cuenta “de un suceso de la gravedad y trascendencia como el que acaba de ocurrir”. Ossorio y Alcalá-Zamora se oponen y argumentan, logrando convencer al secretario, de la conveniencia de actuar con prudencia y sólo convocarla una vez se haya podido asegurar una solución aceptable. Tomada la decisión de posponer la Junta Extraordinaria, la Junta de Gobierno adopta otras medidas, consistentes básicamente en aceptar la dación en pago de todos los bienes, tanto de fincas, como de libros y cuadros y concretar para el futuro una serie de medidas de seguridad basadas en la mancomunidad de los movimientos de dinero, así como afrontar la contratación de personal especializado, como contables y pagadores. Una vez se hubieran firmado lo documentos notariales necesarios, se convocaría la Junta General Extraordinaria, para dar cuenta al colectivo y que este ratificara lo actuado.
Y así se hizo, celebrándose la Junta General Extraordinaria a las tres de la tarde del día 20 de noviembre de 1913, con asistencia de treinta y dos colegiales en la Sala de Juntas del Colegio. Casi inmediatamente, hubo de ser suspendida ante las protestas que formulaban una multitud de letrados que no podían acceder a la sala, por exceder su capacidad -parece ser que hubo también algún duelo a bastonazos- de manera que se continuó la Junta Extraordinaria pasados tres días en el Teatro de la Comedia, en la calle del Príncipe, con la asistencia masiva de doscientos quince abogados.
Y aquí lo dejo, ya veremos como continúa la historia de Díez Macuso. No ha sido fácil encontrar una foto suya, pero aquí está “el Dioni” particular del ICAM, con estas patillas blancas tan largas casi tanto, si no más que las de cualquier bandolero de la Sierra Morena
La entrada Cuando el ICAM quebró – (Primera parte: Un ladrón en la Junta) se publicó primero en Lawyerpress NEWS.
