Sevilla.- El Juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) que investiga pozos no autorizados administrativamente en la finca Aljóbar de Aznalcázar, de la Casa de Alba y situada en el entorno de Doñana, ha denegado la petición de prórroga de la instrucción que pidió la Fiscalía al entender que la investigación está ya «prácticamente agotada».
Esta decisión ha sido adoptada por el juez de la plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor en un auto, al que ha tenido acceso EFE este lunes, en el que indica que quedaría todavía la ratificación de una pericial que solicitó la defensa.
«Es la única de las diligencias que se han propuesto que se considera de cierta utilidad por su tecnicidad», indica el magistrado en la resolución en la que deniega la nueva prórroga de seis meses de la instrucción judicial pedida por la Fiscalía.
«Nada relevante, ni para la acusación ni para la defensa, va a suponer traer al procedimiento a las personas denunciantes de esas extracciones presuntamente ilegales», añade en su resolución -contra la que cabe recurso- el juez, quien a su vez ha citado el próximo 21 de abril al referido perito aportado por la defensa para que ratifique su informe de forma presencial o telemática.
Una pericial que cuestiona la de la Guardia Civil
Fuentes del caso han informado a EFE que, en dicho informe, se intentan contrarrestar las conclusiones de otro anterior del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, al considerar «manifiesta falta de la más elemental objetividad y con desconocimiento de la normativa de aplicación y del contenido de documentos indubitativos del Plan Hidrológico del Guadalquivir».
«Confunde y tergiversa datos objetivos con el propósito manifiesto de realizar una estimación improcedente de un daño o riesgo de daño al dominio público hidráulico que permita sostener la imputación de una gravísima responsabilidad por daños ambientales sustanciales en todo punto inexistentes», indica esa pericial de parte, según las fuentes.
La Unidad Central Operativa (UCO) de Medio Ambiente de la Guardia Civil cifró en su informe pericial, al que tuvo acceso EFE, en 5,14 millones de euros el posible beneficio indirecto derivado del uso ‘ilícito’ de agua en una finca investigada de la Casa de Alba.
Valoración económica del posible daño
Ese informe se centró en la valoración económica del posible daño ambiental de la extracción hídrica subterránea en la Finca Aljóbar, ubicada en el municipio de Aznalcázar, en el marco de la operación ‘Irrigatio’.
El informe pericial cifró además entre 5,87 y 6,27 millones de euros la «cuantificación económica total» derivada de la posible extracción «ilícita», y destacó la importancia de explotación del acuífero puesto que la circulación de agua subterránea predominante está hidráulicamente conectada con el sistema acuífero Almonte-Marismas y el aluvial del río Guadiamar, que nutre el entorno natural de Doñana.
Uno de los últimos pasos más destacados sobre esta causa judicial se produjo el pasado 18 de septiembre, cuando fue citado el representante legal de la empresa Eurotécnica Agraria, encargada de la gestión de la referida finca, a declarar como investigada.
El representante legal de esta sociedad, que tiene entre los miembros de su consejo de administración a los hermanos Cayetano, Eugenia, Fernando José y Luis Martínez de Irujo, se acogió a su derecho a no declarar en la instrucción por los pozos no autorizados administrativamente.
En este caso ya declaró como investigado el nieto de la duquesa de Alba, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, quien señaló el 20 de febrero de 2025 que se había iniciado la regularización de los pozos investigados a raíz de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. EFEverde
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