La desaparición de la incapacitación judicial obliga a adaptar la situación legal de muchos familiares para evitar bloqueos bancarios, sanitarios o patrimoniales.
La reforma legal que ha cambiado la protección jurídica de las personas con discapacidad en España está generando una situación silenciosa que ya comienza a preocupar a profesionales del ámbito jurídico: numerosas familias continúan gestionando la situación personal y económica de sus familiares bajo un sistema que, jurídicamente, ya no existe.
Desde la modificación del Código Civil, el tradicional procedimiento de incapacitación ha desaparecido. La ley ya no permite retirar la capacidad jurídica de una persona, sustituyéndola por un nuevo modelo basado en medidas de apoyo destinadas a preservar su autonomía y su capacidad de decisión.
El cambio supone un giro radical respecto al sistema anterior. Ya no se trata de decidir por la persona, sino de ayudarla a decidir. Sin embargo, esta transformación normativa está pasando desapercibida para buena parte de la población, especialmente en entornos familiares donde existen personas mayores o con discapacidad intelectual o cognitiva.
Según explican desde Unive Abogados, esta falta de adaptación puede provocar problemas prácticos relevantes en el día a día.
“Nos encontramos con familias que creen tener resuelta la situación legal de un familiar cuando, en realidad, las figuras que utilizaban han quedado superadas por la nueva legislación. Esto puede generar dificultades en gestiones bancarias, decisiones médicas o administración de bienes”, señalan desde el despacho.
El nuevo sistema introduce herramientas más flexibles, como los poderes preventivos, el reconocimiento legal del familiar cuidador o la denominada curatela, que pasa a ser la principal medida judicial de apoyo. A diferencia del antiguo modelo, la persona mantiene su capacidad jurídica y recibe asistencia únicamente en aquellos ámbitos donde realmente la necesita.
Los especialistas advierten además de que la planificación anticipada cobra ahora una importancia clave. En casos de deterioro cognitivo progresivo o enfermedades neurodegenerativas, no adoptar medidas a tiempo puede obligar a iniciar procedimientos judiciales cuando la situación ya es urgente.
El procedimiento para establecer apoyos puede iniciarse por familiares, por la propia persona interesada o por el Ministerio Fiscal, y tiene como finalidad encontrar siempre la solución menos restrictiva posible.
Desde Unive Abogados destacan que el nuevo marco legal está incrementando las consultas relacionadas con la organización jurídica familiar y la protección patrimonial, especialmente entre familias con personas dependientes o en proceso de envejecimiento.
“La reforma busca proteger respetando la voluntad de la persona. Pero para que funcione, las familias deben conocer que el sistema ha cambiado y adaptar su situación jurídica a tiempo”, concluyen.
FUENTE: UNIVE ABOGADOS
