Madrid.- Los agentes forestales encargados de proteger los montes solicitan que la ley de enjuiciamiento criminal, actualmente en tramitación parlamentaria, reconozca sus competencias como policía judicial para evitar el riesgo del «limbo legal» entre unos profesionales que son los garantes de la custodia del medioambiente del territorio, según un comunicado del CSIF publicado este viernes.
«Entre estas competencias se incluyen la colaboración en la investigación de delitos relacionados con el medio ambiente, elaborar atestados e informes y asegurar pruebas y elementos de delito», según la central sindical.
El sindicato recuerda que hay cerca de 6.000 agentes forestales y medioambientales en todas las comunidades autónomas y que sus funciones son básicamente policiales (son los garantes de la custodia y vigilancia del medioambiente).
Es necesario que se reconozcan sus funciones en la ley para evitar vacíos legales, según el sindicato.
«Defendemos que son prácticamente una policía especial administrativa y judicial especialidad en materia de medio ambiente», asegura CSIF en el comunicado.
El sindicato solicita concretamente que en la redacción legal del artículo relativo a las funciones de la policía judicial, tengan dicha consideración los funcionarios de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y del Servicio de Vigilancia Aduanera y también los Cuerpos, escalas y especialidades de Agentes Forestales y Medioambientales en el ámbito de su respectiva competencia.
El sindicato recuerda que los agentes forestales y medioambientales reciben desde hace años formación especializada en la lucha contra el delito ambiental (investigación de incendios forestales, lucha contra el furtivismo, toma de muestras, uso de medios y artes ilegales, etc).
Añade que también colaboran con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como con cualquier otro cuerpo cuyos funcionarios sean agente de la autoridad, condición que ellos también tienen. EFEverde
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