La Sala Primera del Tribunal Supremo ha aprobado un Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional por el que propondrá a las partes la derivación a mediación de todos los recursos de casación aún pendientes relacionados con el conocido “cártel de los camiones”, una litigación masiva que representa aproximadamente el 16% de los asuntos en trámite ante esta Sala.
Según el propio Tribunal, la situación actual refleja un colapso estructural: «A fecha 31 de diciembre de 2025, los asuntos pendientes se cifran en 27.864 recursos», de los cuales cerca del 60% corresponden a litigación masiva, incluyendo banca, cláusulas abusivas y el cártel de camiones.
Más de 4.500 recursos aún pendientes
El Supremo detalla que, pese a los desistimientos y acuerdos alcanzados en el último año, siguen en tramitación unos 4.206 recursos en fase de admisión y otros 356 pendientes de señalamiento. La Sala recuerda que desde junio de 2023 ha dictado 171 sentencias que ya han fijado la doctrina aplicable, por lo que los asuntos restantes requieren únicamente la aplicación reiterada de criterios ya consolidados.
Como recuerda el Alto Tribunal, entre las cuestiones ya resueltas jurisprudencialmente destacan:
- Presunción de existencia de daño.
- Estimación judicial del sobreprecio en el 5% del precio de adquisición.
- Devengo de intereses desde el pago del camión.
- Plazo de prescripción de cinco años desde la publicación de la Decisión de la Comisión Europea (6 de abril de 2017).
- Inclusión de camiones especiales como hormigoneras y operaciones de leasing.
- Exclusión de vehículos adquiridos tras el fin oficial del cártel.
La mediación como vía para descongestionar la casación
El Acuerdo establece que en todos los recursos pendientes se dictará una providencia proponiendo a las partes acudir a mediación. El Tribunal señala que instituciones como el Centro Español de Mediación de la Cámara de Comercio de España ofrecen garantías de idoneidad, aunque las partes podrán elegir cualquier sistema de mediación.
El Supremo subraya que la aceptación será voluntaria, pero advierte que la negativa injustificada podría tener efectos en materia de costas, atendiendo a la doctrina sobre buena fe procesal, temeridad y abuso del proceso. En palabras del Acuerdo: «La eventual negativa a colaborar en una resolución consensuada del conflicto podrá tener efectos en materia de costas».
Fundamento normativo y contexto europeo
Aunque la nueva Ley Orgánica 1/2025 no es aplicable directamente a estos procedimientos, la Sala recuerda que su disposición transitoria novena permite a las partes someterse de común acuerdo a medios adecuados de solución de controversias. Además, el Tribunal destaca la tendencia europea a reforzar la mediación, citando el reciente proyecto de Directiva del Consejo de la UE (noviembre de 2025) para modernizar los sistemas ADR.
El Supremo insiste en que la casación no está diseñada para resolver miles de recursos idénticos una vez fijada la jurisprudencia. El Acuerdo alerta del riesgo para la función casacional y para la sostenibilidad del sistema: «Se alcanza esa situación de colapso […] que amenaza gravemente la sostenibilidad del sistema de casación civil».
Para Juan Camacho, socio de BGI-LAW, “el toque de atención del Supremo a las empresas implicadas en el cartel de los camiones pone de relieve la mala fe con la que han actuado al seguir dilatando los procesos a pesar de contar con la jurisprudencia suficiente”.
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