Viena.- El tráfico ilegal de residuos causa graves daños económicos, ambientales y a la salud pública, mientras las «lagunas legales y bajas sanciones» permiten a los delincuentes evadir castigos, lo que impulsa un comercio que, según un estudio de la ONU, mueve miles de millones de dólares por año.
Un informe especial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), publicado este jueves en Viena, destaca que los residuos eléctricos y electrónicos, los plásticos, los vehículos viejos, los residuos metálicos y las mezclas son los desechos traficados en ese comercio ilegal.
Sin embargo, este tráfico «sigue siendo muy difícil de detectar, investigar y procesar», asegura la directora de Análisis Políticas y Asuntos Públicos de ONUDD, Candice Welsch.
«No se trata de un desafío abstracto, sino de uno con graves consecuencias para la salud pública, ya que genera contaminación tóxica del agua potable, los océanos o el suelo», advierte la experta de la ONU.
Incentivos económicos impulsan el tráfico ilegal
La ONUDD subraya que el incentivo económico es uno de los principales motores del delito, pues gestionar residuos conforme a la normativa resulta más costoso que eliminarlos o exportarlos ilegalmente.
En muchos casos, las sanciones por tráfico de residuos son muy inferiores a las ganancias potenciales que se pueden obtener mediante el envío ilegal de residuos electrónicos.
En 2024, el mercado mundial de gestión legal de residuos fue valorado en 1,2 billones de dólares, aunque se desconoce el tamaño real del mercado ilegal, ya que sus beneficios suelen entrelazarse con operaciones legítimas.
Según estimaciones locales, señala la ONUDD, solo las ganancias provenientes de residuos electrónicos gestionados de forma informal, alcanzan entre 12.500 millones y 18.800 millones de dólares anuales.
El estudio de la ONU asegura que todas las regiones del mundo están involucradas en la exportación, importación o tráfico ilegal de residuos, si bien Europa concentra el mayor número de casos notificados.
El informe también revela que tanto grupos del crimen organizado como empresas aparentemente legítimas participan en estas actividades en forma de exportadores de residuos, agentes de vertido, inspectores, empresas de transporte o distribuidores de residuos.
Algunas compañías incumplen deliberadamente la normativa, otras contratan servicios ilegales y otras operan en estructuras paralelas para eludir controles, explica la ONUDD.
Prácticas fraudulentas dificultan la trazabilidad
Entre las prácticas detectadas se incluyen la falsificación de documentos, el etiquetado fraudulento de residuos peligrosos como ‘no peligrosos’, la mezcla de desechos para ocultar su naturaleza y el tránsito por terceros países para dificultar la trazabilidad.
Además, las organizaciones aprovechan fluctuaciones de precios para explotar posibles lagunas en la aplicación de normativas locales, pues lo que se considera residuo en un lugar puede no serlo en otro debido a las diferencias de legislación.
El estudio también revela que, si bien el vertido, la quema, el traslado y la eliminación ilegal de residuos ocurren en todo el mundo, los desechos menos valiosos o los más difíciles de eliminar se envían desde las regiones de altos ingresos a las de bajos ingresos.
Como receptores, los países de bajos ingresos pueden tener dificultades para gestionar los residuos de forma respetuosa tanto con el medioambiente como con la salud de los trabajadores, pues a menudo los desechos peligrosos se mezclan con los municipales y los empleados no cuentan con el equipo de seguridad adecuado.
Así, las consecuencias del tráfico de residuos trascienden lo económico y la contaminación de fuentes de agua potable, la quema ilegal de desechos y la liberación de sustancias tóxicas afectan de manera directa a la salud pública, señala la ONUDD.
De hecho, en el caso de los residuos electrónicos -uno de los desechos con mayor crecimiento- apenas el 22,3 % se gestiona de forma respetuosa con el medioambiente, pese a que contienen materias primas valiosas como oro, cobre o hierro que podrían recuperarse.
El estudio prevé que la generación de residuos sólidos urbanos supere el crecimiento de la población, alcanzando los 3.400 millones de toneladas métricas para 2050.
En ese contexto, la ONUDD estima que un tercio de estos residuos no se gestiona, actualmente, de forma ambientalmente respetuosa.
Una mejor comunicación y disponibilidad de datos sobre rutas sospechosas y vulnerabilidades en la cadena de comercio de residuos, junto con la armonización de los delitos y las sanciones, «son esenciales para ayudar a predecir, prevenir y detener mejor los flujos ilegales de residuos», concluye el estudio. EFEverde
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