La decisión del presidente Donald Trump de eliminar la limitación federal de gases de efecto invernadero y revocar el dictamen de peligro vigente desde 2009 no es una mera corrección administrativa. Es una declaración política de gran alcance: Estados Unidos deja de reconocer, en la práctica, la base científica que sustentaba su propia política climática.
No se trata de un debate ideológico convencional entre más o menos regulación. El núcleo del problema es otro: la desautorización política explícita de la ciencia y de décadas de investigación acumulada en física atmosférica, epidemiología y economía ambiental.
El efecto invernadero no es una consigna partidista; es un fenómeno medible. La concentración de CO₂ en la atmósfera no responde a discursos, sino a emisiones. Y los modelos climáticos no se derogan por una orden ejecutiva.
La Casa Blanca presenta la medida como un alivio para fabricantes y consumidores, prometiendo vehículos más baratos y menos cargas regulatorias. Pero esa ecuación omite una variable esencial: los costos diferidos.
Cada tonelada adicional de gases de efecto invernadero implica impactos en forma de fenómenos extremos más intensos, daños en infraestructuras, presión sobre sistemas sanitarios y pérdidas agrícolas.
Esos costos no desaparecen; simplemente se trasladan al futuro —y a los contribuyentes. Quiénes ya los hemos sufrido sabemos de lo que hablamos.
Desde la lógica económica depredadora, la contaminación es una externalidad: quien emite no asume íntegramente el daño que provoca. Por eso, la regulación no es un capricho burocrático; es el instrumento que corrige esa distorsión. Suprimirla no elimina el problema, lo agrava y lo redistribuye.
La política ambiental impacta en la salud
También está en juego la salud pública. La reducción de estándares de emisión no solo afecta al clima global, sino a la calidad del aire que respiran millones de ciudadanos. Diversos estudios han vinculado la contaminación atmosférica con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como con mortalidad prematura.
La política ambiental es, en este sentido, política sanitaria.
Hay además una dimensión estratégica. Mientras Estados Unidos se repliega, otras potencias aceleran la transición energética y consolidan industrias vinculadas a vehículos eléctricos, baterías y energías renovables.
Renunciar a estándares ambientales no solo protege sectores tradicionales; puede debilitar la competitividad futura en sectores de alto valor añadido.
El precedente institucional tampoco es menor. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) fue concebida para aplicar conocimiento científico a la gestión pública. Convertir sus conclusiones en materia opcional según el signo político erosiona la estabilidad regulatoria y la confianza de los inversores.
La desregulación radical puede terminar generando más litigios e incertidumbre que las normas que pretende eliminar.
Las políticas públicas pueden y deben debatirse. Pero la discusión democrática exige un suelo común de hechos verificables basados en ciencia. Cuando ese suelo se socava, el riesgo no es solo ambiental: es institucional.
La atmósfera no distingue entre administraciones republicanas o demócratas. Responde únicamente a la acumulación de gases.
Gobernar ignorando esa realidad puede resultar políticamente rentable en el corto plazo.
Pero, como ha demostrado la historia ambiental reciente, los costos de posponer la evidencia rara vez son menores que los de afrontarla.
Arturo Larena es periodista ambiental y embajador del Pacto Climático de la UE.
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde.
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Este blog de «influencers verdes» fue creado por Arturo Larena y ha sido finalista en los Premios Orange de Periodismo y Sostenibilidad 2023 en la categoría de «nuevos formatos».
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