
Entre un millón y medio y dos millones de profesionales podrían verse beneficiados por la trasposición de la directiva 2020/285 para la reforma del IVA. La norma comunitaria permite eximir del IVA a los pequeños autónomos. Bruselas fija como límite máximo 85.000€ de facturación, pero cada estado puede fijar la cifra que quiera. Los estados también pueden optar entre hacer el sistema obligatorio o voluntario y/o excluir o circunscribir a determinados sectores.
El despacho especializado en derecho comunitario, Navas & Cusí, calcula el impacto español de la directiva entre 3.000 y 5.000 millones de recaudación neta. “Puede que el primer impacto sea un recorte en los ingresos por IVA pero la experiencia de otros países de nuestro entorno que ya aplican la directiva es que no han notado recortes sustanciales en los ingresos, probablemente porque al simplificar la burocracia aflora parte de la economía que estaba sumergida”, explica Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí.
Por eso el experto anima al gobierno a trasponer cuanto antes la directiva y evitar la sanción. La Comisión Europea ya abrió a finale del año pasado expediente sancionador porque la directiva debía de haber sido traspuesta el 1 de enero del año pasado; si no hay reacción rápida, el incumplimiento podría llegar al TJUE que probablemente sancionaría”, explica Navas. “No es sólo cuestión de evitar la sanción, sino de lealtad institucional y de apoyo al tejido productivo más vulnerable”, añade.
En opinión del experto, en un entorno de enorme competitividad internacional, “España no puede quedarse atrás castigando a sus pequeños empresarios”. Alemania ya aplica la exención de IVA para aquellos que facturen menos de 22.000€/anuales; Francia la aplica sólo a los que facturen menos de 33.800€ en el sector servicios e Italia es el país más generoso y aplica el máximo permitido por la directiva: exención para todos aquellos que facturen menos de 85.000.
“España es el único país que no ha traspuesto la directiva y eso coloca a nuestros pequeños autónomos en posición de desventaja competitiva”, lamenta Navas que denuncie que el gobierno se escude en otras figuras como el régimen especial o el recargo de equivalencia o la exención exclusiva para los que importen o exporten a la UE menos de 100.000€. “No es que no podamos permitirnoslo; es que el Estado prefiere recaudar fácil a costa de la productividad del microempresario”, concluye el socio-director de navascusi.com.
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