En la madrugada del 3 de enero el continente americano fue sorprendido con la noticia que Estados Unidos ejecutó una intervención militar unilateral en Venezuela para capturar al Presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
Esta intervención militar desconoce al derecho internacional, por la violación a la soberanía de Venezuela, como han resaltado organismos de derechos humanos y múltiples Estados. Dicha acción, además, se realizó sin la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, procedimiento requerido para situaciones excepcionales como esta. Además, tampoco contó con la autorización del Congreso de los Estados Unidos, requisito esencial para este tipo de acciones de acuerdo con la Constitución de dicho país.
La intervención de Estados Unidos en Venezuela podría también violar la obligación de los Estados de proteger el sistema climático y el ambiente, dada la intención de incrementar la extracción petrolera. De hecho, el mismo día de la operación, el Presidente de Estados Unidos declaró que “Tenemos las mejores compañías petroleras del mundo que van a ir, invertir billones y billones de dólares… y el mayor beneficiario será el pueblo de Venezuela”.
Efectivamente, Venezuela cuenta con las mayores reservas petroleras del mundo. Y aunque a través del régimen de Maduro continuó su extracción y exportación, la producción petrolera disminuyó significativamente en los últimos años. Por ello la relevancia de la afirmación del presidente estadounidense.
Dichas afirmaciones contrastan con la realidad global, dada la crisis climática, de biodiversidad y de contaminación tóxica sin precedentes, que afecta gravemente la vida y el bienestar de la población mundial, especialmente quienes viven en mayor situación de marginación.
Derechos humanos y crisis climática
Los impactos del cambio climático se han reconocido consistentemente desde hace años. Incluso la Corte Internacional de Justicia, en la opinión consultiva en relación con cambio climático y las obligaciones de los Estados publicada en julio pasado, claramente reconoce que, en efecto, el cambio climático tiene graves impactos en el disfrute de los derechos humanos. Concluye la Corte, que los Estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos y de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente y el sistema climático.
De acuerdo con la Corte Internacional de Justicia, la obligación de proteger el ambiente y el sistema climático es una obligación de derechos consuetudinario y es una obligación erga omnes, es decir, está por encima de todos los acuerdos internacionales y le corresponde a todos los Estados, por el hecho de ser parte de la comunidad internacional.
Es más, la CIJ concluyó que, como parte de las obligaciones de los Estados para proteger el ambiente y el sistema climático, se incluye el tomar medidas efectivas para evitar el aumento de las emisiones de gases efecto invernadero y sus efectos.
Posible violación al derecho internacional
Dijo la Corte además, que la omisión de tomar acciones apropiadas para proteger el sistema climático de las emisiones de GHG, incluyendo a través de la producción de combustibles fósiles, el consumo de dichos combustibles y el otorgamiento de licencias de exploración y subsidios, puede constituir una violación del derecho internacional.
Así mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos, emitida también en julio pasado, concluyó que el derecho humano al ambiente sano es uno de los derechos afectados por impactos climáticos, situación agravada por la desigualdad. La Corte Interamericana destacó la necesidad de fortalecer el Estado Democrático de Derecho para proteger los derechos humanos amenazados por estos impactos; entre ellos la vida, la salud, el acceso al agua, la alimentación y el trabajo.
Por ello, la manera en que se concrete la anunciada explotación petrolera de Estados Unidos en Venezuela podría implicar mayores violaciones al derecho internacional, dados los posibles impactos adicionales para el ambiente y para los derechos humanos, especialmente de la población venezolana quienes estarían más directamente afectados.
Reconociendo que el petróleo ha implicado importantes ganancias económicas en el pasado, las consecuencias negativas también han sido considerables, por lo cual, es fundamental que cualquier uso de los recursos petroleros hoy en día se haga con una perspectiva de derechos humanos, considerando la situación global y la mejor ciencia disponible, para evitar aún mayores impactos. Paralelamente, es esencial que se analicen alternativas sostenibles de desarrollo en Venezuela, que deberán ser decididas por el pueblo venezolano, priorizando sus intereses y soberanía.
Transición justa y derechos humanos
La situación en Venezuela evidencia también la importancia y la urgencia de avanzar hacia una transición justa, que respete el derecho internacional y los derechos humanos de todas las personas y pueblos, en lugar de profundizar la dependencia de combustibles fósiles, con los impactos en los derechos humanos, en la democracia y en el estado de derecho, incluyendo el aumento de conflictos y militarización en el planeta, que ello ha implicado.
La protección del ambiente y de los derechos humanos a nivel local, nacional, regional y global, trasciende agendas y perspectivas partidistas, siendo un objetivo común de la humanidad, para asegurar el bienestar de todas las personas, incluyendo las generaciones presentes y futuras.
Astrid Puentes Riaño es relatora especial de Naciones Unidas sobre el Derecho Humano a un Ambiente Limpio, Sano y Sostenible, y directora del Laboratorio por la Justicia Ambiental y Climática de la Universidad Iberoamericana.
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde.
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Este blog de «influencers verdes» fue creado por Arturo Larena y ha sido finalista en los Premios Orange de Periodismo y Sostenibilidad 2023 en la categoría de «nuevos formatos».
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