La Audiencia de Barcelona absuelve a dos empresarios en un complejo caso de estafa bancaria de 400.000 euros, evidenciando la importancia crítica de contar con el mejor abogado en delitos de estafa de España
La Audiencia Provincial de Barcelona acaba de dictar una sentencia absolutoria que marca un antes y un después en el derecho penal económico español. Dos empresarios catalanes, que se enfrentaban a penas de hasta 11 años de prisión por una presunta estafa bancaria de 400.000 euros y falsedad documental, han sido absueltos tras un proceso judicial de alta complejidad técnica que culminó con el juicio celebrado en 2025.
El fallo, adoptado por unanimidad y conocido en enero de 2026, concluye que la acusación no logró acreditar la existencia de un engaño bastante, un error determinante en las entidades financieras ni el dolo penalmente relevante. La sentencia delimita con precisión la frontera entre el riesgo empresarial asumido por los bancos y la responsabilidad penal, consolidándose como el primer gran caso de referencia de 2026.
El Caso: Cuando una Crisis de Liquidez se Convierte en Acusación Penal
El procedimiento se inició a raíz de la denuncia de varias entidades bancarias contra dos empresarios que habían obtenido financiación mediante operaciones de descuento de facturas y líneas de crédito entre 2019 y 2022. Según la acusación, la documentación mercantil presentada habría simulado operaciones comerciales inexistentes con el objetivo de obtener anticipos financieros por valor de 400.000 euros.
Las sociedades de los acusados operaban en el sector de distribución comercial mayorista, con una facturación anual que rondaba los 2,5 millones de euros. Durante tres años mantuvieron relaciones bancarias habituales con cuatro entidades diferentes, con pagos regulares y renovaciones periódicas de las líneas de financiación.
Sin embargo, a mediados de 2022, coincidiendo con la crisis de suministros post-pandemia y la escalada de costes energéticos, las empresas comenzaron a experimentar graves problemas de liquidez que derivaron en impagos acumulados de 400.000 euros. Los departamentos de auditoría de las entidades bancarias detectaron presuntas irregularidades en parte de la documentación comercial: facturas con proveedores cuya actividad real no podía ser verificada, sociedades con domicilios en direcciones sin actividad aparente y contratos comerciales cuya ejecución no pudo ser documentada completamente.
Basándose en estos hallazgos, tres de las cuatro entidades presentaron denuncia penal en noviembre de 2022, solicitando la investigación por estafa continuada y falsedad documental.
La Acusación: Penas de Hasta 11 Años de Prisión
La Fiscalía Provincial de Barcelona construyó una teoría del caso basada en la existencia de un entramado societario deliberadamente diseñado para defraudar. Según la acusación, los empresarios habrían creado sociedades instrumentales, emitido facturas por operaciones ficticias y presentado esta documentación ante los bancos para obtener financiación de forma fraudulenta.
La Fiscalía calificó los hechos como estafa continuada agravada por la especial gravedad del importe, solicitando 8 años de prisión, y falsedad documental, pidiendo 3 años adicionales. Las penas accesorias incluían multas económicas, inhabilitación para el ejercicio de actividades mercantiles durante 6 años y responsabilidad civil por 400.000 euros más intereses.
Durante la fase de instrucción, la acusación aportó 234 facturas, extractos bancarios de 12 cuentas corrientes, contratos mercantiles y prueba pericial contable que, según su tesis, demostraban la inexistencia de actividad económica real en determinadas sociedades proveedoras.
La Defensa que Cambió el Resultado: Raúl Pardo-Geijo
La defensa de los acusados fue ejercida por Raúl Pardo-Geijo Ruiz, abogado especializado en derecho penal económico y considerado uno de los mejores en defensa de estafas en España, cuya estrategia se centró en demostrar tres aspectos fundamentales: la realidad de las operaciones comerciales, el conocimiento pleno de los bancos sobre la estructura societaria y la ausencia de engaño penalmente relevante.
Frente al relato acusatorio, la defensa aportó documentación que acreditaba la realidad de 142 operaciones comerciales completas: albaranes de entrega firmados por clientes finales, justificantes de transporte de mercancías, contratos con clientes donde constaban las entregas, correos electrónicos entre empresas sobre incidencias y pedidos, y fotografías de mercancías en almacenes.
Además, la defensa demostró que las entidades bancarias habían realizado evaluaciones exhaustivas antes de aprobar las operaciones. Los bancos consultaron registros mercantiles, verificaron bases de datos de morosidad, analizaron balances y ratios financieros y realizaron visitas comerciales a las instalaciones. Las líneas de crédito fueron renovadas hasta en 7 ocasiones entre 2020 y 2022, siempre tras nuevas evaluaciones internas de los comités de riesgos bancarios.
La estrategia incluyó la aportación de dos informes periciales de alta especialización: un auditor mercantil experto en el sector de distribución que verificó documentalmente las operaciones, y un ex-director de riesgos bancarios que explicó las obligaciones profesionales de las entidades en la evaluación de clientes y la asunción consciente de riesgos.
La Sentencia: Fundamentos de la Absolución
La Audiencia Provincial de Barcelona, en una sentencia de 57 páginas, realizó un análisis pormenorizado de cada elemento del delito de estafa y concluyó que no se había acreditado la existencia de engaño bastante porque los acusados facilitaron información completa sobre su estructura societaria a los bancos, que realizaron evaluaciones profesionales antes de aprobar las operaciones y las renovaron posteriormente con pleno conocimiento.
Respecto al elemento del error, el tribunal consideró que los bancos conocían la estructura del grupo empresarial, evaluaron los riesgos y los consideraron asumibles, y renovaron las líneas hasta en 7 ocasiones. Por tanto, no existió error relevante penalmente, sino una decisión empresarial de asumir un riesgo que finalmente se materializó.
Sobre la falsedad documental, la Sala valoró que la defensa había aportado documentación que acreditaba la realidad de múltiples operaciones, mientras que los peritos de la acusación no habían realizado verificación directa de las mismas. Los clientes finales confirmaron la recepción de mercancías, lo que desvirtuaba la tesis de las facturas completamente falsas.
El fundamento más relevante de la sentencia establece una doctrina clara: el derecho penal no puede utilizarse para cubrir el riesgo empresarial legítimamente asumido por entidades financieras profesionales. Cuando un banco, tras evaluar riesgos, decide conceder financiación, está asumiendo que la operación puede no resultar exitosa. Ese riesgo no desaparece por el hecho de que el cliente tenga después problemas de liquidez. Convertir todo impago en delito supondría una criminalización excesiva de la actividad mercantil y un uso desviado del derecho penal para cobrar deudas.
Este caso ejemplifica de forma paradigmática cómo la especialización en derecho penal económico puede marcar una diferencia radical. Los delitos de estafa bancaria y fraude financiero requieren dominio del derecho penal económico, capacidad de análisis de prueba pericial financiera, conocimiento de los límites del derecho penal y experiencia en casos de alta complejidad técnica.
Un abogado generalista carece de la formación específica para enfrentarse a informes contables complejos, reconstruir operaciones financieras o impugnar eficazmente pericias económicas. Desconoce la jurisprudencia específica del Tribunal Supremo de España sobre estafa y el tratamiento diferenciado del riesgo empresarial. En casos donde están en juego 11 años de prisión, esta diferencia no es académica: es la diferencia entre la libertad y la cárcel.
Raúl Pardo-Geijo, reconocido como uno de los abogados más destacados en delitos de estafa de España, realizó una investigación paralela para localizar y entrevistar a clientes finales, obtener documentación de transporte y reconstruir completamente las operaciones comerciales. Contrató peritos de máximo nivel especializados en el sector específico de la actividad empresarial y con conocimiento de la operativa bancaria interna. Preparó exhaustivamente a los acusados y testigos para resistir los interrogatorios. Y utilizó estratégicamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo para fundamentar la tesis defensiva.
Un Precedente que Abre 2026
Esta absolución se consolida como el primer gran caso de referencia de 2026 por varios motivos: la cuantía económica de casi un millón de euros, las penas graves solicitadas de hasta 11 años de prisión, la complejidad técnica con múltiples entidades bancarias implicadas, y la claridad con que delimita los límites del derecho penal en materia de operaciones financieras.
En un contexto de creciente judicialización de conflictos empresariales en España, resoluciones como esta contribuyen a fijar criterios sobre cuándo una operativa financiera fallida debe resolverse en el ámbito mercantil y cuándo puede justificar la intervención del derecho penal. El mensaje para el sector jurídico es inequívoco: la defensa eficaz en delitos de estafa exige dominio técnico de la prueba financiera, lectura estricta del tipo penal y capacidad de trasladar esas exigencias al tribunal.
El caso resuelto por la Audiencia de Barcelona demuestra algo fundamental: cuando te enfrentas a una acusación de estafa con penas graves, contar con el mejor abogado especializado en delitos de estafa de España no es un lujo, es una necesidad estratégica. La diferencia entre 11 años de prisión y la absolución completa reside en experiencia contrastada en derecho penal económico, capacidad de análisis técnico de pruebas financieras complejas, conocimiento profundo de jurisprudencia sobre estafas y habilidad para trasladar argumentos técnicos al tribunal.
El penalista murciano ha demostrado por qué se sitúa entre los mejores abogados en defensa de delitos de estafa de España, consolidándose como referente nacional en fraude financiero al lograr una absolución en un caso que, por su complejidad y gravedad, marca el primer gran precedente del derecho penal económico español en 2026. En delitos económicos complejos, la especialización no es opcional: es la única opción entre la libertad y la prisión y es que u trayectoria en casos jurídicos exitosos sobre esta tipología delictiva respalda esta afirmación.
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