El Colegio Notarial de Cataluña celebró ayer la jornada “El impacto jurídico, notarial y social de la nueva regulación de vivienda en Cataluña”, un encuentro para analizar el marco legal y el impacto social de la Ley de adopción de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo, aprobada por el Parlament de Catalunya el 22 de diciembre.
La jornada, que tuvo lugar en la sede colegial, contó con la presencia de representantes de la Administración y de diversas profesiones jurídicas, que trataron temas como los arrendamientos de temporada y el alquiler de habitaciones, la ocupación y la inquiocupación, los nuevos instrumentos de intervención pública y todos los retos de futuro que se plantean en el ámbito de la vivienda.
La inauguración fue a cargo de Jordi Terrades, secretario general del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña, y José Alberto Marín, decano del Colegio. Terrades, en su discurso, señaló que “en los últimos 20 años, Cataluña ha estado a la vanguardia del diseño y la ejecución de políticas públicas orientadas a garantizar la vivienda digna. Sin embargo, esta vocación reguladora ha tenido algunas deficiencias y dificultades en la aplicación práctica y, ahora, la vivienda es la mayor preocupación de los catalanes. La realidad es que no solo tenemos que regular, sino también producir vivienda y, para ello, hay que destinar recursos.”
Por su parte, el decano del Colegio, José Alberto Marín, destacó en su intervención en la jornada que “en Cataluña, todos los operadores jurídicos tenemos muy claro cuál es la situación y cuál es la solución. Se había instalado un relato en que el propietario, aunque fuera una persona vulnerable, no tenía ninguna protección ni derecho. Nosotros somos conscientes de que hay muchas personas vulnerables, pero la protección del vulnerable no le corresponde al propietario, sino al Estado. Por suerte, en estos momentos, la Administración ya empieza a ser consciente de que al propietario también hay que protegerlo. Al final, la propiedad no solo es el pilar fundamental de los derechos de la persona, sino que también es el estímulo económico que permite a una sociedad avanzar.”
La ponencia inaugural trató sobre la función social de la propiedad y el nuevo paradigma del derecho a la vivienda, de la mano de Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil y fundador de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universitat Rovira i Virgili. Nasarre aseguró que “nos encontramos ante un problema muy grave. Todas las leyes que se han hecho en materia de vivienda en los últimos años, tanto a nivel estatal como catalán, no tienen ningún fundamento económico ni académico y, a pesar de estar basadas en la función social, están consiguiendo absolutamente lo contrario. Básicamente han provocado que la propiedad privada se concentre en pocas manos, expulsando a los más vulnerables. Además, la propiedad de la vivienda ya no existe; ahora es una propiedad estatuaria.”
La jornada finalizó con la conferencia de Vicente Magro, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quien habló sobre la ocupación de viviendas y las soluciones para combatirla. “Si han ocupado ilegalmente la casa de un ciudadano de este país, hay que echarlo en veinticuatro horas, y no en tres o cuatro semanas. La ocupación no se arregla con penas mayores ni con juicios más rápidos, se arregla con medidas cautelares. Se trata de acudir al juez de guardia, presentarle un escrito pidiendo el desahucio cautelar y que se ejecute, evitando la sobrecarga al juez de instrucción” señaló Magro, quien también incidió en el fenómeno de la inquiocupación, asegurando que “muchos propietarios ya no alquilan a determinados perfiles por miedo al impago, ya que si dejan de abonar la renta, no los podrán echar de casa”.
