La vicedecana del Colegio de Procuradores de Barcelona (ICPB) y vocal de la Comisión de Igualdad del CGPE, Margarita Ribas Yglesias, ha comparecido ante la Comisión de Igualdad y Feminismo del Parlamento de Cataluña para subrayar la importancia de reforzar políticas activas de igualdad. Durante su intervención, ha puesto en valor que los procuradores y procuradoras, por su proximidad a la ciudadanía y experiencia diaria en los juzgados, son a menudo los primeros operadores jurídicos que detectan situaciones de riesgo en casos de violencia de género o vulneración de derechos de mujeres y niñas, pudiendo identificar irregularidades o disfunciones relacionadas con la discriminación de género en procesos, tiempos, comunicaciones o aplicación práctica de la normativa.
Ribas Yglesias ha destacado que es prioritario impulsar y trabajar conjuntamente con el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya una “formación jurídica básica” para niñas, niños y adolescentes, que les permita conocer y ejercer desde muy temprano sus derechos en materia de igualdad y violencia de género. En este sentido, la representante de la Procura ha considerado que sería necesario tener en cuenta la Ley 17/2020, que amplía el concepto de violencia machista a la violencia digital, institucional y en el ámbito de la vida política. “Conocer los derechos desde edades tempranas es una herramienta de prevención y de empoderamiento democrático”, ha añadido.
En cuanto a la judicatura, Ribas Yglesias ha señalado que la igualdad no depende únicamente del número de mujeres ejercientes, sino también del diseño institucional de las profesiones jurídicas, ya que la igualdad formal en el acceso no garantiza por sí sola una igualdad real de oportunidades y reconocimiento. Así, en su intervención ha argumentado que las mujeres son mayoría en los primeros niveles de la carrera judicial, pero su presencia disminuye a medida que se asciende. En concreto, en el conjunto del España, el 57,2% de la carrera judicial está integrada por mujeres y su presencia en órganos judiciales colegiados llega al 42,3%, mientras que solo el 22% de los miembros del Tribunal Supremo son mujeres.
La vicedecana del ICPB ha subrayado que la importancia de integrar la perspectiva de género en la práctica judicial “no es teórica”. En este sentido, ha recordado una reciente sentencia dictada por una jueza de Barcelona, que anula una prueba pericial biomecánica por identificar un sesgo de género, al no tener en cuenta la diferencia cinemática que presentan las mujeres. Esta resolución pone de manifiesto, según la representante de la Procura, que la igualdad “no es una cuestión ideológica, sino una exigencia jurídica para garantizar una tutela judicial efectiva”.
Ribas Yglesias ha destacado también que, desde el CGPE, el máximo órgano de la Procura en España, se está trabajando en la elaboración y aplicación de protocolos de igualdad en los colegios de procuradores, en la promoción de buenas prácticas con perspectiva de género y en medidas de conciliación familiar que permitan un acceso real a puestos de responsabilidad. Asimismo, el CGPE participa activamente en trámites parlamentarios para garantizar una representación equilibrada de mujeres y hombres, mostrando un compromiso dinámico y en evolución para reforzar la igualdad en el sistema judicial.
La vocal de la Comisión de Igualdad del CGPE también ha resaltado la “feminizacion estructural” de la Procura, con presencia mayoritaria de mujeres en Cataluña, donde representan el 65,1% del colectivo, con porcentajes aún más altos en Lleida (79%), Girona (75,9%), Barcelona (61,7%) y Tarragona (59,6%). A nivel español, las mujeres procuradoras representan el 66,9% del total del colectivo y el 57% de los colegios están liderados por una decana. Esta feminizacion estructural tiene también, según Ribas Yglesias, un valor cualitativo, ya que permite la detección precoz de situaciones de riesgo y vulnerabilidades dentro del sistema judicial.
Para concluir, la representante de la Procura ha afirmado que “hablar de igualdad en el ámbito de la justicia no es referirse solo a normas o cifras. Es hablar de cómo se toman las decisiones, de cómo se ejerce el poder público y de cómo las instituciones responden ante situaciones de desigualdad, discriminación o vulnerabilidad”. En este sentido, Ribas Yglesias ha concluido que una justicia más igualitaria “no es solo una justicia más justa. Es también una justicia más eficaz, más cercana, más legítima y, sobre todo, más segura”.
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