La protesta iniciada en diciembre en el Colegio de la Abogacía de Madrid —con la renuncia masiva de letrados del turno de oficio en la Audiencia Nacional— ha tenido ya repercusiones institucionales. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional expresó su “preocupación” tras recibir una comunicación del ICAM que informaba de la movilización convocada por la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO). La queja apunta a la falta de medios materiales y económicos para prestar con garantías este servicio esencial, que afecta a macrocausas de especial complejidad como las de terrorismo, narcotráfico o crimen organizado.
Según el acta de la última reunión, la Sala de Gobierno “manifiesta la preocupación por esta situación” por su posible incidencia en el “buen funcionamiento de la Justicia” y acuerda trasladar la comunicación del ICAM a todos sus miembros “para su conocimiento y a los efectos oportunos”. Desde el Colegio lo interpretan como un gesto de responsabilidad institucional y de defensa de la correcta prestación del servicio público.
El 11 de diciembre de 2025, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, remitió al presidente de la Audiencia Nacional una carta en la que advertía sobre la precariedad económica y material del Turno de Oficio y su riesgo para la calidad del servicio, el derecho de defensa y el funcionamiento del propio órgano. Ribón reclamó medidas urgentes para restaurar el equilibrio del sistema y garantizar una defensa de oficio digna en procedimientos especialmente sensibles. En la misma fecha, en una comparecencia en la sede del ICAM, anunció asimismo su renuncia como abogado de oficio adscrito al turno.
Ribón subrayó que, en las actuales condiciones, es «sencillamente imposible garantizar la preparación, el estudio y la dedicación que exigen estas macrocausas». Señaló que los letrados perciben apenas 244,95 euros netos por asunto en procedimientos que pueden prolongarse meses o años, lo que, una vez descontados impuestos, desplazamientos y tiempo de trabajo, equivale a remuneraciones reales de entre 0,10 y 0,20 euros por hora. «No se puede exigir máxima responsabilidad y especialización en macrocausas mientras se mantienen baremos que ni siquiera cubren los costes reales del servicio», advirtió, y alertó del «riesgo de colapso» del sistema de Justicia Gratuita si no se actúa con urgencia.
También Juan Manuel Mayllo, diputado responsable del Turno de Oficio en la Junta de Gobierno del ICAM, vinculó la situación a la calidad del sistema judicial: con las actuales condiciones, dijo, no puede garantizarse una defensa técnica adecuada; el problema supera lo presupuestario y afecta al derecho de defensa, a la igualdad ante la ley y a la confianza ciudadana en la justicia gratuita.
El ICAM concluye que el pronunciamiento de la Audiencia Nacional constituye un punto de inflexión que eleva el conflicto a la esfera institucional y refuerza la urgencia de una respuesta por parte del Ministerio de Justicia, con quien el Colegio mantiene abierta la interlocución para abordar una revisión estructural del sistema.
