Tras años de debate y meses de retrasos ante una demanda social creciente, la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso, pendiente todavía del visto bueno del Senado, supone un avance crucial para transformar nuestras ciudades.
La norma introduce un cambio de paradigma: reconoce la movilidad como un derecho ciudadano, obliga a grandes empresas a desarrollar planes de movilidad sostenible para sus empleados y fomenta el transporte público, el coche compartido y los vehículos eléctricos. También abre la puerta a reducir los vuelos cortos cuando exista una alternativa ferroviaria competitiva.
No obstante, su éxito dependerá de una aplicación efectiva y de la colaboración de todos los actores implicados. Aprobar la ley es solo el primer paso; su verdadero valor se medirá por los cambios tangibles que genere en la vida cotidiana de la gente.
Las ciudades españolas arrastran un modelo urbano centrado en el coche privado. Cambiarlo requiere algo más que legislación: coordinación entre administraciones, financiación estable y decisión política para tomar medidas difíciles. Además, es necesario ofrecer alternativas de movilidad reales, seguras y accesibles: transporte público eficiente, infraestructuras para caminar o ir en bicicleta y soluciones compartidas que permitan a la ciudadanía adaptarse sin complicaciones.
La ley acierta en el diagnóstico, pero su implementación será un proceso largo. La experiencia demuestra que, sin una hoja de ruta clara, los cambios se diluyen entre trámites y promesas. En este contexto, herramientas como el Certificado CAES resultan clave: permiten evaluar de forma objetiva el impacto energético y ambiental de políticas y proyectos, asegurando que las medidas no queden solo en el papel y que la transición sea medible, verificable y transparente.
La movilidad sostenible no es solo un desafío técnico o legislativo; es también un reto cultural y social. Transformar nuestras ciudades exige cambiar la relación con el coche privado, repensar los hábitos de transporte y asumir que un vehículo parado el 95% del tiempo no es sinónimo de eficiencia ni progreso.
Fórmulas como el coche compartido o el alquiler entre particulares, que desde Amovens hemos contribuido a normalizar, demuestran que es posible optimizar los recursos existentes y reducir la cantidad de vehículos en las calles. La sostenibilidad será real solo si la ciudadanía participa activamente, adoptando nuevas formas de moverse, compartir recursos y consumir de manera responsable.
Si la ley cumple su objetivo, nuestras calles podrían convertirse en espacios más verdes, seguros y habitables: menos ruido, menos emisiones y más espacio para las personas. Pero este futuro no llegará por decreto; dependerá de la voluntad de todos: gobiernos que la implementen, empresas que innoven y ciudadanos dispuestos a cambiar sus hábitos.
A pesar de los posibles desafíos prácticos, hay un hecho claro: la Ley de Movilidad Sostenible es una noticia positiva para el futuro de nuestras ciudades. Marca un rumbo que ahora debemos construir con cuidado y recorrer juntos, para que el cambio sea real, duradero y beneficioso para todos.
La ley señala el camino, pero serán las decisiones, las inversiones y la convicción colectiva las que transformen nuestras ciudades. Hoy celebramos un avance, pero el verdadero reto comienza ahora: convertir la esperanza en acción y acelerar la llegada de una movilidad más limpia y humana, devolviendo finalmente nuestras ciudades a quienes realmente pertenecen: las personas.
Fuente: AMOVENS
