Almería.- El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Almería ha publicado este lunes la normativa urbanística íntegra que clasifica el paraje de El Algarrobico como suelo no urbanizable de especial protección, un documento de 113 páginas con el que el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), cumple el ultimátum judicial y se libra de las multas coercitivas personales que le amenazaban.
La publicación, recogida en el boletín provincial bajo el anuncio 003726-25, formaliza definitivamente la modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para adaptar las Normas Subsidiarias municipales a la sentencia del Tribunal Supremo de 2018.
Esta inserción legal era el último requisito exigido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para dar por ejecutada la parte urbanística del fallo.
Amenaza de sanciones
La Sala de lo Contencioso-Administrativo había dado de plazo hasta el próximo 19 de enero para que el texto apareciera en el boletín, advirtiendo al regidor de que, si no lo hacía, le impondría sanciones de 1.000 euros de su propio bolsillo cada veinte días y deduciría testimonio a la Fiscalía por desobediencia.
El documento publicado hoy ocupa una extensión inusual en este tipo de trámites: un total de 113 páginas —desde la 5 hasta la 118 del boletín— en las que se detalla pormenorizadamente toda la normativa que rige ahora sobre los sectores ST-1 (El Algarrobico) y ST-2 (El Canillar).
Aagesen garantiza agilidad en el procedimiento de expropiación del hotel del Algarrobico (Almería)
Con este paso, el Ayuntamiento corrige la maniobra realizada el pasado mes de septiembre, cuando intentó solventar el trámite publicando un mero anuncio con un enlace web, algo que los magistrados rechazaron de plano por no ajustarse a la legalidad. En esta ocasión, el BOP recoge el articulado completo, blindando jurídicamente la imposibilidad de construir en la zona donde se levanta el polémico hotel de Azata del Sol.
El cumplimiento de esta orden judicial se produce solo 24 horas después de que el Ayuntamiento no cumpliese a tiempo el otro gran frente administrativo que tiene abierto: la revisión de oficio de la licencia de obras.
Tal y como denunció ayer Greenpeace y confirmó el letrado de la organización, José Ignacio Domínguez, el expediente para anular el permiso de construcción caducó este domingo 11 de enero al cumplirse los seis meses sin resolución, debido a que el Consistorio envió la documentación incompleta al Consejo Consultivo.
Así, mientras el alcalde ha logrado salvar su responsabilidad penal y patrimonial en lo referente al PGOU con la publicación de hoy, se enfrenta ahora a la petición de los ecologistas para que el TSJA le obligue a reiniciar desde cero el expediente de la licencia, prolongando aún más la maraña administrativa que envuelve al hotel veinte años después de su paralización.
Greenpeace critica la tardanza
El abogado de Greenpeace José Ignacio Domínguez ha lamentado este lunes que la publicación de la normativa llegue con “42 años de retraso” y tras ser necesarias “14 sentencias del Tribunal Supremo” para obligar al Ayuntamiento de Carboneras a acatar la legalidad ambiental.
“Por fin publica hoy el BOP de Almería que el Algarrobico es zona protegida, algo que el Ayuntamiento de Carboneras debió hacer en 1994 cuando se amplió el Parque de Cabo de Gata”, ha denunciado Domínguez a través de un mensaje en la red social X (antes Twitter), recordando que la administración local ha mantenido la calificación de urbanizable durante décadas en contra de la normativa superior del parque natural.
Para el representante legal de los ecologistas, aunque este paso cierra la vía urbanística e impide nuevas construcciones, la solución definitiva al conflicto sigue pendiente. “Ahora falta que el Consistorio anule la licencia”, ha advertido Domínguez, poniendo el foco en el otro frente administrativo que mantiene el hotel en pie.
Precisamente, Greenpeace solicitó este domingo al TSJA que ordene la apertura de un nuevo expediente de revisión de la licencia de obras, tras certificar que el procedimiento actual, iniciado el pasado mes de julio, caducó ayer mismo al cumplirse el plazo legal de seis meses sin que el Ayuntamiento lo resolviera a tiempo.
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