El año 2025 ha sido desde el punto de vista ambiental un conjunto de contrastes. Un año en el que se han consolidado algunos avances largamente esperados, pero también en el que han aflorado con nitidez las fragilidades del proceso de transición ecológica, tanto en el plano técnico como en el político y social.
Lejos de lecturas triunfalistas o catastrofistas, 2025 ha confirmado que la sostenibilidad necesita cada vez más coherencia, gobernanza, credibilidad institucional e información y periodismo ambiental.
El clima como realidad cotidiana
Si algo ha definido este 2025 que acaba ha sido la constatación empírica de que la crisis climática ya condiciona nuestra vida cotidiana. Las olas de calor prolongadas del verano, con impactos directos sobre la salud pública, la demanda energética y los ecosistemas, junto a fenómenos meteorológicos extremos como los episodios de lluvias intensas concentradas en cortos periodos, han vuelto a poner en cuestión -como ya ocurrió en 2024- la resiliencia de ciudades, infraestructuras y sistemas de emergencia.
Especialmente significativo ha sido el repunte de los grandes incendios forestales en España. Favorecidos por la combinación de temperaturas extremas, sequedad acumulada y episodios de fuertes vientos, los incendios de sexta generación han afectado a amplias zonas del territorio, especialmente en Galicia y Castilla y León.
El balance provisional del año se sitúa en torno a las 380.000 hectáreas quemadas, una cifra que coloca a 2025 entre los peores ejercicios de las últimas décadas y muy por encima de la media histórica.
Más allá del impacto inmediato, esta ola de incendios ha vuelto a evidenciar la vulnerabilidad estructural del medio forestal, agravada por la crisis climática, y la urgencia de reforzar la prevención, la gestión activa del territorio y la coordinación entre políticas ambientales, agrarias y de desarrollo rural.
Un Pacto de Estado frente a la emergencia climática
Precisamente a raíz de esta sucesión de impactos extremos, la Presidencia del Gobierno presentó una propuesta de Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, concebida como un marco estable y transversal para afrontar la crisis climática más allá de los ciclos electorales.
El planteamiento, actualizado a comienzos de diciembre con miles de aportaciones de administraciones, expertos y sociedad civil, se articula en torno a ejes como la prevención de riesgos, la adaptación territorial, la gestión forestal e hídrica, la protección de la biodiversidad, el refuerzo de los servicios de emergencia, la comunicación y la lucha contra la desinformación, y la incorporación sistemática del riesgo climático en todas las políticas públicas.
Más que una declaración de intenciones, el Pacto aspira a dotar de coherencia, continuidad y visión a largo plazo a la respuesta institucional frente a una emergencia ya presente.
Ahora está por ver si nuestros políticos estarán a la altura del reto que se nos plantea, o seguirán enrocados en sus propios intereses.
Transición energética: avances, brechas y permiso social
En este contexto, la transición energética ha seguido avanzando con fuerza durante 2025. El crecimiento sostenido de las energías renovables, el impulso al autoconsumo y la electrificación de determinados usos finales confirman un cambio estructural ya irreversible.
No obstante, el apagón registrado en España durante la primavera, que afectó durante varias horas a amplias zonas y actividades económicas, subrayó la necesidad de reforzar redes, almacenamiento y planificación para garantizar la resiliencia del sistema eléctrico.
Junto a estos retos técnicos y la propuesta de involución nuclear, el año ha puesto de manifiesto una brecha creciente entre la planificación de las energías renovables y parte de la sociedad, especialmente cuando los proyectos se desarrollan sin un verdadero permiso social.
La aceleración en el despliegue de grandes instalaciones fotovoltaicas y eólicas ha evidenciado que la transición energética no puede basarse únicamente en objetivos climáticos y evaluaciones administrativas y ambientales, en ocasiones insuficientes- sino que requiere diálogo temprano, transparencia y participación real de las comunidades afectadas por su despliegue.
Un ejemplo de esta tensión ha sido –y es- el conflicto del macroparque fotovoltaico Caramonte, proyectado en la cabecera del río Jalón, en el entorno de Esteras de Medinaceli/Benamira (Soria).
A lo largo de 2025, vecinos y colectivos locales se han movilizado contra un proyecto que consideran mal ubicado y sobredimensionado, alertando de impactos paisajísticos, ambientales y sociales, y denunciando la falta de alternativas consensuadas.
Aunque el Ministerio (MITECO) ha impuesto medidas correctoras para proteger la microrreserva del Jalón y la fauna esteparia, el caso ha evidenciado que la aceptación social no se decreta ni se compensa a posteriori, sino que debe construirse desde el inicio.
Este tipo de conflictos recuerdan que la transición energética, para ser justa y duradera, necesita integrar a las poblaciones locales como parte de la solución.
Sin ese componente social, incluso las energías limpias corren el riesgo de generar rechazo y fractura territorial, debilitando el apoyo ciudadano a un proceso imprescindible frente a la emergencia climática.
Movilidad y señales contradictorias desde Europa
En el ámbito europeo, el año ha estado marcado por la rectificación parcial de la hoja de ruta sobre los vehículos con motor de combustión en 2035.
Aunque el objetivo inicial del Pacto Verde apuntaba a eliminar de facto la venta de coches nuevos con emisiones de CO₂ para esa fecha, la Comisión Europea propuso introducir flexibilidades dentro de un paquete más amplio de simplificación normativa.
Esta revisión ha abierto la puerta a que determinados vehículos con motor de combustión puedan seguir comercializándose más allá de 2035, siempre que se compensen sus emisiones mediante mecanismos específicos.
El debate sobre los combustibles sintéticos, los híbridos enchufables y otras soluciones transitorias ha puesto de manifiesto las presiones industriales y políticas para suavizar uno de los objetivos emblemáticos de la política climática europea, introduciendo un grado de incertidumbre regulatoria en un sector clave de la descarbonización.
Economía circular: avances insuficientes
En economía circular, 2025 ha estado marcado por la consolidación de nuevas obligaciones normativas en materia de residuos, la generalización de la recogida separada de biorresiduos y la publicación de datos que apuntan a una leve reducción en la generación de residuos municipales.
Pese a estos avances, el balance sigue siendo ambivalente. La mayor parte de los esfuerzos continúa concentrándose en la gestión del residuo ya generado, mientras que la prevención, el ecodiseño y la reducción en origen avanzan con mayor lentitud.
El año volvió a demostrar que la economía circular no puede limitarse a infraestructuras y porcentajes de reciclaje, sino que exige cambios estructurales en los modelos de producción y consumo.
Europa en pausa bajo el paraguas de la simplificación
Otro de los hechos más relevantes y preocupantes de este año ha sido la paralización, el aplazamiento o la dilución de varias normas socioambientales clave de la Unión Europea bajo el argumento de la simplificación administrativa y la reducción de cargas regulatorias.
La Directiva de Deforestación, el paquete Ómnibus y las revisiones de la diligencia debida de las empresas en materia ambiental y de derechos humanos han ejemplificado una tendencia que genera inquietud: el riesgo de convertir la simplificación en una coartada para rebajar ambición en un contexto de emergencia climática y ecológica.
La coherencia normativa se ha revelado como un elemento central de la credibilidad europea.
Una buena noticia global: el Tratado de los Océanos
En un año marcado por tensiones y retrocesos, 2025 también ha dejado algunas señales alentadoras en el ámbito internacional.
Entre ellas destaca el Tratado Global de los Océanos, también conocido como el Tratado de Alta Mar o BBNJ (Agreement on Biodiversity Beyond National Jurisdiction), adoptado en el seno de Naciones Unidas y cuya entrada en vigor está prevista para el 17 de enero de 2026, una vez alcanzado el número necesario de ratificaciones.
Se trata del primer marco jurídico global destinado a proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales, que representan cerca de dos tercios de los océanos del planeta.
El Tratado permitirá crear áreas marinas protegidas en alta mar, regular actividades con impacto ambiental, reforzar la evaluación ambiental de proyectos y mejorar el reparto equitativo de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos.
Su aprobación supone un hito largamente esperado y demuestra que, incluso en un contexto geopolítico complejo, el multilateralismo ambiental sigue siendo posible cuando existe voluntad política y respaldo científico.
Información, polarización y negacionismo
En paralelo, 2025 ha estado marcado por un aumento de la polarización social en torno a las políticas ambientales y por el fortalecimiento del negacionismo climático alejado de la evidencia científica.
Discursos simplificadores y desinformación han convivido con una mayor conciencia ciudadana, confirmando que la transición ecológica no es solo un reto técnico, sino también cultural y comunicativo.
En este contexto, la educación ambiental, la divulgación científica rigurosa y el buen periodismo ambiental (como el de EFEverde o el que se impulsa desde la Asociación de Periodistas de Información Ambiental de España/APIA) se han confirmado como herramientas estratégicas para sostener políticas públicas ambiciosas y duraderas, capaces de resistir vaivenes políticos y sociales.
Diez años del Acuerdo de París
Este año hemos celebrado además el décimo aniversario del Acuerdo de París, adoptado en 2015 como el primer gran pacto global para hacer frente al cambio climático.
Diez años después, los avances en conocimiento científico y compromisos nacionales son innegables, pero también lo es la distancia entre los objetivos acordados y la trayectoria real de las emisiones globales.
Este aniversario ha estado marcado por una inquietud añadida: el hecho de que en 2026 se materializará, nuevamente, el abandono de Estados Unidos del Acuerdo de París, un golpe simbólico a la gobernanza climática internacional que refuerza la fragilidad de los consensos multilaterales y obliga a otros actores a asumir un mayor liderazgo.
En este contexto, la COP30 del clima en Belém permitió confirmar que el multilateralismo sigue vigente y la voluntad de descarbonizar la economía por parte de la ciudadanía, las empresas y la mayoría de los gobiernos sigue activa.
Nueva etapa
Este balance ambiental de 2025 coincide también con el cierre de una etapa personal.
A finales de noviembre me jubilé, tras una trayectoria profesional dedicada -en gran medida- al periodismo ambiental y de ciencia.
Han sido años de aprendizaje constante, de debates complejos y de la convicción de que los cambios profundos rara vez son inmediatos, pero siempre necesarios.
Marcho con la serenidad de haber aportado, desde la reflexión y el compromiso, un pequeño grano de arena a un desafío colectivo que seguirá marcando nuestro presente y nuestro futuro común.
Y con la confianza de que la responsabilidad socioambiental, pese a las tensiones, acabará imponiéndose como un valor irrenunciable.
Arturo Larena es periodista ambiental y de ciencia.
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde.
Otras tribunas de Creadores de Opinión Verde (#CDO)
Este blog de «influencers verdes» fue creado por Arturo Larena y ha sido finalista en los Premios Orange de Periodismo y Sostenibilidad 2023 en la categoría de «nuevos formatos».
La entrada 2025, el año de la transición ecológica bajo tensión. Por Arturo Larena se publicó primero en EFEverde.
