La ley, que entró en vigor el pasado 26 de julio de 2025, amplía la definición de “vehículo a motor” a cualquier equipo autopropulsado que supere los 25 km/h de velocidad máxima o pese más de 25 kg y pueda superar los 14 km/h, lo que incorpora a una gran parte de la maquinaria interna utilizada en logística, industria, retail y construcción. La circulación deja de entenderse únicamente en vías públicas y pasa a contemplarse cualquier uso conforme a su función de transporte dentro de un recinto.
Este hecho marca un cambio normativo de gran alcance para empresas y organizaciones que utilizan vehículos especiales en su operativa diaria. Carretillas elevadoras, vehículos de golf, maquinaria móvil de construcción, plataformas elevadoras y otros equipos autopropulsados pasan a requerir un seguro obligatorio de Responsabilidad Civil, independientemente de que su uso se limite a instalaciones privadas, almacenes, fábricas, puertos o aeropuertos, deben acogerse a los coberturas que ofrece este tipo de seguros, de carácter obligatorio desde el pasado verano.
El calendario es especialmente relevante, ya que se establece un periodo transitorio de seis meses para que los propietarios regularicen su flota, durante el cuál, si un vehículo especial a motor sin asegurar provoca un accidente, el Consorcio de Compensación de Seguros gestionará el siniestro, pero repercutirá el coste íntegro a la empresa propietaria si no cuenta con una póliza contratada, lo que expone a las organizaciones a un riesgo patrimonial significativo.
A su vez, las pólizas de Responsabilidad Civil Empresarial no cubren estos siniestros, ya que una carretilla elevadora o una plataforma móvil en circulación dentro de un almacén puede generar un hecho de la circulación que exige cobertura específica. Únicamente quedan fuera los vehículos utilizados como maquinaria industrial fija.
En este contexto, Jhasa insta a las empresas a analizar su parque de vehículos, identificar cuáles superan los umbrales legales y contratar el seguro obligatorio antes del fin del periodo de adaptación, evitando así reclamaciones millonarias y futuras sanciones administrativas.“La nueva situación sitúa a las empresas ante una responsabilidad directa. Muchos vehículos que históricamente se consideraban internos o de uso restringido pasan ahora a requerir un aseguramiento obligatorio. El periodo transitorio es breve y no adaptarse implica asumir un riesgo patrimonial muy elevado. Entramos en la última fase para revisar a fondo la flota, regularizarla y blindarse frente a posibles incidentes y sanciones derivadas de no haber cumplido los plazos.” concluye Lola Yñarritu, directora de seguros de accidentes de Jhasa.
