Asociación Profesional de la Magistratura
En un Estado democrático de Derecho como es el que proclama el artículo primero de nuestra Constitución, el respeto al Poder Judicial y por lo tanto a las decisiones emanadas de Jueces y Tribunales es un postulado esencial que obliga a la sociedad en su conjunto y, en particular, a quienes ostentan responsabilidades institucionales de gobierno.
Por ello, las recientes declaraciones del Sr. Presidente del Gobierno, realizando afirmaciones categóricas en torno a la culpabilidad sobre un asunto que estaba siendo todavía juzgado por el Tribunal Supremo, solo pueden ser calificadas como una intromisión que al mismo tiempo quebranta ese deber de respeto que debiera vincularle.
La desautorización dirigida en los días posteriores contra la decisión avanzada por la Sala Segunda del Alto Tribunal, supuso un nuevo traspaso de la barrera de lealtad institucional, especialmente censurable cuando ni siquiera se aguardó a conocer las razones por las cuales se pronuncia la condena del Fiscal General del Estado.
La advertencia sobre la posibilidad de revisar las potestades de tutela de los derechos e intereses legítimos colisiona también frontalmente con el propio texto constitucional.
La Asociación Profesional de la Magistratura, defendiendo una vez más los valores que inspiran su compromiso con la sociedad, no puede sino deplorar y exigir el cese de tan graves ataques y descalificaciones como son los que vienen reiterándose contra el Tribunal Supremo y el Poder Judicial en su conjunto, absolutamente impropias en una democracia avanzada.
Al mismo tiempo, como se proclama en las conclusiones del presente Congreso Nacional, estamos en condiciones de garantizar al conjunto de la sociedad que, como implica la fórmula de juramento que hicimos con motivo de nuestro ingreso en la carrera judicial, seguiremos dedicando lo mejor de nosotros mismos a la tarea de “administrar recta e imparcial justicia frente a todos”.
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