Olivia Cerdeiriña
Bióloga y consultora en sistemas agroecológicos y regenerativos
Europa ha marcado una dirección inequívoca: proteger el suelo fértil, restaurar ecosistemas, reducir el sellado urbano, renaturalizar las ciudades y asegurar que toda infraestructura verde existente se preserve y se amplíe.
Así lo establecen el Green Deal, la Estrategia Europea de Suelos, la Estrategia de Biodiversidad 2030, la Estrategia de Adaptación Climática, la Taxonomía Verde y el principio Do No Significant Harm (DNSH), que exige que cualquier proyecto climático no genere daños significativos a la biodiversidad, al agua, al suelo ni a la salud pública.
España ha firmado todos esos compromisos. No solo los ha firmado: los ha defendido en Bruselas, los ha incorporado a documentos estratégicos y los presenta como la hoja de ruta del país hacia la transición ecológica.
Por eso resulta tan desconcertante —y debería interpelarnos como sociedad— que, cuando miramos al territorio, la práctica avance en dirección contraria.
Porque, mientras España se compromete en Europa a proteger suelos vivos y espacios verdes urbanos, promueve a través de AENA (empresa con un 51 % de capital público) proyectos que ocupan precisamente esos lugares: áreas verdes de uso cotidiano, corredores ecológicos y suelos fértiles que Europa pide salvaguardar.
La transición energética es imprescindible, sí. Pero no puede construirse vulnerando los mismos principios que España afirma defender fuera de nuestras fronteras.
Son Bonet: un caso que explica una contradicción nacional
El aeródromo de Son Bonet, en Mallorca, nació de expropiaciones forzosas declaradas de “interés público”. Muchas se produjeron durante la Guerra Civil y dejaron a Marratxí con menos territorio, a numerosas familias desplazadas y a una comunidad profundamente afectada.
Es una herida territorial que aún forma parte de la memoria local.
Como compensación social, los vecinos han disfrutado durante más de 40 años de 12,5 hectáreas de acceso público: un corredor verde donde miles de personas caminan, corren, pasean a sus perros, practican deportes, aprenden a ir en bicicleta o participan en voluntariado ambiental, sembrando y cuidando árboles y mejorando el entorno año tras año.
Es infraestructura climática en pleno municipio: suelo vivo que captura carbono e infiltra agua en un entorno altamente impermeabilizado; vegetación que mitiga la temperatura local y captura CO₂; un mosaico ecológico que actúa como refugio de biodiversidad; un espacio comunitario que mejora la salud física, mental y la cohesión social.
Justo el tipo de espacio que Europa pide proteger, ampliar y conectar en sus directrices ambientales.
Y, sin embargo, sobre ese mismo lugar, AENA impulsa un proyecto fotovoltaico masivo, con más de 32.000 placas que ocuparían un corredor verde que ya presta servicios ecosistémicos esenciales, ya amortigua el clima y ya sostiene bienestar ciudadano.
La contradicción es evidente: ¿cómo puede España comprometerse en Europa a preservar espacios verdes mientras destina esos mismos espacios a convertirse en polígonos energéticos?
Es un debate de coherencia institucional.
Y, si hablamos de coherencia institucional, surgen otras preguntas inevitables:
· ¿Puede considerarse autoconsumo una instalación que produciría cientos de veces más energía de la que requiere el aeródromo y que, en la práctica, vertería casi toda su electricidad a la red?
Si la demanda real es baja, ¿cómo se justifica un impacto territorial de esta magnitud?
¿Dónde queda el principio de proporcionalidad que debería orientar cualquier actuación pública y que también contempla la normativa?
· ¿Cómo reconciliar que un Estado que hoy se enorgullece de aprobar leyes de Memoria Democrática —como la Ley 20/2022, basada en verdad, reparación y no repetición— autorice un uso masivo de un terreno que fue arrebatado mediante expropiaciones durante la dictadura?
Si Son Bonet nació sobre suelos tomados por el poder público en un pasado conflictivo, ¿no habría una responsabilidad ética y simbólica adicional para preservarlos como espacios de memoria más que como polígonos energéticos?
Una transición que debe ser inteligente, no extractiva
La transición energética no puede convertirse en una nueva forma de ocupación del suelo.
Debe ser planificada, racional y coherente con las políticas que España ha defendido con convicción en Europa y declara cumplir.
Esto implica:
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Priorizar suelos ya degradados o antropizados: polígonos industriales, cubiertas públicas, carreteras, aparcamientos, entornos logísticos… Ese es el mandato europeo y debería ser el punto de partida nacional.
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Proteger los espacios verdes urbanos que actúan como defensas climáticas.
Eliminar un corredor verde es perder capacidad de adaptación climática. Es perder salud pública. -
Integrar la salud pública, la biodiversidad y el ciclo del agua en las decisiones energéticas.
El clima no es solo CO₂: es suelo, evapotranspiración, temperatura superficial, infiltración, biodiversidad, sombra y bienestar social. -
Cumplir efectivamente los criterios europeos DNSH, no solo citarlos.
DNSH exige demostrar que el proyecto no daña significativamente el suelo, el agua, la biodiversidad o la salud humana.
Si un proyecto destruye suelo fértil, elimina infraestructura verde o aumenta riesgos hidrológicos, no cumple DNSH por definición.
Démonos cuenta de que si la transición energética destruye aquello que protege a las ciudades —sombra, infiltración, biodiversidad, bienestar— estamos avanzando hacia un modelo que es renovable, pero no sostenible.
Son Bonet como espejo nacional
Lo que está en juego en Marratxí no es solo un parque local. Es una pregunta de alcance estatal, que afecta a decenas de municipios que viven procesos similares:
¿Puede España liderar la lucha climática en Europa mientras ignora las reglas europeas que ella misma ha asumido?
Si respondemos que sí, renunciamos a la coherencia, debilitamos nuestra credibilidad ambiental y perderemos una oportunidad histórica.
Si respondemos que no, Son Bonet se convierte en una oportunidad histórica: demostrar que se puede hacer una transición energética justa, ordenada y alineada con la ciencia territorial.
España necesita renovables, pero también coherencia, planificación y una relación adulta con su territorio.
Porque la verdadera transición energética no se mide solo en megavatios. Se mide en suelos vivos que mantienen nuestra resiliencia, en comunidades que no pierden espacios esenciales y en decisiones públicas capaces de sostener el futuro sin sacrificar aquello que nos protege del propio cambio climático.
Cuidar el clima significa cuidar el territorio.
Cualquier transición que olvide esto no es transición: es retroceso.
Olivia Cerdeiriña
Bióloga y consultora en sistemas agroecológicos y regenerativos
Fotografía:INCA, (MALLORCA), 25/08/2019.- Imagen de archivo del aeródromo de Son Bonet. EFE / LLITERES
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