Alianza Verde ha criticado este miércoles a la Junta de Andalucía por seguir adelante con el proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar, al que califican de “atentado ambiental”, y por “coartar la participación” de quienes intentan frenarlo.
En un comunicado, el partido ecologista, recuerda que presentó un recurso contra la resolución con la que la Junta aprobó en mayo la explotación minera, solicitando la suspensión cautelar del proyecto, pero la Consejería de Industria, Energía y Minas ha comunicado la inadmisión del recurso “por falta de legitimación”, al considerar que “la acción popular o legitimación objetiva solo está reconocida a personas jurídicas sin ánimo de lucro, y no a personas físicas ni a partidos políticos”.
Alianza Verde rechaza la decisión de la Junta
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) emitió en 2020 un informe favorable sobre el Proyecto de Explotación Mina Los Frailes, recuerda el comunicado de Alianza Verde. Un año después, y a petición de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la empresa presentó una adenda en la que detallaba que la gestión, adecuación y restauración de los pasivos ambientales forman parte integral de la iniciativa, que incluye la construcción de una conducción para verter aguas tratadas al río Guadalquivir.
“Esa conducción y su vertido no cumplen los requisitos mínimos para garantizar la ausencia de contaminantes metálicos tóxicos que afectarían al sector agropecuario, los arrozales, la ganadería y las pesquerías en el estuario del río y la bahía”, afirmó la coordinadora andaluza de Alianza Verde, Carmen Molina.
“Por ello insistimos en que sí nos asiste una legitimación objetiva y un interés real, dada la magnitud de los riesgos para las comarcas de Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor, Valencina de la Concepción, Olivares, Salteras y Santiponce”.
Riesgos ecológicos y falta de garantías
“El promotor, Minera Los Frailes S.L., no garantiza la inocuidad de los vertidos que evacuarán al estuario”, señaló el coordinador federal, Juantxo López de Uralde, quien añadió que resulta “difícil de entender” que la Junta no admita el interés legítimo que una organización política pueda tener en el procedimiento.
Alianza Verde recuerda que los impactos ambientales y sociales del proyecto suponen una amenaza directa para ecosistemas clave y para actividades sostenibles como la agricultura y la pesca artesanal. Un informe científico, añade el partido, ya documenta episodios de contaminación hacia el río Agrio incluso antes del inicio de la explotación.
“Un atentado ecológico en toda regla”
Para López de Uralde, un proyecto de esta magnitud “amenaza la biodiversidad del estuario y el equilibrio ecológico del Bajo Guadalquivir”.
“La Junta de Andalucía va a perpetrar un atentado ecológico en toda regla y, además, está coartando la participación democrática de quienes estamos tratando de evitarlo”, lamentó.
El vertido de 1998
El vertido de Aznalcóllar de 1998 fue uno de los mayores desastres ecológicos de Europa. La rotura de la balsa de residuos de la antigua mina de Boliden provocó el derrame de más de 6 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas que arrasaron el cauce del río Agrio y contaminaron gravemente el Guadiamar, amenazando al entorno de Doñana. El vertido afectó a miles de hectáreas de cultivos y espacios naturales, obligó a un costoso plan de restauración ambiental y dejó secuelas ecológicas y sociales duraderas en la comarca.EFEverde
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Fotografía: Recurso de archivo EFE del vertido en Abril de 1998. EFE/EMILIO MORENATTI
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